La expropiación del Hotel Peninsular se ajustó a la legalidad
El Grupo municipal Movimiento Ciudadano (MC) de Cartagena ha recibido la comunicación del dictamen emitido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con respecto a la expropiación del Hotel Peninsular por parte del Consistorio. El escrito solicitado por el Partido Popular, que ejerce la acusación particular, concluye que “analizada la documentación para la elaboración del presente informe, no se aprecia que ésta incumpla ninguna de las normas que regulan la adquisición de bienes por los Municipios mediante el procedimiento de expropiación forzosa”.
“Como sabíamos todos, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha confirmado que no hay ninguna ilegalidad en los trámites, confirmando la absoluta legalidad del procedimiento de expropiación”, ha comentado José López, exalcalde y portavoz de MC.
El edil ha indicado que el dictamen “no valora si la aprobación del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (PEOPCH) que hizo el PP y obligaba al Ayuntamiento a expropiar es legal o no, dejando abierta esa duda que todos tenemos”.
El secretario general de MC Cartagena ha manifestado que “queda menos para que cada uno pase por lo que es. Seguimos soportando esta persecución política, pero es el coste de haber traído la limpieza a la vida pública. Por eso están inquietos los falsos denunciantes del PP, y sus subalternos de PSOE y C’s”.
El PP de Cartagena denunció a finales de 2016 la compra del Hotel Peninsular, por 500.000 euros. Esta adquisición se consiguió por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con los votos de Movimiento Ciudadano y Partido Socialista. José López fue imputado por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y negociación prohibida, debido a rapidez en los trámites ya la relación de uno de los dueños del edificio con MC.
La defensa del ex alcalde de Cartagena ha solicitado al juez de instrucción del caso Hotel Peninsular el archivo de la causa tras recibir el dictamen de Intervención, que certifica que la expropiación de este inmueble se ajustó a la legalidad.
