Con la aparición de peces muertos desde el pasado viernes de forma continuada en la orilla del Mar Menor, especialmente en la playa de Los Alemanes y Cavanna y las calas del Pino y del Sujeto, regresa el baile de responsabilidades políticas ante una posible nueva anoxia –ausencia de oxígeno en el agua– en la laguna, tal y como ha señalado el Instituto Español Oceanográfico (IEO). La Comunidad Autónoma culpa al Gobierno estatal por “permitir la entrada de nutrientes y agua dulce en el Mar Menor” y desde el Estado responsabilizan al Gobierno regional por hacer “oídos sordos al clamor de la ciudadanía, a los emplazamientos del Gobierno de la nación y a las instrucciones de la Fiscalía” Superior de la Región de Murcia, organismo que abrió el pasado miércoles diligencias para investigar eventuales responsabilidades penales.
La plataforma SOS Mar Menor alertó desde el lunes pasado de que se estaba produciendo una nueva anoxia en la laguna, mientras que el Gobierno murciano la descartó inicialmente, señalando que la muerte de peces y crustáceos se debía exclusivamente al aumento de la temperatura. El Mar Menor perdió en 2016 el 85% de su vegetación marina debido a los problemas de eutrofización de la laguna (contaminación de las aguas como consecuencia de un exceso de nutrientes en ellas), a causa de los vertidos de nitratos y fosfatos provenientes de la agricultura y ganadería. Rocío García, promotora de la plataforma ecologista, afirma que desde entonces no se han tomado medidas eficaces para evitar que este “ecocidio” se produzca de nuevo, ocasionando una nueva crisis ecológica en 2019 y, según subraya la promotora de SOS Mar Menor, la que se está produciendo estos días.
Desde 2019, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha señalado más de 1.740 hectáreas de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, cuya clausura le corresponde a la Comunidad, motivo por el que el delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, considera “ridícula” la denuncia puesta por parte del Gobierno regional a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. “Es una actitud irresponsable y casi infantil para no hacer nada y continuar huyendo de sus responsabilidades”, ha alegado Vélez. “Resulta paradójico que el Gobierno regional recurra ahora a la Fiscalía, un órgano cuyos mandatos y recomendaciones ignora reiteradamente y que ya instó al propio Ejecutivo autonómico a que actuara contra los responsables de los vertidos que llevan décadas provocando el progresivo deterioro del Mar Menor”.
Rosa Manrubia, abogada especialista en derecho Civil y Penal en Cartagena, ha asegurado que “el Gobierno regional podía haber cortado el regadío ilegal de las empresas y no lo ha hecho”. “Ahora presenta esta denuncia que no tiene recorrido, solo lo hace como vía de escape ante la opinión pública para evitar asumir responsabilidades sobre lo ocurrido”, ha criticado. La portavoz regional de Podemos, María Marín, por su parte, ha alegado que “produce vergüenza ajena ver cómo PP y PSOE se tiran los peces muertos a la cabeza, mientras bloquean iniciativas para proteger la laguna de una vez por todas”, refiriéndose a su propuesta para crear el Parque Regional del Mar Menor y otorgar derechos a la laguna. “Podría ser realidad mañana mismo si la Asamblea Regional da su visto bueno”.
Pozos ilegales y vertidos a las ramblas
Manrubia considera “lamentable” cómo “se están disputando desde la Comunidad competencias que están establecidas por ley”, aunque afirma que el Gobierno Estatal tampoco ha jugado limpio. “Ha sido también un poco tramposo. Es cierto que por la Ley de Costas la limpieza de fangos y retirada de secos corresponde a los ayuntamientos, pero el Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió en el Plan para la protección del borde litoral del Mar Menor a llevar a cabo estas actividades en las zonas de Los Nietos, Estrella de Mar y Los Urrutias”. La letrada asegura que no fue hasta julio de este año cuando el Gobierno estatal “se echó atrás” y retiró los párrafos del informe donde se anunciaban estas medidas. “La Confederación ha fallado en sus responsabilidades de control del regadío ilegal, no ha vigilado el buen uso del agua, se han creado pozos ilegales y se han producido vertidos a las ramblas, pero es importante que seamos conscientes de que la principal responsable de la situación actual del Mar Menor es la agroindustria que lo ha contaminado y el Gobierno regional por permitirlo”.
Según informó el pasado domingo el diario La Verdad, las conclusiones del informe pericial del 'caso Topillo’, que intenta esclarecer las razones de la degradación que ha sufrido el Mar Menor, señalan a una veintena de grandes empresas que operan en el Campo de Cartagena como los responsables del 92,15% de los vertidos de nitratos al Mar Menor, ocasionando un perjuicio valorado en 18 millones de euros. Ante este descubrimiento Manrubia cree que la Comunidad debe tomar medidas de forma inmediata. “Tienen que sancionar a las empresas que están contaminando. Con el 'informe Topillo’ tienen el trabajo hecho, ya saben quién contamina, cuánto y el coste. Solo queda aplicarlo”.
“La Fiscalía tiene ahora que calcular de nuevo si es posible la recuperación, y añadir a este coste el daño al patrimonio de los propietarios de la zona y al turismo”, ha explicado la abogada. “Son muchos los vecinos que viven de la hostelería y que han visto cómo los veraneantes han abandonado esas playas por el decadente estado del Mar Menor, además de la devaluación del precio de las casas de la zona”.
“Política de brazos cruzados”
Desde Podemos, Marín ha criticado cómo “el Gobierno de López Miras antepone los intereses de un puñado de multinacionales de la agroindustria a la preservación del Mar Menor y al futuro de toda esta comarca”, e incluso señaló que “la política de brazos cruzados de este Gobierno regional tiene una explicación y puede que hasta un precio”. Estas declaraciones se refieren a las nuevas diligencias abiertas por la Fiscalía para investigar si el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región, Antonio Luengo, benefició a una firma agrícola de su tío a raíz de la denuncia realizada por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), según informaciones de La Verdad. La asociación asegura que el propio Luengo trabajó como jefe de plantaciones y calidad de esa sociedad. PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Región se han unido para pedir su dimisión.