¿Vulnera la semipresencialidad el Derecho Fundamental de la Educación?

“La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”, artículo 27.4 de la Constitución.

Los docentes y las docentes de nuestra devastada Región ya lo han dicho: la semipresencialidad no soluciona el problema de las ratios. Las aulas de los colegios públicos de Murcia no tienen capacidad para mantener las ratios que plantea la Consejería; y al mismo tiempo los Ayuntamientos miran hacia otro lado a la hora de poner a disposición espacios alternativos para garantizar que nuestros hijos e hijas estudien adecuadamente, porque “no está entre sus competencias” dicen algunos.

Pero, ¿acaso no es competencia de las instituciones hacer todos los esfuerzos necesarios para reforzar el proceso educativo? No puede haber excusas. Tenemos obligaciones. No vale resignarse.

La decisión de la Consejería de Educación sobre la “semipresencialidad” en los centros de nuestra región aísla todavía más a nuestra Comunidad Autónoma, pues es la única comunidad que ha decidido esta fórmula. Esta situación no ayuda a bajar correctamente las ratios, no toma en consideración la necesidad de abordar decisiones en materia de conciliación, ni tiene en cuenta lo importante que es la socialización en esas edades, la exploración de su potencial y la experimentación.

Si los padres son los responsables de no llevar a sus hijos a la escuela, ¿quién se responsabiliza de que uno o dos días por semana no puedan ir? ¿Qué hacen las madres y los padres a los que las empresas en las que trabajan no les permiten adaptar su jornada?

No abordar con responsabilidad esta vuelta al cole tan diferente tiene graves consecuencias para la salud y el bienestar de las familias. Por el estrés al que se les está sometiendo, por la dificultad para planificar el día a día, y porque todavía está por ver qué plan hay para esos días a los que los niños les ha tocado quedarse en casa.

Pero de aquellos barros, estos lodos. En la Región de Murcia existen (y existían) graves situaciones de desigualdad entre los centros privados y públicos. La pandemia no ha hecho si no ahondar en estas brechas estructurales, evidenciando que hay alumnos de primera y alumnas de segunda.

Es insultante que existan centros concertados y privados en nuestra región con recursos suficientes para promover medidas que no restrinjan el derecho fundamental a la educación básica; mientras otros, debido a años de infrafinanciación e infradotación presupuestaria deban seguir las decisiones de nuestra Consejera con respecto a la “semipresencialidad”

El Partido popular lleva años centrado en un proyecto de educación de calidad para quien pueda pagarla. Los recortes y las privatizaciones en materia de educación durante los últimos años han dejado a la Educación Pública en la UCI, porque la imagen de las escuelas con clases abarrotadas y edificios antiguos donde, incluso hoy, podemos encontrar estructuras de amianto es una realidad.

La decisión de la semipresencialidad en las aulas de nuestra Región, además de ser una decisión de dudoso encaje legal, suspende, a mi modo de ver, el derecho fundamental a la educación de los niños y niñas murcianos un día a la semana, y dos o tres a nuestros adolescentes.

El colapso educativo en nuestra región será inminente si no se ponen todas las instancias sociales e instituciones a trabajar unidas para seguir haciendo de la Educación de nuestros menores un derecho que es esencial.