Con la retahíla que se antoja sin fin de logros municipales y regionales conseguidos y por llegar antes de las próximas elecciones viene bien recordar otras cosas que siguen siendo prueba de que la gestión no es precisamente el punto fuerte de los gobernantes murcianos. Como da la casualidad de que llevamos casi 25 años bajo la égida de los supuestamente populares, no hay otra que hablar de ellos.
Veinticinco años, que se dice pronto. Un periodo similar al transcurrido desde la primera victoria regional de Valcárcel, Cámara en Murcia y Barreiro en Cartagena, el de los “25 años de Paz”, fue el pretexto de la dictadura franquista para iniciar la erección de ese barrio que, hoy por hoy, es como un forúnculo, de esos que se infecta una y otra vez sin remedio ni solución.
Si a los gobernantes elegidos se les supone su interés en gestionar la cosa pública para mejorar la vida de los ciudadanos electores, no parece que sea el caso en lo que toca al quiste del barrio de La Paz en Murcia. Se juntan en esta zona urbana intereses cruzados y competencias compartidas entre ambas administraciones, la local y la regional. Y ambas han sido incapaces de darle una solución, como ya quedó bien reflejado en este mismo medio.
La política seguida, desde el Gobierno y desde el Consistorio, ha sido la de mirar para otro lado en la medida de lo posible y reafirmarse, por la vía de los hechos, en el postulado neoliberal de que solo la iniciativa privada da solución o cambia determinados problemas. Porque el hecho de que ese barrio es, muy a pesar de la mayoría de sus habitantes, un problema de primer orden se sabe y se conoce incluso desde antes de que el cuasi eterno Miguel Ángel Cámara ganara sus primeras elecciones municipales en 1995 y el comparable Ramón Luis Valcárcel accediera inicialmente a la poltrona de San Esteban.
Han pasado no solo muchos años, sino también múltiples consejeros y concejales que, a las órdenes de uno y otro, deberían haber dado una salida o, por lo menos, haber frenado el deterioro continuo e imparable de La Paz, puesto que ambas administraciones comparten la responsabilidad y la propiedad sobre la zona y sus viviendas.
Sin embargo, la tónica ha sido la inacción y esperar la aparición de algún mirlo blanco cuya iniciativa arreglara el creciente desaguisado agravado por la desidia administrativa. Así que, más o menos como ocurrió con los desarrollos de la zona norte englobados judicialmente en el “caso Umbra”, en La Paz apareció otro saltimbanqui, local éste, avalado por mucha palabrería y parafernalia que, al igual que en lo del Real Murcia y Nueva Condomina, tenía la clave de bóveda para arreglar para siempre lo de La Paz.
Con la aquiescencia de la Comunidad Autónoma, el gobierno municipal de Cámara se puso de hoz y coz del lado del susodicho López Rejas, conocedor de la piedra filosofal que serviría de base para edificar un nuevo barrio, donde sus actuales vecinos serían felices y comerían perdices junto a otros muchos conciudadanos que engrosarían el censo zonal atraídos y gratificados por las grandes ventajas habitacionales que el citado mago del neourbanismo realizaría con su excelsa varita mágica.
Si a alguien le cae como anillo al dedo el estrambote del cervantino “Al túmulo del Rey Felipe II en Sevilla” es a este referido saltimbanqui de andamios y despachos: “Y luego, incontinente,/ caló el chapeo, requirió la espada/ miró al soslayo, fuese y no hubo nada”, termina el soneto del autor del Quijote.
Lo malo es que el trapisondista en cuestión ha vuelto después de la espantada que dio hace casi diez años, justo cuando parecía que, bajo la complaciente mirada de Miguel Ángel Cámara y su equipo urbanístico, todo estaba a punto de solucionarse en La Paz.
Ahora, bajo la beatífica mirada del sucesor Ballesta, el mago ha vuelto con otra varita mágica (la original se le debió partir en una caída del andamio) y dispuesto a entregar a los desavisados bicocas similares, si no mejores, que las prometidas entonces.
Azar o necesidad, justo el mismo día que se conoció el enésimo informe –– este de los colegios de Arquitectos y de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación–– alertando del (aún más) grave deterioro del barrio, el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, mano derecha de Ballesta, reafirmó su confianza en aquellos planes de hace una década que terminaron en tocata y fuga.
Y el magnífico promotor de marras, autor de aquel proyecto devenido fiasco, aseguró: «Aportaré los avales la próxima semana al inscribir la Junta de Compensación». Esto era el jueves 13 de diciembre pasado. Es decir, de 2018. Seguimos en la inopia quince día después. Juzgue el (e)lector por sí mismo. Vale.
Con la retahíla que se antoja sin fin de logros municipales y regionales conseguidos y por llegar antes de las próximas elecciones viene bien recordar otras cosas que siguen siendo prueba de que la gestión no es precisamente el punto fuerte de los gobernantes murcianos. Como da la casualidad de que llevamos casi 25 años bajo la égida de los supuestamente populares, no hay otra que hablar de ellos.
Veinticinco años, que se dice pronto. Un periodo similar al transcurrido desde la primera victoria regional de Valcárcel, Cámara en Murcia y Barreiro en Cartagena, el de los “25 años de Paz”, fue el pretexto de la dictadura franquista para iniciar la erección de ese barrio que, hoy por hoy, es como un forúnculo, de esos que se infecta una y otra vez sin remedio ni solución.