La furia reivindicativa de los agricultores ha regresado este miércoles a la Región de Murcia, y lo ha hecho con más efectivos que nunca. Cerca de 2.000 tractores y camiones que trabajan la tierra en cinco comarcas de la comunidad, según fuentes de la organización, han colapsado, con pancartas que hacen referencia a la decadencia progresiva del sector primario y con constantes bocinazos, las principales autovías y carreteras de la Región y se han internado durante horas en el centro de la ciudad de Murcia.
Una gran parte de ellos, aproximadamente 200 tractores y 30 camiones, ha puesto rumbo a la capital murciana desde el campo de Cartagena y el Mar Menor. Han comenzado a entrar a la ciudad sobre las doce del mediodía, a través de Ronda Sur, para desfilar después por las avenidas más céntricas hasta recalar, primero, en la misma puerta de la consejería de Agricultura, ubicada en la plaza Juan XXIII, y, después, en la sede de Delegación del Gobierno, junto al puente de Hierro. Previamente, los tractoristas habían intentado internarse en la Gran Vía, lo cual habría provocado un caos total en el tráfico, pero la Policía Nacional lo ha imposibilitado. La cola de tractores, ya detenida en su destino final, era tan extensa que abarcaba más de un kilómetro: el primer tractor estaba detenido enfrente del hospital Reina Sofía y, el último, delante del propio edificio de la Delegación.
Allí se han unido a una manifestación simultánea de centenares agricultores y ganaderos que transcurría a pie desde las 11 de la mañana, quienes, entre la megafonía y las exigencias y consignas, han repartido frutas y hortalizas a los viandantes y las han derramado sobre el asfalto para evidenciar la calidad de los productos y para subrayar, así, lo poco valorados que están ante la agónica situación.
Las protestas, que han sido en esta ocasión convocadas por las coordinadoras agrarias regionales COAG, Asaja y UPA, han transcurrido en consonancia y comunicación continua con las autoridades, al contrario de las tractoradas multitudinarias alentadas por la plataforma 6F que se desarrollaron de forma ilegal en las últimas dos semanas en Murcia y Cartagena. La Policía Nacional ha cortado el tráfico de las principales arterias por las que fluye el tráfico, cada día, en la comunidad murciana: la A-30 entre Murcia y Cartagena, la A-7 desde Lorca a la capital y la Autovía del Noroeste.
Los agricultores murcianos piden una reunión con la ministra Teresa Ribera
A las 13 horas estaba previsto que se celebrara una reunión entre los promotores de la tractorada, José Miguel Marín, de COAG, Alfonso Gálvez, de Asaja y Marcos Alarcón, de UPA, y la delegada de Gobierno, Mariola Guevara, para que los primeros le trasladaran todas y cada una de las demandas del sector primario. Pero ésta no ha comenzado hasta pasadas las tres de la tarde. Ha concluido 45 minutos después, casi a las cuatro. A la salida de la misma, Marín ha recalcado que su papel en esta circunstancia “no es solo” sentarse a trasladar el problema: “Estamos hartos de contar lo que nos pasa. Pero no podemos calificar la reunión como negativa”. “Queremos soluciones ya, no podemos esperar. Hemos pedido a Guevara una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera”, ha resaltado.
Los otros dos representantes han coincidido en sus peticiones: “Ir a Bruselas con fuerza, y que el Gobierno de España sea totalmente firme ante la Unión Europea y sus normativas”. Ambos han mostrado su satisfacción por la abundante participación en la protesta, y han destacado el comportamiento “cívico” de los agricultores y las agricultoras.
Con negocios mercantiles y transportistas cerrados por un día, con las comunidades de regantes cortando el caudal del agua y los tractores y los enormes camiones surcando las calles, todo el campo murciano ha estado presente en la marcha, aunque muchos no han entrado en la capital y han dado media vuelta rozando los aledaños de la ciudad. En concreto, 350 vehículos procedentes de Yecla y Jumilla han llevado a cabo un recorrido por la zona norte de la Región; 200 tractores y camiones de la Vega Alta y Cieza han concentrado su protesta en el municipio ciezano; y otros tantos agricultores del Noroeste, el Altiplano y el Valle del Guadalentín han seguido sus propios circuitos comarcales, a lo largo de la A-7, en ambos sentidos, durante toda la mañana y gran parte de la tarde.
