La diputada regional Lola Jara ha afirmado que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en la que expone la necesidad de aprobar una Ley de Memoria Democrática en la Región de Murcia. “Es un deber político y un importante signo de calidad democrática, recuperar y facilitar el conocimiento de una parte de nuestra historia reciente que durante años ha sido ocultada, como fue la II República, la Guerra Civil y la Dictadura Franquista”.
Jara ha señalado que “el principal objetivo de esta Ley es el conocimiento y defensa de los valores democráticos de la historia contemporánea de España, amparándose en cuatro principios del Derecho Humanitario Internacional, como son la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición”.
“La norma que planteamos debería establecer medidas para el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual durante dicho periodo. Todo ello, atendiendo a criterios de transparencia, proporcionalidad y seguridad jurídica”, ha explicado.
Asimismo, la diputada regional ha indicado que actualmente 11 comunidades autónomas disponen de leyes de Memoria Democrática de ámbito territorial, cuyo contenido está en consonancia con la norma estatal. “Sin embargo, el Gobierno de López Miras no solo carece de una Ley regional de Memoria Democrática, sino que además incumple la ley estatal al no haber iniciado ningún proceso para formalizar las actuaciones contempladas en la misma, ni destinada financiación alguna para el desarrollo de expresiones democráticas reconocidas en la normativa”.
“Entre otras, el Gobierno regional ha obviado el desarrollo de actos conmemorativos de dignificación y homenaje a las víctimas, no ha llevado a cabo el proceso de exhumaciones de fosas comunes de civiles asesinados y la identificación científica de los mismos, como tampoco ha adoptado medidas para retirar cualquier forma de exaltación de la Dictadura en el espacio público”, ha destacado.
“De hecho, existen numerosos monumentos, más de 130 calles y numerosos títulos, inscripciones o nombres de centros educativos con nombres de destacados políticos franquistas, siendo esto completamente ilegal de acuerdo con la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Esto podría dar lugar a sanciones”, ha añadido.
Además, Jara ha resaltado que la Comunidad Autónoma carece de presupuesto para el desarrollo territorial de la Memoria Democrática e incluso ha rechazado en ejercicios anteriores las aportaciones asignadas por el Estado con este fin. “Todo esto a pesar de que las investigaciones realizadas demuestran que la Región de Murcia cuenta al menos con 513 fosas localizadas, que podrían contener restos de más de 1.800 víctimas. Además, existen múltiples manifestaciones públicas de exaltación al régimen franquista y una gran parte de la documentación histórica se encuentra dispersa, cuando no desaparecida, o ha sido trasladada a otras comunidades autónomas sin la preceptiva autorización”.
Para finalizar, la parlamentaria ha denunciado que el Gobierno de la Región de Murcia no haya presentado un Plan de Actuaciones e incluso se haya negado a cumplir los deberes que la Ley estatal atribuye a todas las comunidades autónomas, como es el intercambio de información y la actuación conjunta en cuanto a la elaboración y actualización de los mapas de fosas y registro de las víctimas. “Tampoco ha atendido a otras obligaciones legales, como el desarrollo didáctico y pedagógico de la Memoria Democrática, y no ha desarrollado ninguna acción encaminada a garantizar el conocimiento y la difusión de la historia reciente de España, incluyendo su proceso de democratización iniciado en el periodo de la Transición, que culminó con la Constitución de 1978”.
“La Región de Murcia debe avanzar en el cumplimiento y desarrollo de la Ley de Memoria Democrática para contribuir al reencuentro con nuestro pasado sin fines de venganza, ni de represalia, sino de verdad y con el objetivo de participar en la construcción de una España mejor, más digna y humanitaria”, ha concluido.