Gracias al reciente estudio realizado por un organismo poco sospechoso de parcial como el CSIC, hemos corroborado empíricamente una dura realidad, que ya se venía evidenciando a través de múltiples indicadores que nos asaltaban desde los comienzos de la crisis: el desastre del modelo económico implantado en la Región de Murcia.
En el susodicho estudio –titulado Atlas de la crisis-, se llega a la conclusión de que la debacle no ha afectado a todos los territorios del Estado por igual, sino que ha sido en aquellos lugares donde el negocio inmobiliario se situó en el centro del eje económico-social, donde los indicadores de bienestar son hoy día más deficitarios.
Existe así una España perdedora y una España resistente. Y desgraciadamente, aunque muchos ya se lo han podido barruntar de antemano, los murcianos nos encontramos aupados en el primer grupo, con cinco municipios entre los diez más afectados de todo el país. Ahí es nada.
Dice el estudio que el impacto de la actual crisis ha sido máximo “en aquellos territorios cuyo crecimiento reciente supuso una elevada exposición al riesgo, al especializarse en actividades de baja productividad y fuertemente cíclicas como la construcción (…), con elevados niveles de empleo poco cualificado y precario, junto con un modelo de urbanización dispersa muy intensivo en el consumo de suelo y recursos naturales”.
Poco más que añadir. Con ese simple párrafo quedan perfectamente resumidos nuestros “años dorados” de vino y rosas bajo la sonrisa cómplice de gobernantes y el 'lobby' que lo hizo posible –y un buen puñado de murcianos, todo sea dicho-.
Lo peor de todo es que aparte de las perniciosas consecuencias en nuestra sociedad, resultan manifiestos sus pésimos efectos en el sistema democrático y de representación. Y es que pocos son los municipios murcianos que a día de hoy no tienen una investigación abierta en los juzgados relacionada con el tema, además de las varias que afectan a la Administración regional.
Uno de los últimos en unirse a la interminable lista de la vergüenza ha sido Villanueva del Río Segura –con la imputación de su alcalde José Luis López Ayala-. Símbolo de la burbuja ladrillera en el Valle de Ricote, allí se hizo especialmente evidente hasta qué punto un teórico “progreso” podía poner en peligro uno de nuestros paisajes más representativos sin el menor obstáculo ni remordimiento.
Resulta del todo inapelable la estrechísima relación disfrutada entre el negocio de la construcción y la corrupción político-económica. Algo que hace si cabe más sorprendente que hoy día, tras el batacazo monumental que nos dimos, este poderoso 'lobby' siga teniendo los pocos complejos de presionar para diseñar una nueva Ley del Suelo hecha a su medida.
¿Dónde están los servidores de lo público? ¿Dónde el proyecto económico alternativo para modificar nuestros nefastos indicadores? ¿Plantean sacarnos de la crisis a través del mismo esquema que nos ha hecho parte destacada de la España perdedora?
Si lamentable resulta contar con un sector empresarial que parece no haberse reconvertido en absoluto, la postura de la clase política electa no le va a la zaga, ya que lejos de buscar el interés general se plega una vez más a los intereses particulares ignorando las crueles enseñanzas del 'boom inmobiliario' en los planos económico, social, medioambiental y democrático. Elementos que nos han situado en el agujero en el que actualmente nos hallamos por más que Rajoy dijera el otro día que éramos el “puntal clave del Mediterráneo”.
Errando en el diagnóstico se hace imposible acertar con las soluciones.
