Unos pocos días después de publicarse el manifiesto conjunto de Iglesias y Garzón hablando de la necesidad de unidad dentro de la izquierda, ya han salido unos cuantos desencantados regodeándose en la idea de la supuesta imposibilidad de esa conjunción. Los más descreídos, antiguos izquierdistas instalados en la comodidad del mainstream centroderechista pero negando airadamente su nueva adscripción y enmascarándola burdamente con una supuesta independencia ideológica.
Cierto es que el pasado hincha los bolsillos de los nuevos negacionistas con argumentos más que sobrados para enarcar la ceja ––derecha, por favor–– ante los intentos de iniciar una convergencia como la enunciada solo teóricamente por los dos dirigentes de Podemos y de Izquierda Unida.
Tampoco es falso que, ahora que la derecha en general, la de toda la vida y las otras, se presentan más divididas que nunca ––obsérvese el panorama regional––, a algunos les parezca perentorio echar tierra escrita y hablada sobre las posibilidades, aún solo teóricas, de que las ideas avanzadas por Garzón e Iglesias cristalicen en algo práctico. Es más cómodo, desde luego. Les reconforta ante la perspectiva de que la división que vemos en la derecha regional se convierta en una pérdida de poder y control de las instituciones, viejos ya de más de veinte años.
No les falta parte de razón ni fundamento. Aunque, como se leía en un manifiesto de hace casi cuatro años firmado por 150 personalidades de la cultura y del activismo social, “la gente no entendería que se antepusieran barreras partidistas a la esperanza de cambio”.
Entonces, escribí en algún medio de cuyo nombre no quiero acordarme que “este mismo reclamo se puede hacer ante el dilema al que se enfrentan los ciudadanos y partidos que pretenden que el Partido Popular deje de gobernar en Murcia tras 20 años y el palpable desastre social en el que nos ha sumido su gestión de lo público y la podredumbre política del bipartidismo imperante gracias a la ley electoral regional”.
Y aquí llegamos al quid actual de la cuestión. Con el cambio de la ley electoral regional en julio de 2015 las condiciones cambian radicalmente de cara a 2019 al suprimirse las cinco circunscripciones y crear una sola; y al sustituir el mínimo del 5% de los votos para tener representación por el 3%. Sólo el PP se opuso a la nueva norma.
Normal: en las elecciones autonómicas de dos meses antes había conseguido 22 escaños en la Asamblea Regional con 236.000 papeletas válidas, mientras que fueron solo 23 los asientos adjudicados con 311.000 votos a PSOE, Podemos y Ciudadanos, aunque que después sirvieran para aprobar la novedad legislativa.
Con ella, el resultado de esos mismos votos hubiera sido bien distinto. Para empezar a hablar, Izquierda Unida habría obtenido algún escaño. Con ella, lo será dentro de un año. Pero eso no es lo importante, sino que, con los múltiples concursantes de la derecha –– PP, C’s, Somos Región e, incluso, Movimiento Ciudadano–– para los comicios de 2019, el panorama podría ser más que interesante si Podemos e Izquierda Unida, Izquierda Unida y Podemos, acordaran una candidatura de confluencia a la Asamblea Regional y… quien sabe si para gobernar con el PSOE.
Después de 23 años que serán de gobierno “popular”, más bien “pepero”, cobra ahora y en la Región de Murcia aún más sentido aquello de “la gente no entendería que se antepusieran barreras partidistas a la esperanza de cambio”, que firmaron más de 150 personalidades en 2015.
Tomen nota, entonces, quienes tengan que tomarla. No sólo pensando en la Asamblea Regional, sino también y sobre todo en los ayuntamientos para evitar, además, esperpentos políticos como el que ofrece el panorama desde el Puente Viejo, paradigmático de cómo la división preelectoral impide conseguir un número determinante y decisivo de ediles. Y, por favor, que lo que está por venir de aquí a un año no dé la razón a los corifeos de la derecha. Sería ridículo, por repetitivo, e imperdonable… una vez más.
