PP y PSOE han acordado hoy solicitar al Ministerio de Defensa la supresión del visado militar exigido a los extranjeros que no forman parte de la Unión Europea y que pretenden comprar inmuebles cerca de enclaves militares en Cartagena y la zona del Mar Menor. La medida, exigida por la Asociación de Promotores Inmobiliarios y por los notarios, afectaría al litoral murciano protegido, hasta ahora, por una ley de 1975 que considera esta zona estratégica para la defensa nacional.
El acuerdo se ha materializado a través de una moción que sólo ha contado con el voto en contra de Izquierda Unida-Verdes. Según el portavoz de esta formación, José Antonio Pujante, esta iniciativa sólo busca el enriquecimiento de promotores inmobiliarios y de notarios “que por poner una firma ganan más que un obrero en siete meses”. Además, Pujante alertó sobre los “peligros” de la supresión del visado, en la medida en que “daría facilidades a las mafias rusas, chinas o a cosas peores”, para instalarse en la Región.
El diputado de IU-Verdes explicó que la ley “no impide a los extranjeros no comunitarios la compra de propiedades en estas zonas”, sino que establece unas “cautelas y precauciones” que ahora PP y PSOE pretenden suprimir. En ese sentido, calificó como “irresponsabilidad” permitir la compra de viviendas a ciudadanos de China, Rusia, Arabia Saudí, Irak o Afganistán “sin el preceptivo visado”.
Para la concesión del permiso, el interesado tiene que presentar un certificado de antecedentes penales, fotocopia del pasaporte y de la tarjeta de residencia en caso de tenerla, una documentación que ya no sería necesaria si sale adelante la medida propuesta por PP y PSOE.
Pujante dijo que “una cosa es que se exija la agilización de los trámites para obtener el permiso, y otra muy distinta es pedir directamente que se suprima”. Al respecto, señaló que esta petición resulta “de poco sentido común”, cuando PP y PSOE acaban de firmar un pacto contra el terrorismo yihadista. “IU-Verdes no va a facilitar la instalación de presuntos terroristas cerca de instalaciones militares estratégicas de la Región”, insistió Pujante.
En contra de esta posición, la diputada del PP, Francisca Cabrera, abogó por “eliminar las trabas” para que los inversores rusos, asiáticos o del resto de países extracomunitarios “compren su residencia aquí” y no en Alicante, donde no es necesario el certificado porque no se trata de zonas de defensa protegidas. Cabrera explicó que en la Región se han vendido 1.522 viviendas a extranjeros, mientras que los promotores alicantinos han dado salida a más de diez mil.
El diputado del PSOE, Francisco Abellán, fue más allá y exigió al Gobierno de Rajoy “compensaciones” por “las viviendas que no hemos conseguido vender por esas trabas”, si bien esta enmienda de adición no contó con el apoyo del PP.