Limones y tomates por los suelos de Murcia: “Sin agricultura ni ganadería, la mesa está vacía”
El relato de las protestas, todas, ha girado en torno a los tres ejes principales que los agricultores llevan meses reclamando y sufriendo: por un lado, la exigencia de una Ley de Cadena Alimentaria que ponga fin a la supremacía de los supermercados y al control que éstos ejercen sobre los precios de compra, actualmente tan bajos que incluso se sitúan por debajo del coste de cultivo de los productos alimentarios. Por otro, la normativa restrictiva que fomenta la competencia desleal en relación a los productos que vienen de fuera de la UE, los cuales no cumplen los estándares europeos en el uso de químicos y fitosanitarios. Los manifestantes reclaman reciprocidad en las leyes, de modo que éstas regulen, con las mismas restricciones, la importación masiva de productos agrícolas procedentes de países extracomunitarios. Por último, la excesiva burocracia de la Política Agraria Común, que atosiga a los agricultores y los llena, periódicamente, de requisitos administrativos e inapelables prohibiciones que cumplir, algunas de ellas recogidas, además, en la Ley de Protección del Mar Menor.
En el centro de la muchedumbre que colmaba las calles y las plazas adyacentes a la Delegación murciana, los impulsores de la manifestación coordinaban los movimientos y se mostraban decididos a luchar sin descanso por sus intereses. Desde la UPA, su secretario de organización, Marcos Alarcón, ha puesto sus expectativas, nada más llegar a la protesta, en “conseguir lo que ya está conseguido”: “Hemos logrado expresar el malestar del sector agrario a través de una respuesta multitudinaria a la convocatoria de movilizaciones”, ha celebrado.
Por parte de COAG, Vicente Carrión, secretario general de la entidad en Cartagena, que ha ido comandando la tractorada de la ciudad portuaria durante toda su travesía, ha expresado que su objetivo es que los representantes de las administraciones “tomen nota”. “No sabemos hacer otra cosa que trabajar en el campo. No podemos dejarlo, ni abandonar las tierras. Tenemos un problema muy serio, y la gente no se ha percatado de cuál es su verdadera gravedad”. “Los organismos públicos, de momento, no han tenido voluntad para llevar a cabo los cambios, y durante muchos años, por su culpa, se nos ha criminalizado en situaciones críticas como la del Mar Menor”, ha certificado el secretario.
Horas antes, la Delegación del Gobierno había amanecido entre una fuerte presencial policial alrededor de todas sus inmediaciones. Poco a poco, con una afluencia progresiva, centenares de agricultores de distintos puntos de la Región se han ido concentrando a la espera de los tractores y los camiones, y han presentado a gritos sus reclamaciones, muchas de ellas expuestas en carteles. “Los agricultores trabajan como esclavos”, “sin agricultura ni ganadería, la mesa está vacía” o “por un campo vivo y rentable” eran algunas de las consignas pintadas de manera rudimentaria sobre cartones, cartulinas y sábanas blancas, entre las cuales también destacaban mensajes 'anti Agenda 2030'. Otros, vindicados en papeles pegados con celo en farolas y postes de la luz, comparaban de forma clara y visual la diferencia de precios de coste de producción y de su venta posterior en los supermercados. Incluso un altavoz, durante horas, ha estado evidenciando la notoria disparidad. Entre los congregados se encontraban, asimismo, decenas de jornaleros magrebíes y subsaharianos, acompañados de un trabajador de la Cruz Roja, que buscaban, según ha explicado, un trabajo en el campo murciano, pues en sus países de origen también se dedicaban a las labores agrícolas.
Alfonso Gálvez, presidente de la tercera entidad planificadora de la protesta, Asaja, ha lamentado en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia que los precios en origen no cubran los costes de producción y que muchas explotaciones estén dejando de ser rentables a lo largo de toda la comunidad autónoma. “Por eso”, ha subrayado, “nos dirigimos hoy a las tres administraciones: Comunidad, Gobierno y Europa”. En cuanto al “giro” de la política agraria de la Unión Europea, el representante ha matizado que ésta está siendo perjudicial debido a “sus acuerdos con terceros países”. “Es competencia desleal, con productos que entran a bajo precio y hunden los nuestros”. Gálvez ha pedido también que se garantice el reparto del agua “sin criterios ideológicos”.
El secretario de Asaja en la Región ha destacado, asimismo, que “por fin” hayan conseguido sentarse con el ministro Luis Planas. No obstante, ha aclarado que no van a abandonar las movilizaciones “hasta que no haya unos acuerdos claros”. Para Gálvez, “el sector ha hablado y ha dicho que hay un ostensible malestar”, por lo que ahora espera que “escuchen” las instituciones y que a través de “la consecución de acuerdos las administraciones”, éstas “den respuesta a los problemas del sector”.
