Ya es definitivo: otra vez más, el herbicida más cuestionado de todos los tiempos, el glifosato, se va a seguir utilizando en los campos de cultivo de la Unión Europea (UE). Desde el año 1974 no ha dejado de usarse y mientras los demás plaguicidas han ido prohibiéndose y sustituyéndose por otros, sobre todo por ser nocivos a la salud humana, el glifosato en sus distintas formas comerciales ha ido incrementando su uso, especialmente desde que se aplica en campos con maíz y soja transgénicos.
Las cantidades que se producen son enormes: cada año se fabrican aproximadamente 1 millón de toneladas de glifosato, el 70% en China, y desde que expiró su licencia en el año 2000 ya no es solo Monsanto (ahora Bayer) quien lo produce, sino cualquier empresa con capacidad técnica y comercial. En nuestro país cada año se consume más, llegando a los 13 millones de kilos en 2021. Así que las ganancias son enormes para esas industrias, especialmente para Bayer que comercializa el producto más empleado (Roundup). Está claro: esas empresas tienen un altísimo interés en que el negocio tan rentable siga y siga.
Y aunque cada vez más hay una oposición a su uso por parte de la población europea y de comunidades científicas, que han evidenciado los graves problemas que causa al medio ambiente y a la salud humana, los lobbys (el grupo de presión de la industria de pesticidas CropLife Europe o las empresas agrupadas en el Grupo para la Renovación del Glifosato que propone a la UE los estudios científicos en el que basa sus decisiones), han conseguido que la Comisión Europea apruebe la renovación del glifosato para otros 10 años. Y en nuestro país, AEPLA que agrupa a empresas del sector agroquímico o COPA-COGEGA a nivel europeo, en la que están representadas las grandes organizaciones empresariales agrarias de nuestro país, tienen un papel muy activo contra cualquier normativa que suponga alguna limitación al uso de plaguicidas contando para ello con subvenciones como las que han recibido han recibido del Gobierno este año 2023 de 753.190 euros.
Claro que el brazo ejecutor no son directamente esos grupos de presión sino las estructuras políticas de la Unión Europea que dictan las normas jurídicas que deben cumplir los distintos países y que están condicionadas directamente por quienes responden a esos intereses empresariales. ¿Qué países han decidido con su voto que en la UE siga contaminada por ese tóxico? España con su voto a favor de la renovación, otra vez, y Francia —cuyo gobierno había dado pasos para su prohibición— y Alemania —con un miembro de Los Verdes como ministro de Agricultura y otro de Economía y Clima— que se han abstenido, han inclinado la balanza en contra de quienes se oponían. Renovación que, aunque con algunas limitaciones en su uso y dando la posibilidad a los distintos países de que su uso pueda restringirse, agravará por muchos años los daños que produce.
No ha sido suficiente el más de un millón de firmas para prohibirlo que la plataforma europea Stop Glifosato entregó en 2017 a la Comisión Europea, ni las pruebas de su toxicidad, ni las millonarias indemnizaciones a las que está teniendo que hacer frente Bayer por reclamaciones de personas afectadas por el herbicida. No ha sido suficiente la necesidad de cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo que propone “reducir en un 50 % el uso de los plaguicidas químicos y el riesgo que conllevan, como también el uso de los plaguicidas más peligrosos”. Ni el hecho de que hay alternativas viables para el control de la vegetación no deseada en los cultivos.
Vergüenza de un ministro de Agricultura, Luis Planas, que repite sin rubor los argumentos de la agroindustria mientras en declaraciones afirma apoyar la producción ecológica. Vergüenza que se haya vuelto a prorrogar su licencia por otros diez años cuando en 2017 fue de cinco años. Vergüenza, también, que se siga usando por muchos ayuntamientos en espacios urbanos, como en el de Murcia.
Vergüenza para un país es que las aguas de nuestros ríos estén contaminadas por glifosato, y otros plaguicidas, como demuestra el hecho de que en 2022 el 34,6% de los puntos de muestreo de aguas superficiales, de las que bebemos, contenían concentraciones de glifosato que superaban el límite de la norma ambiental: en la Cuenca Hidrográfica del Segura hay puntos en los que se supera el límite máximo hasta cinco veces.
Pero dignidad la de 150 organizaciones que reclamaron el 3 de noviembre al Ministerio de Agricultura el voto contrario de España a renovar el glifosato en la UE y para que apoye un reglamento ambicioso en materia de uso sostenible de fitosanitarios.
Dignidad, también, la de aquellos científicos que desde universidades, centros sanitarios y de investigación aportan conocimiento suficiente y alertan sobre los excesos en el uso de sustancias tóxicas.
Dignidad y valentía la de aquellas personas que deciden cultivar sin usar fitosanitarios tóxicos resistiéndose a la presión del modelo agrario actual, aunque sea a costa de sus ingresos. Y de quienes dedican tiempo y conocimientos para avisar y denunciar situaciones en las que se incumple las normativas para el uso de esas sustancias, ya sea porque se han visto afectadas personalmente o porque su conciencia les motiva a hacerlo.
Que el negocio pare ya.
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