El pasado 3 de julio, el ahora extinto Gobierno de coalición murciano de PP y Vox aprobó la eliminación definitiva del Consejo de la Transparencia autonómico (CTRM) y lo sustituyó por la figura de una única persona que debía entonces ser puesta a dedo por los de Santiago Abascal y refrendada, acto seguido, por su mayoría parlamentaria. Hoy, finalmente, más de dos meses después, y a pesar de la ruptura veraniega entre ambas formaciones, se ha consumado la jugada política. Hay una nueva Comisionada de la Transparencia en la Región.
Populares y ultraderechistas han votado a favor -con 30 votos, por 14 en contra de PSOE y Podemos- de colocar a la abogada Natalia Sánchez, hasta el pasado julio asesora jurídica del exvicepresidente del Ejecutivo murciano y líder regional de Vox José Ángel Antelo, al frente del órgano de fiscalización del poder en la Comunidad. La rendición de cuentas y el derecho de los ciudadanos al libre acceso a información pública estará, por tanto, de ahora en adelante, en manos exclusivas de una persona íntimamente ligada a Vox.
Se trata de la culminación de uno de los puntos impuestos por el partido ultraconservador al PP en su pacto de Gobierno, que paradójicamente sigue cumpliéndose a pesar de haber saltado por los aires, en apariencia, a mitad del mes de julio.
“Estamos satisfechos con este nombramiento. La Región de Murcia va a mejorar significativamente en todos los rankings de transparencia” ha expresado, sonriente, el coportavoz de Vox en la Cámara autonómica, Rubén Martínez Alpañez, sabiendo, desde luego, que la formación que representa estará ahora al frente de las competencias en materia de transparencia y detrás del control de gran parte de los poderes públicos regionales, de los que hasta hace poco formaban parte. “El hecho de que haya sido asesora de la vicepresidencia de Antelo no es más que la confirmación de que con Vox están los mejores”, ha espetado, sin ocultar los lazos que vinculan a la elegida con su partido.
Moneda de cambio para futuras negociaciones
Desde el Partido Popular, sin embargo, no parecen darle mucha importancia a la elección. Da la sensación, escuchando a su portavoz parlamentario, Joaquín Segado, de que la concesión de hoy a sus exsocios ha tenido que ver con una moneda de cambio, con una decisión de tender puentes con los ultraderechistas de cara a futuras negociaciones. Segado ha negado en todo momento que haya habido “un pacto”, y ha hecho referencia a que “la candidata elegida no está en el partido del Gobierno”.
Según su portavoz, los populares han votado hoy a favor de la propuesta de Vox “para evitar el bloqueo”. “Creemos que es importante que el organismo encargado de velar por la transparencia en la Región pueda funcionar”, ha añadido, sin entrar a valorar en el perfil de la candidata ni en su paso anterior por la plantilla del Ejecutivo.
En el punto de mira de los populares hay ahora fijadas, no obstante, y para entender completamente su decisión, nuevas negociaciones de mayor calado en las que necesitarán, sí o sí, los votos favorables de los de Antelo: en primer lugar, el proyecto de ley de presupuestos regionales de cara al año 2025. El PP cuenta con 21 diputados, y la mayoría absoluta necesaria para sacarlos adelante está fijada en 23. También flota en el aire la reforma de la Ley del Mar Menor que la formación ultra pretende establecer siguiendo a rajatabla las reivindicaciones del lobby agrario.
La nueva comisionada, Natalia Sánchez, que no dispone de experiencia alguna en su currículum en materia de buen gobierno -ha ejercido como técnico de educación y como asesora jurídica y fiscal en empresas privadas y administraciones públicas-, comenzará ahora a disfrutar de un preceptivo sueldo por su cargo, y tendrá a su servicio a una Comisión de Transparencia, también remunerada y compuesta por cuatro funcionarios de la Administración regional. La regidora de la transparencia podrá contratar, asimismo, a más personal de su confianza si así lo requiere.
“Un chiringuito a la medida de la ultraderecha”
Los dos partidos de la oposición se han mostrado muy críticos tras el nuevo entendimiento propiciado por PP y Vox. Ambos han sembrado la duda acerca de “la independencia” de la persona elegida para el cargo, y han arremetido contra lo que han denominado “un chiringuito a la medida de la ultraderecha”.
“PP y Vox han roto, pero siguen acostándose juntos. Siguen degradando la Región de Murcia, nombrando a una persona que no tiene más mérito que haber sido asesora de Antelo en la vicepresidencia”, ha recordado el diputado de Podemos en el Parlamento murciano, Víctor Egío. “Este acuerdo anticipa otra legislatura en la que (ambos partidos) van a seguir siendo uña y carne”, ha aseverado, en relación a esas negociaciones en el aire de cara a los presupuestos autonómicos.
Por su parte, desde la tribuna socialista, el diputado Juan Andrés Torres ha tachado que el reciente nombramiento únicamente responde “a los intereses de la ultraderecha y no de la ciudadanía”. “La salida de Vox del Gobierno fue solo un pariré”, ha arremetido.
Intentos de desmantelamiento previos
El antiguo CTRM enterrado por PP y Vox estaba conformado por 18 miembros de la sociedad civil que no recibían remuneración por su trabajo y que aprobaron, desde que el organismo fue constituido en 2014 bajo el mandato del popular Alberto Garre -ahora en las filas de Vox-, más de 800 resoluciones y requerimientos a los gobiernos regionales de turno.
Sin embargo, su actividad, desde el año 2022, había sido prácticamente inexistente. Fuentes cercanas al Consejo de la Transparencia constataron a este periódico que, durante toda su trayectoria, las presiones impuestas por los ejecutivos populares “habían intentado desmantelar la institución con todas las artimañas jurídico-legales”.
El Gobierno de López Miras llegó incluso a clausular hace dos años, vía decreto-ley, la sede electrónica del CTRM. Aquella situación suscitó la dimisión del entonces presidente, Julián Pérez-Templado, que se sumó a la previa de José Molina, y la elección anómala de la última presidenta que tuvo el Consejo, Juana Pérez. El ascenso de ésta a la presidencia derivó en una denuncia contra el líder de los populares por presunta prevaricación.
La maniobra parlamentaria de PP y Vox en Murcia para eliminar el CTRM ha resultado ser, para los analistas jurídicos consultados por elDiario.es de la Región, un retroceso sustancial en materia democrática. “A mediados de la década del 2000 se produjeron en España avances en transparencia y lucha anticorrupción con la creación de este tipo de órganos. Pero estamos observando que ahora hay gobiernos que pretenden desmantelarlos”, comentó en este sentido el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia Germán Teruel. El Gobierno murciano, y a petición de Vox, ha terminado hoy por consumar dicho desmantelamiento.