Entre los asistentes a la manifestación a pie había espacio, además, para los pequeños agricultores. Josefina, una agricultora de la pedanía murciana de Alquerías, ha criticado que las leyes se hagan desde los despachos sin tener en cuenta al sector. “Tenemos muchos costes, trabajamos a pérdidas y todo el control que nos exigen a nosotros, se relaja en otros países productores”.
Estos pequeños agricultores, que apenas poseen unas pocas hectáreas y han heredado fincas familiares o trabajan las explotaciones porque es a lo que se han dedicado sus generaciones, en un gesto inicial y simbólico, han distribuido junto con otros compañeros productos a los vecinos que han acudido a la protesta: limones, tomates, coliflores o brócoli han sido los más demandados. Sin embargo, la escena pronto ha tomado un giro surrealista: los manifestantes han decidido arrojar al suelo cientos de limones y tomates, y han creado sobre el asfalto una sensación cromática de esferas rojas y amarillas. Más adelante, cuando los tractores han llegado, algunos puntos del pavimento se han convertido tras el paso de los vehículos en una amalgama de pulpa de limones y tomates y suciedad y jugo desparramado. Los manifestantes lo han hecho, comentaban, para evidenciar la urgencia de las preocupaciones fundamentales que afectan a su sector.
Pese a las peticiones de las asociaciones agrarias, la presencia política no ha faltado a la cita. El diputado de Vox en la Asamblea, Alberto Garre, se ha colado entre la multitud, aunque ha declarado a elDiario.es de la Región de Murcia que ha participado en la protesta a título personal, y no como figura política. Sin embargo, el secretario general de UPA, Marcos Alarcón, ha lamentado la presencia del político en la manifestación y ha agradecido al resto de corporaciones que, al menos hasta el momento, hayan respetado la petición de que las organizaciones políticas se abstengan de participar.
Concentración previa, al amanecer, en el Campo de Cartagena: “No cambiará nada”
Mucho antes de la llegada a la capital, de que las columnas salieran en tromba hacia su núcleo urbano y treparan en marcha lenta por el puerto de la cadena en dirección Ronda Sur, recién dadas las 7:30 de la mañana, todavía de noche, los tractores han ido congregándose en tres puntos del Campo de Cartagena, repartidos entre Fuente Álamo, la localidad de Balsicas y Torre Pacheco.
A medida que han llegado los tractores a la explanada del restaurante Garcerán, una venta de carretera situada a un costado de la autovía que conecta Cartagena con Murcia, se evidenciaba una creciente tensión. Mientras el cielo se iba iluminando, al amanecer, pequeños agricultores y trabajadores de grandes empresas agrícolas, cada uno desde diferentes eslabones de la cadena, conversaban entre ellos con una calmada inquietud que igualaba las reivindicaciones, los mensajes de protesta.
Recién aparcado su tractor, tras cerrar la puerta con llave, Mariano, un agricultor de 31 años que dirige una reducida explotación familiar en Los Urrutias, una población costera construida a orillas del Mar Menor, expresaba la presión que ejerce sobre su negocio la exagerada burocracia administrativa. “Estamos apretados por todo. Hacemos analíticas de tierra a gran profundidad y sobrellevamos un sinfín de controles. Todos los días. Además, en mi zona, se nos ha criminalizado por la situación del Mar Menor. Pero hemos demostrado, al menos en mi finca, decenas de veces, que no estamos contaminando. Exigimos que se rebajen todos los requisitos, porque no podemos más. Cumplir con ellos nos cuesta mucho dinero”, comentaba.
Otra de las máximas reclamaciones a las que ha hecho referencia el pequeño agricultor tiene que ver con el control de los precios de los productos agrícolas que ejercen los supermercados, los cuales, ha mencionado, “suben los importes de venta en las tiendas todo lo que quieren”. “Pero a nosotros, en realidad, nos siguen comprando la fruta y la hortaliza por nada y menos”. “En esta situación”, ha concluido, “ellos son los únicos que están ganando dinero”.
Desde el punto de vista de las grandes empresas agrícolas, sin embargo, su principal reclamación va más dirigida a la competencia desleal que sufren a consecuencia de la importación de cosechas procedentes de países ajenos a Europa que a la burocracia o a la injusticia de los precios. Para Sergio, que trabaja para una empresa de la localidad cartagenera de La Palma y hablaba con un compañero apoyado sobre la rueda de un tractor, “en la Unión Europea hay exigencias medioambientales muy rígidas que no existen en los cultivos extranjeros”. “Los costes de producción aquí, por tanto, son mucho mayores. No estamos en las mismas condiciones para competir. Queremos que a esos países se les exija lo mismo que se nos exige aquí, o que aquí rebajen las condiciones”, ha expresado. El agricultor, no obstante, no se mostraba confiado en que estas manifestaciones vayan a surtir el efecto deseado: “Todo va a seguir igual. Llamaremos la atención, se hablará de esto durante unos días, pero no va a cambiar nada”.
