El alcalde de Murcia pide al juez que deje de investigar a “terceras personas ajenas al procedimiento”
En un escrito de fecha 3 de febrero de 2015 firmado por el abogado de Miguel Ángel Cámara, José María Caballero Salinas, y al que ha tenido acceso eldiario.es Región de Murcia, la defensa del alcalde de Murcia ha solicitado “que no se atienda a diversas peticiones realizadas por el abogado de la acusación popular Diego de Ramón”.
De Ramón se dirigió al juez para pedir “acceder, para su conocimiento, a los documentos custodiados en la caja fuerte del juzgado”, que el juez instructor David Castillejos decidió dejar en dicho lugar y cuyo contenido sigue siendo secreto para las partes, a pesar del levantamiento de ese secreto en cuanto a la investigación patrimonial de Cámara y su entorno familiar.
Cabe recordar que sí han trascendido otros extremos llamativos de la investigación patrimonial de Miguel Ángel Cámara, imputado en el Caso Umbra que está instruyendo el juzgado número 8 de Murcia. Por ejemplo, que el alcalde de la capital regional estuviera dos años sin sacar dinero del banco, o que tenga con su mujer y sus hijos más de medio millón de euros en metálico en depósitos, así como que posea varias propiedades inmobiliarias, además de haber trascendido también la existencia de fuertes sumas de dinero en las cuentas de su hermano y sus suegros.
El abogado de Cámara apela a Castillejos, aludiendo a “la indefensión que están sufriendo terceras personas, absolutamente ajenas al procedimiento” y que según dice, “están siendo investigadas sin tener la menor relación con el mismo, ni constar ningún hecho incriminatorio contra ellas”. De ese modo, la defensa del alcalde ha mostrado su total oposición a que sigan siendo investigados.
En lo que se refiere a los “documentos de la caja fuerte”, José María Caballero pide en su escrito que sean destruidos, al considerar que “no tiene sentido alguno su conservación”.
En otro orden de cosas, el abogado señala que Cámara no es un personaje de la “prensa rosa” que tuviera que cambiar constantemente de traje para acudir a actos públicos, poniendo así en cuestión la afirmación del acusador popular, que señalaba la dificultad del alcalde al tener que mantener un alto gasto de vestuario por razones de su cargo, sin haber retirado dinero de ninguna entidad financiera durante tanto tiempo. Así lo explica Diego de Ramón en su escrito de petición de diligencias, que entró en el juzgado el pasado 13 de enero.
