Hace unos días, personas anónimas realizaron una pintada simbólica en una valla alegal que mantiene cerrado al público los “balnearios” o zonas de baño del pueblo Santiago de la Ribera.
El dicho balneario se encuentra en un limbo legal hoy día, ya que en 2018 caducó la concesión de uso privativo (la cual fue otorgada durante el franquismo en 1964, cuando el territorio se vendía al mejor postor). No obstante, la comunidad de vecinos de la urbanización aledaña reclamó ¡y obtuvo! una extensión de esa concesión. En el caso de existir estructuras de uso como papeleras, duchas, salvavidas, boyas, pasarelas, vallas, etc, su propiedad y (muy importante) su mantenimiento debe ser gestionado y pagado por los poderes públicos, ya sea desde Costas en el Ministerio, ya sea desde las CCAA o los ayuntamientos, según convenios o pactos o etc.
En resumidas cuentas, que sigue existiendo una valla preconstitucional que impide el paso a las pasarelas de baño de Santiago de la Ribera. Las vecinas y vecinos del pueblo vienen denunciando año tras año esta irregularidad y se han agrupado en una Plataforma.
En este contexto, el domingo 11 de diciembre, alguien anónimo realizó una performance simbólica con pintura roja, explicitando la fecha de caducidad del dominio privativo y la necesidad de que sea abatida la valla y todo el mundo pueda bañarse en el sitio. Curiosamente, 3 operarios a primera hora del lunes 12 borraron la inscripción de denuncia, pintando toda la estructura de blanco.
Pero volvamos un minutito a ese tipo de personas que no entiende la 'res pública' (un concepto que está vigente en los códigos legislativos de Europa desde la época de Asterix y Obélix, je jeee, ¡ya podían haberlo entendido o pedirle a su profe de primaria que se lo vuelva a explicar, si no lo entendieron en su día!). Se trata de gente que, en general, no tiene un trabajo productivo per se: vive de negocios o de apuestas en Bolsa o de gestionar bancos, consejos de administración, cargos directivos conseguidos a dedo, etc. Es decir, necesitan comisiones, esos flecos a-regulares (no hay ninguna norma escrita que establezca las cantidades a recibir por x gestión) de la ganancia.
Esto les lleva a mirar el mundo muy particularmente. Podríamos decir que no ven: solo consideran. Por ejemplo, ellos no ven un tejado: calibran una superficie para acotar y alquilarlo por metros. Para ellos, España no es un país, sino un hueco disponible que se debería marcar, dividir en rectángulos y alquilar para cultivar, urbanizar, explotar de alguna manera. Lo mismo para el mar: un elemento para llenar de turistas, bares, apartamentos y aerogeneradores.
Pero el mar no es una frontera, ni la barra de un bar, ni es propiedad de nadie. Las playas de Santiago de la Ribera son de todo el pueblo. Los balnearios fueron públicos y muy populares hasta mediados del siglo XX. Según podemos leer en la web oficial de la Región de Murcia: “ante la llegada masiva de turistas se privatizaron con fines lucrativos, resultando tan solo aprovechados por las clases más pudientes”. Ah, las clases pudientes de la región, los caciques: ya salieron. Caciques de todo signo político, ojo, pues ellos financian y/o votan a todo aquel que apoye sus delirios. Ya va siendo hora de que la legalidad se imponga y nuestro patrimonio histórico vuelva a ser disfrutado por todas y todos nosotros: sus dueños. Las dueñas y los dueños somos nosotros.
Hace unos días, personas anónimas realizaron una pintada simbólica en una valla alegal que mantiene cerrado al público los “balnearios” o zonas de baño del pueblo Santiago de la Ribera.
El dicho balneario se encuentra en un limbo legal hoy día, ya que en 2018 caducó la concesión de uso privativo (la cual fue otorgada durante el franquismo en 1964, cuando el territorio se vendía al mejor postor). No obstante, la comunidad de vecinos de la urbanización aledaña reclamó ¡y obtuvo! una extensión de esa concesión. En el caso de existir estructuras de uso como papeleras, duchas, salvavidas, boyas, pasarelas, vallas, etc, su propiedad y (muy importante) su mantenimiento debe ser gestionado y pagado por los poderes públicos, ya sea desde Costas en el Ministerio, ya sea desde las CCAA o los ayuntamientos, según convenios o pactos o etc.