Entre la multitud reunida en la venta de carretera había empleados de colosales comercializadoras que apuntaban, entre el estrépito de los motores de los tractores, a que eran sus empresas las que los habían instado a manifestarse hoy. Era el caso de Daniel, trabajador de La Forja, una compañía de la diputación de Balsapintada. “Queremos que nos dejen vivir, que no vivamos tan agobiados por todo”, ha evidenciado. “Yo no tengo ese problema, porque trabajo en una empresa grande y no sufren del todo las consecuencias. Pero nos solidarizamos también con los pequeños agricultores, que son los que peor lo están pasando. Tienen costes muy elevados por cualquier cosa, semillas, mano de obra, agua, y no es normal que les compren los productos por precios tan bajos y luego los vendan a tres o cuatro euros. No hay derecho”, verbalizaba el trabajador.
Con los agricultores ya subidos de nuevo en sus tractores, a punto de arrancar y enfilar la autovía hacia la capital, un grupo de mujeres colocaba crespones negros en el morro y en las puertas de cristal de los vehículos, que temblaban por el carraspeo de la combustión. Eran empleadas de gigantes agrícolas y ganaderas que ocupan, dentro de su plantilla, diversas tareas administrativas y veterinarias. “Estamos simbolizando la muerte del campo. Salimos hoy a la calle porque esto se va a pique, y nosotras vamos detrás. Tenemos que apoyarlos y debería hacerlo todo el mundo, toda la sociedad, porque no sé qué vamos a comer si no”, ha aseverado Isabel María.
Días de tensas negociaciones, división de opiniones y protestas ilegales
El itinerario y el desarrollo definitivo de las protestas han ocupado, pese a su éxito final, largos días de negociaciones entre los sindicatos agrarios y la Delegación del Gobierno, y sus últimos flecos no fueron resueltos hasta los últimos momentos del martes, a apenas unas pocas horas del inicio de la movilización.
Finalmente, el acuerdo se alcanzó por todas las partes: ante la preocupación de las fuerzas de seguridad de cara al previsible colapso de las autovías, se concretó, pese a la voluntad de los agricultores de acabar más tarde, que la salida de los camiones y tractores de la ciudad de Murcia hacia sus lugares de origen fuese entre las 15 y las 16 horas, de modo que no coincidiesen todos los manifestantes en las autovías de la Región al mismo tiempo y se provocara un descontrol innecesario.
Las semanas que han ocupado las conversaciones de cara a este 21F han estado marcadas, además, por otras protestas desorganizadas e ilegales que acapararon toda la atención. La plataforma 6F, desvinculada de las convocantes de la presente tractorada, y con evidentes vínculos con Vox, colapsó, motivando a los agricultores vía redes sociales, Murcia y la ciudad portuaria el pasado 6 de febrero, y poco más de una semana después, el 14, decenas de tractores bloquearon a los diputados y las diputadas murcianas la salida de la Asamblea Regional e incluso llegaron a zarandear el coche en el que se marchaba el presidente del Ejecutivo, Fernando López Miras. En este sentido, Marcos Alarcón, de la UPA, durante la protesta de hoy, ha condenado “cualquier tipo de violencia o acto de intimidación”: “Por otra parte creo justo señalar que estos actos fueron protagonizados por unos pocos y no se puede meter ahí a todo el mundo”, ha matizado
Las agitadas protestas consiguieron, eso sí, el objetivo que buscaban: reunirse con López Miras para tratar de encontrar soluciones inmediatas, a pesar de que el lunes 19 COAG, Asaja y UPA tenían prevista una reunión con el Gobierno en la Consejería de Agricultura. La división entre los agricultores, unos organizados por sindicatos, otros por mensajes masivos en internet, es palpable.
Tras sendas reuniones, López Miras anunció que muy pronto firmará un Plan Plurianual dotado con 18 millones de euros para toda la legislatura, que estará destinado a cubrir directamente algunas necesidades de los agricultores, como ayudas al seguro, respaldos económicos para cultivos ecológicos o un marco de protección a aquellos que se hayan quedado fuera del segundo período de la Política Agraria Común.