Una juez cita a declarar al candidato del PP a presidir Murcia por el 'caso Auditorio'
La juez del juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, ha citado para el martes 14 de julio a Pedro Antonio Sánchez por el llamado caso Auditorio, tan sólo unos días después de que sea investido presidente de la Región de Murcia con el apoyo de Ciudadanos, según ha informado la agencia EFE.
Sánchez ha sido llamado a los Juzgados de Lorca porque era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se llevó a cabo el proceso de adjudicación de las obras del auditorio de la localidad, en 2006, dentro de un caso en el que se investigan los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la Administración y falsedad en documento oficial. Al ser diputado regional, el candidato del PP goza de aforamiento y la juez de Lorca no podrá imputarle cargo alguno, pero sí devolver el caso al Tribunal Superior de Justicia de Murcia si es que aprecia indicio de delito.
El caso del auditorio de Puerto Lumbreras fue denunciado por el PSOE de la localidad, porque entendió que se estaba incurriendo en múltiples irregularidades durante el proceso de adjudicación de las obras, que recibieron cerca de seis millones de euros de dinero público, así como en la construcción y posterior recepción del edificio cuando aún no estaba terminado.
La querella de la Fiscalía
En febrero de este año, la Fiscalía de Murcia, con su fiscal Jefe Manuel López Bernal a la cabeza, se querelló ante el TSJMU contra Pedro Antonio Sánchez. López Bernal explicó en el texto de la querella, a la que tuvo acceso eldiario.es Región de Murcia, que la adjudicación de la obra del auditorio de Puerto Lumbreras se había hecho de forma verbal, algo que describió como “una pantomima”, y añadió que para “el entonces alcalde de Puerto Lumbreras la ley significaba poco menos que papel mojado”. Además, el Fiscal Jefe de la Región de Murcia calificó de “gran farsa todo el proceso seguido para tenerlo todo preparado y poder obtener como así fue, una subvención de 6.000.000 de euros del Gobierno regional, dándole apariencia legal”.
Los supuestos delitos de los que la Fiscalía acusó a Pedro Antonio Sánchez fueron los siguientes:
Prevaricación, por “haber contratado verbalmente el proyecto del Teatro Auditorio, la aprobación del expediente y del pliego de clausulas administrativas particulares, la aprobación de la propuesta de adjudicación, la declaración de la urgencia del procedimiento, la declaración de validez de la licitación y la adjudicación de los contratos celebrados con Martín Lejarraga (concurso de Proyectos) y la representación de Ecisa,S.A. (de adjudicación de las obras)”.
Malversación de caudales públicos, por “el pago a la empresa Ecisa S.A. de 338.916,04 euros más de lo estipulado en el contrato suscrito con la empresa constructora”, cantidad según indica el Fiscal, “sospechosamente coincidente, al céntimo, con la rebaja realizada por Ecisa.SA sobre el precio de licitación y la devolución de avales a la citada empresa por importe de 2.254.068,68 euros”.
Fraude contra la Administración, “al concertarse con la empresa Ecisa, S.A.”, según señala el Fiscal en su escrito, “perjudicar al ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para recibir unas obras inacabadas”.
Y falsedad en documento oficial, por la “aprobación del proyecto de ejecución de la obra Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras por parte de los miembros de la Junta de Gobierno Local” de fechas 14-2-08, “redactado por el arquitecto Martín Lejarraga con un presupuesto de ejecución de contrata de 5.998.514,00” y de 25-3-08 por la que se acordó “declarar válida la licitación y adjudicación del contrato de obras”.
El traslado a los Juzgados de Lorca
El TSJMU decidió trasladar el caso a los Juzgados de Lorca en el mes de marzo. En aquel momento la Sala de Admisión del tribunal murciano se justificó afirmando que aunque era competente para el conocimiento de la querella presentada por el Ministerio Fiscal contra el aforado Pedro Antonio Sánchez, consejero de Educación, Cultura y Universidades de la Región de Murcia, no lo era respecto a los hechos imputados en la querella a las personas no aforadas, y por eso estimaba necesario remitir el caso al partido judicial correspodiente a Puerto Lumbreras, que es el de Lorca. La Fiscalía recurrió y calificó entonces la decisión del TSJMU de “estrambótica, arbitraría e injustificada”.
En mayo, el secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, presentó en Madrid junto con Carolina Bescansa y en nombre de su formación, una querella por prevaricación contra los magistrados del TSJMU que habían decidido el traslado de la causa a Lorca: Juan Martínez Moya, Enrique Quiñonero Cervantes y Miguel Pasqual de Riquelme.
Urralburu explicó que “la actuación de estos tres magistrados está presuntamente destinada a evitar la imputación del candidato del Partido Popular, de Pedro Antonio Sánchez, en este momento preciso”, y que para Podemos “esta querella representa una obligación política ya que es responsabilidad de toda la ciudadanía”.
El apoyo de Ciudadanos se mantiene
El número 2 de Ciudadanos en la Región de Murcia, Juan José Molina, ha dicho a EFE, tras conocer la citación de Pedro Antonio Sánchez, que ello no modifica el acuerdo al que han llegado con el Partido Popular para apoyar su investidura la próxima semana. Molina, sin embargo, ha reconocido que a nivel interno del partido tendrán que reunirse en las próximas horas y analizar en qué puede influir este nuevo escenario que se presenta y que él considera “preocupante”.
“De momento no va a cambiar nada”, ha reiterado, por lo que su partido no se ha planteado retirar el apoyo a la investidura de Pedro Antonio Sánchez. Sin embargo, según ha recogido EFE, Molina ha adelantado que este asunto tendrá que ser valorado también por la dirección nacional de Ciudadanos antes de adoptar una decisión definitiva. La investidura del candidato popular está fijada para el lunes y martes de la próxima semana.
