El 8M, el fantasma del AVE soterrado y un castigo ejemplarizante: la pesadilla de una joven acusada de agredir a un policía

La manifestación del 8M de 2018 comenzó sin incidentes. Era una ocasión especial, no solo se protestó por los derechos de las mujeres, también por los de los vecinos y vecinas del barrio murciano de Santiago el Mayor. Llevaban 30 años exigiendo que el AVE llegase a Murcia soterrado, la Administración había hecho oídos sordos y había comenzado a instalar un muro que amenazaba con dividir la ciudad en dos, en algunas partes a menos de un metro de la entrada de numerosas viviendas. La concentración concluyó sin detenciones, sin embargo, semanas después llamaron a Sandra, miembro de la Asamblea feminista, para que se personase en comisaría. Según le explicaron en esa llamada, había agredido a un agente.

“No hay ninguna prueba de eso porque no ocurrió”, subraya la activista –no quiere desvelar su apellido para que no se le identifique–, que se enfrenta a un año de cárcel, 240 euros de multa y al pago de una indemnización al agente de 120 euros. Al final de la movilización del Día Internacional de la Mujer, el plan de la Asamblea feminista era leer un manifiesto en defensa del soterramiento en el epicentro de las protestas de “el tren por abajo, yo por arriba”: el paso a nivel de Santiago el Mayor. No fue posible.

Cuando la manifestación llegó a la zona, la policía formó un cuello de botella y ordenó a las manifestantes pasar de una en una: “Primero pasaron las personas que tenían la pancarta y unas pocas más, hasta que la policía cargó contra nosotras”, recuerda Sandra. Hasta el encontronazo policial describe la manifestación como “multitudinaria, muy bonita”. No permitieron que pasasen más manifestantes al otro lado del itinerario, que había sido autorizado previamente. Varias mujeres fueron heridas, una de ellas con el brazo torcido. Sandra también recibió numerosos golpes: “Me dieron con la porra, en la pierna derecha, el pie derecho y la mano derecha”, recuerda angustiada.

Actualmente está teniendo lugar la campaña 'Todas con Sandra' exigiendo la absolución de la activista y reivindicando el movimiento feminista y pro soterramiento: “Seguimos sufriendo las consecuencias de la sinrazón política que ordenó aquella represión contra las vecinas”, denuncian desde la plataforma.

El 21 de marzo llamaron a Sandra para que se personase en comisaría. El 22 acudió en compañía de Ana Martínez, abogada y miembro de la Asamblea feminista. Tras presentarse en las dependencias policiales, la detuvieron: “Me tomaron las huellas, me hicieron una foto y quisieron tomarme declaración”, enumera. Por consejo de la que en ese momento era su abogada, se negó a declarar y la dejaron en libertad a la espera de una citación.

Hasta enero de 2019 no empezaron las declaraciones en el juzgado donde testifica Sandra. El turno de la policía no llegó hasta diciembre de ese mismo año, con un testimonio, según Sandra lleno de contradicciones: “No saben decir si estaba o no, qué ropa llevaba. El policía al que dicen que agredí ni siquiera me reconoce”, enfatiza indignada. Durante la manifestación, ningún agente se dirigió a ella ni fue identificada.

El jefe del operativo en Murcia sí la reconoce en el lugar de los hechos, pero asegura que es porque la conoce de hace tiempo, lo que hace pensar a Sandra que su detención y procesamiento se trata de “un castigo ejemplarizante” al movimiento feminista y a la plataforma soterramiento. La activista colabora con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Convivir Sin Racismo y numerosos colectivos feministas. “Un policía presenta unas lesiones, no lo ponemos en duda, y necesitan un culpable para eso. Pero la propia lógica nos hace pensar que no es verosímil, Sandra es una persona que pesará 50 kilos”, ilustra Martínez.

Cinco años de espera

Para Martínez, es “injustificable” que el caso se haya dilatado cinco años: “Es cierto que en medio ha estado la pandemia, que los juzgados están colapsados, pero aun así es incomprensible que haya pasado tanto tiempo”, denuncia la abogada.

El escrito de acusación no llegó hasta mediados de 2020 y a mediados de 2022 tuvo lugar una primera vista para una posible conformidad de las partes. En ella, Sandra asegura que la Fiscalía no quiso llegar a un acuerdo. Asegura que buscaba el archivo del caso en aquella sesión, en un caso “sin pruebas ni testigos”, pero que el fiscal optó por seguir adelante: “Es uno de tantos que subsisten en España gracias a la Ley Mordaza”.

Algo similar ocurrió con los Jóvenes de las Vías, en el que les pidieron 8 años de cárcel y una multa de 133.000 euros por desorden público y daños. Tuvieron que esperar cuatro años para tener un juicio desde que, el 3 de octubre de 2017, fueron los únicos detenidos entre los miles de manifestantes que protestaron contra la llegada del AVE en superficie a Murcia.

Las vías, soterradas

En mayo de 2019, el Consejo de Administración de Adif adjudicó los tramos finales del soterramiento de las vías para la llegada del AVE a la ciudad de Murcia. Así, se cerraron más de 30 años de lucha por conseguir que la Alta Velocidad pase por Murcia bajo tierra. Llegó tres años después, en 2022, aunque sin contentar a parte de la sociedad murciana, que critica que este recorrido será más largo y más caro que si se hubiera mantenido la línea histórica que conectaba desde Cartagena hasta Madrid vía Chinchilla.

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