Amplían a 18 meses el plazo de instrucción de la denuncia de la Fiscalía a Valcárcel por el 'caso Desaladora'

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha declarado el carácter complejo de la instrucción de la investigación sobre el expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones en el caso de 'la Desaladora de Escombreras'.

De este modo, la investigación a Valcárcel en relación a este caso, conocido como 'La Sal', se amplía a un plazo de 18 meses.

En su escrito, la juez señaló que “no podrá concluirse la instrucción en el plazo ordinario de seis meses desde la fecha del auto de incoación por implicar el examen de abundante documentación, la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas y públicas y tener por objeto numerosos hechos punibles”.

En una providencia anterior la magistrada rechazó la petición de la acusación popular de la declaración del denunciado por delitos contra el medio ambiente y asociación ilícita -distintos a los denunciados por el Ministerio Fiscal-, indicando que esta tiene “naturaleza adhesiva a la denuncia del Ministerio Fiscal y por los delitos allí designados”.

Nuevas diligencias

Las investigaciones se encuentran dentro del polémico caso 'La Sal' que fue archivado en junio del presente año basándose la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Partido Popular que reduce a seis meses el plazo para la investigación judicial. Pese a que se le diera carpetazo a la causa, la Fiscalía Superior sostuvo que nada impide que se pueda perseguir en unas nuevas diligencias a personas que hayan sido objeto de una investigación formal en esa causa, según informa el citado medio.

Ramón Luis Valcárcel, miembro del Partido Popular, dimitió como presidente de la Región de Murcia en abril de 2014 para presentarse a las elecciones europeas con el Partido Popular. Durante su periodo como eurodiputado su condición de fuero especial solo permitía que el político fuera encausado por el Tribunal Supremo. Al perder su escaño en el europarlamento en julio de 2019, cualquier Juzgado puede citarlo a declarar en calidad de investigado.

De esta forma, desde la Fiscalía le solicitarán explicaciones a Valcárcel sobre por qué impulsó la creación en 2005 del Ente Público del Agua (EPA), que más tarde adquirió la desaladora de Escombreras, acción por la que la Administración regional aceptó abonar 600 millones de euros por la producción de agua en el plazo de 25 años, con una cláusula llamada denominada 'take or pay' que garantizaba los pagos aunque no se produjera agua.