Que la Región de Murcia tenga los peores dirigentes educativos del país es ya un clásico en el que se empeñan, una vez tras otra, los sucesivos gobiernos del PP. Todos los años se repiten situaciones esperpénticas y caóticas, decisiones improvisadas e ineficaces, líos monumentales y actuaciones sin sentido que -no es casualidad- hacen que la Región esté a la cola en todos los indicadores educativos y que hagan que nos avergoncemos, un día sí y otro también, de la gestión de algo tan esencial como la educación de nuestros jóvenes.
La lista de los nefastos consejeros y consejeras de Educación que hemos tenido en los últimos años es bastante larga porque, además, apenas duran mucho tiempo en el cargo; ya que han convertido esta consejería en un lugar de paso, de promoción o de pago de favores.
Sería difícil señalar un ranking para proclamar al peor consejero o consejera de educación que hemos sufrido, porque cada uno supera al anterior en surrealismo, intrascendencia, sectarismo, mediocridad o ineficacia.
Por supuesto que nadie podría imaginar que en la actualidad íbamos a tener una consejera de la extrema derecha y declarada antivacunas… pero ahí está, con el apoyo de un López Miras que tan solo se preocupa de mantener un sillón.
El último capítulo de desconcierto, improvisación y desatino lo constituye el asunto de la convocatoria de oposiciones de maestros; una historia de triquiñuelas, engaños y desconocimiento que esta consejera está utilizando para dirigirse a la opinión pública, y que han comprado mayoritariamente los medios de comunicación sin plantearse nada para seguir castigando al colectivo docente interino de larga duración.
La reducción y corrección del abuso de temporalidad, sancionada por la Unión Europea (UE), y la dignificación de las condiciones de trabajo de los docentes interinos es un tema complejo y una reivindicación histórica de colectivos, asociaciones como AIDMUR y de organizaciones políticas progresistas. La Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad pretende dar solución a un problema complejo y tampoco puede generar consensos unánimes -hay que reconocerlo-, pero trata de resolver una exigencia de la propia UE y un problema real que tienen las administraciones, que han abusado de la contratación temporal y de la figura del trabajador/a interino/a.
El reciente anuncio de la Consejería, de que se ven obligados a reducir las plazas a 900 de las 1.240 plazas previstas inicialmente, es una auténtica falacia y no posee un atisbo de verdad. La realidad es que de esas 1.240 ofertadas, 932 estarían afectadas por la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad, y deberían derivarse a los procesos de consolidación que tiene previstos la Ley. En concreto, la mayoría (cerca de 900) cumplen la disposición sexta u octava de la Ley y deberían convocarse a un concurso de méritos, algo que obviamente favorece a los interinos con más experiencia. Lo que tampoco parece descabellado, vistas las sentencias del TJUE y lo que dice el sentido común, si lo que buscamos es corregir el abuso de temporalidad ¿por qué se empeñan en seguir despreciando y acosando a los/as docentes interinos?
Y otra cuestión, entonces ¿cómo le salen a educación esas plazas de las que habla? Pues bien, lo planteado por la consejera antivacunas es un 'chanchullo' en toda regla. Ni más ni menos. Lo que van a hacer es convocar una nueva Oferta de Empleo Público, no sobre las plazas de maestros existentes, sino que juntan las jubilaciones y plazas creadas de maestros y de Secundaria, para así convocar más plazas de maestros, pero si tenemos en cuenta las plazas afectadas por la ley lo que están haciendo es convocar unas oposiciones a unas plazas que actualmente están ocupadas por funcionarios, que podrían jubilarse… o no, pues los docentes pueden acogerse a un periodo bastante amplio de jubilación voluntaria anticipada. O quizás lo que se está buscando es sortear la Ley y rebajar al máximo los procesos de consolidación que establece la ley estatal. ¿Acaso esto no es un despropósito y un auténtico fraude que, además, puede generar un monumental lío jurídico?
A estas alturas, el lector que no esté familiarizado con los procesos selectivos, convocatorias, ofertas de empleo público y la nueva ley de reducción de la temporalidad, ya habrá abandonado la lectura de este artículo; que es justo lo que la consejera antivacunas y de extrema derecha, Mabel Campuzano, pretende. Suele ser la táctica habitual de quien solo se preocupa por cobrar un sueldo público y medrar políticamente: enmarañarlo todo para que sus tropelías pasen desapercibidas con un totum revolutum que las haga pasar desapercibidas. Lo hacen recurrentemente con todo, incluido el Mar Menor.
Y lo hacen con escaso disimulo, además, pues tratan de bordear una ley que, aunque no sea perfecta ni pueda dar solución (ojalá fuera así porque lo merecen) a cada uno de los/as trabajadores/as temporales de la administración, sí que puede proporcionar estabilidad a una buena parte de ellos/as
Otra historia, la de esta ley, algún día deberá ser contada; pues en su momento se aprobó como real decreto, a sabiendas de que debería ser modificado, algo que no se hizo hasta el 29 de diciembre de 2021, si en junio se hubieran aprobado estos cambios, como proponían algunas fuerzas políticas, la historia sería otra. Pero, como digo, esa es otra de esas historias adyacentes que habrá que contar en otra ocasión para conocimiento público.
Volviendo a nuestra Consejería, la de los chanchullos, nos podríamos preguntar cuáles son los motivos para aventurarse en semejante desatino, y si no era más fácil cumplir con la ley, evitando el burdo intento de saltársela, lo que puede acarrear consecuencias judiciales incluyendo la prevaricación, y convocar ahora lo que toque convocar con arreglo a la normativa vigente. Pero, claro, eso sería lo lógico… pero a eso no están especialmente acostumbrado ni en esta Consejería ni en el Gobierno regional, que tiene a la educación en el furgón de cola de sus preocupaciones, salvo para favorecer a los chiringuitos afines, claro, que eso es lo único que les preocupa: desviar fondos públicos a los negocios e intereses de sus amigotes para que todo siga igual, atado y bien atado, mientras la mayoría de la población de la Región sufre una calamitosa gestión y el desmoronamiento de los servicios públicos.
Desgraciadamente, y como es recurrente en esta Consejería desde hace mucho tiempo, a nadie se le ha ocurrido pensar que con lo que están jugando es con las vidas y el futuro de miles de maestros y maestras, que cumplen, que dan lo mejor que tienen día a día, incluso en las peores condiciones, con gobernantes nefastos, recorriendo centros, atendiendo al alumnado, también en lo peor de la pandemia, sin aplausos, sin reconocimiento por parte de una Consejería que actúa sin la menor consideración hacia sus docentes y la comunidad educativa. Y que ahora ven como una consejera antivacunas y de ultraderecha juega con su presente y su futuro, sin importarle nada.
Que la Región de Murcia tenga los peores dirigentes educativos del país es ya un clásico en el que se empeñan, una vez tras otra, los sucesivos gobiernos del PP. Todos los años se repiten situaciones esperpénticas y caóticas, decisiones improvisadas e ineficaces, líos monumentales y actuaciones sin sentido que -no es casualidad- hacen que la Región esté a la cola en todos los indicadores educativos y que hagan que nos avergoncemos, un día sí y otro también, de la gestión de algo tan esencial como la educación de nuestros jóvenes.
La lista de los nefastos consejeros y consejeras de Educación que hemos tenido en los últimos años es bastante larga porque, además, apenas duran mucho tiempo en el cargo; ya que han convertido esta consejería en un lugar de paso, de promoción o de pago de favores.