El pasado 14 de noviembre decía López Miras que si hay una Comunidad autónoma que es pionera, que apuesta y que ha avanzado en un modelo de Educación Especial es, precisamente, la Región de Murcia. Decía, no sin razón, que la ley Celaá pone en jaque el modelo de muchos centros de Educación Especial en nuestra Región, ejemplo radical de privatización de los servicios públicos reconvertidos en privados y concertados. La Educación Especial, desde luego, no ha sido una excepción en nuestra tierra, por lo que se ha visto afectada, en gran medida y de forma preocupante, por las políticas favorables a lo privado subvencionado.
En el año 2013 la Comunidad cerró el Centro Ocupacional de Espinardo, de carácter público para, posteriormente (2014), venderlo. El cierre de este centro no contó con el apoyo de las familias de los usuarios, que incluso llevaron al IMAS ante la Fiscalía. El IMAS justificó su cierre alegando la obsolescencia de las instalaciones y reubicó a los más de cien usuarios en distintos centros y residencias de carácter privado-concertado, lo que supuso también una pérdida de cincuenta puestos de trabajo públicos. La única motivación del PP, como viene siendo habitual en nuestra Región, fue económica: “derivada de las políticas de recortes”, con la intención de regalar los servicios públicos a manos privadas y concertadas.
En la Región de Murcia existen ocho centros públicos de Educación Especial y cuatro centros concertados que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales graves y permanentes, con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años: hablamos, en concreto, de 909 alumnos. Por otro lado, en los centros ordinarios se atiende a un total de 11.457 alumnos con necesidades educativas especiales (según figura en el portal de la CARM).
Se le llena la boca a López Miras cuando habla de la libertad de elección de centros, pero desde Docentes Unidos nos preguntamos: ¿Cuál es la libertad de elección cuando, de las dieciséis aulas abiertas de Secundaria en el municipio de Murcia, 14 son en centros concertados y dos en centros públicos? ¿Dónde está la libertad de elección de las familias para elegir un centro público? ¿Cuál es la libertad de elección de una familia con un menor con discapacidad para elegir un único centro específico que está a 60 kilómetros de su casa cuando tiene 40 colegios ordinarios más cerca? Y no sólo eso, nos preguntamos también dónde está la libertad de elección de centro cuando un menor con discapacidad es obligado a ir a un centro ordinario lejos de su domicilio y sin sus compañeros de clase (al cambiar de primaria a secundaria).
A veces, la única razón que se alega es que el Auxiliar Técnico Educativo (ATE) está en el centro más alejado y es ese el centro de referencia para el alumnado con esas necesidades. Así de simple. Así de cruel. ¿Por qué la Consejería de Educación no dota de esos recursos a todos los centros educativos que los precisan?
La Ley Celaá viene a hacer real esa libertad de elección de centros para esas familias; ya que ahora si se estima oportuno que un alumno con los apoyos necesarios pueda matricularse en un centro ordinario, las familias podrán elegir el centro que más cómodo les resulte, con los recursos que realmente precisan. Porque la LOMLOE lo único que viene a decir es que los centros de educación especial actuales pasarán a ser centros de referencia para el resto de centros ordinarios, los cuales, con los apoyos necesarios, podrán permitir que aquellos alumnos con necesidades educativas especiales puedan matricularse en los centros que las familias demanden y que por cuyas condiciones se estimen convenientes.
Por tanto, los actuales centros específicos seguirán cumpliendo su función como centros de recursos para asesorar al resto de centros y para seguir acogiendo a aquel alumnado cuya discapacidad le imposibilite su integración en centros ordinarios y a aquel alumnado cuya familia decida, libremente de verdad, escolarizar a su hijo en un centro específico.
La concertada, un negocio en la Región
¿Pero por qué desde el PP y Vox se les está diciendo a las familias que la nueva Ley Celaá pretende cerrar los específicos en un plazo de diez años? ¿Por qué los únicos que se han levantado contra esta ley son los centros concertados y religiosos? ¿Por qué los centros de educación especial públicos no se han rebelado contra esta 'injusticia'? Como supondrán, detrás de este bulo está el negocio de la concertada en la Región de Murcia, ni más ni menos.
Y es que, mientras que en los centros ordinarios públicos todos los servicios son gratuitos a excepción de la cuota de las AMPAS, un colegio concertado ordinario o de necesidades educativas especiales concertado supone un gasto importante para las familias a causa del pago de 'ciertas cuotas'. Por ello, los usuarios de centros concertados-privados reciben unas becas para sufragar estos servicios como el transporte escolar (hasta 617€), el comedor escolar (hasta 574 €) o la residencia escolar (hasta 1795 €), entre otras muchas.
Bien, si hay beca, ¿por qué las familias tienen que seguir pagando de su bolsillo? ¿Qué pasa, pues, con muchas de estas becas en algunos centros concertados? Una práctica bastante extendida en los centros concertados de educación especial, por poner un ejemplo, es subir el precio del comedor, por lo que las familias tienen que afrontar con sus propios medios económicos esa subida que la beca, vaya por dios, no cubre. Al rellenar la solicitud de estas 'ayudas', algunos centros establecen que es de carácter obligatorio poner como beneficiario el número de cuenta del centro al que las familias llevan al alumno, para, así, ¡qué altruistas!, gestionar directamente ellos mismos la beca.
En algunos casos son los propios familiares los que llevan al usuario al centro (no necesitan, pues, beca de transporte) o les compran las comidas de farmacia (tampoco necesitan, por tanto, beca de comedor). Estas familias son adjudicatarias de la beca en todo caso, pero no reciben el dinero porque directamente va a parar al centro a través del método que hemos explicado más arriba. Por tanto, aunque ellas no estén usando los servicios de transporte o comedor, dejan de percibir los 1.191€ que se queda el centro por un servicio que nos les facilita. En los casos más sangrantes, llegan a pedirles dinero para pagar al personal sanitario con la eterna excusa de que la partida de la Consejería para tal fin supuestamente no cubre todo el gasto.
¿Inclusión?
Otra cosa de la que habla López Miras es la inclusión, ¡qué importante es la inclusión! Pues bien, algunos centros ordinarios concertados con aulas abiertas no ofrecen el servicio de aula matinal al alumnado de educación especial con el agravio comparativo que eso supone. La Consejería de Educación se lava las manos en este asunto alegando que los centros privados-concertados son libres de ofrecer los servicios que ellos estimen oportunos. Así facilita la Consejería de Educación la conciliación a las familias con más dificultades. En fin, se pueden imaginar cuáles son las razones por las que los centros de Educación Especial concertados-privados se han levantado en contra de la Ley Celaá: por temor a perder su clientela (hablamos de clientes, no de alumnos), ya que en el momento en el que las familias puedan llevar a sus chicos y chicas a centros ordinarios, si su discapacidad así se lo permite, lo harán sin pensarlo un segundo.
Os preguntaréis por qué las familias no denuncian estos abusos a Inspección o no lían una buena en la puerta de la Consejería: es fácil, tienen miedo, las familias y los trabajadores tienen miedo. Miedo a que desde el centro los acosen, miedo a que no los atiendan como debieran o los dejen fuera de actividades, por ejemplo. Los trabajadores, por su parte, tienen miedo a sufrir mobbing o a ser despedidos. Y, por otro lado, la administración hace la vista gorda, como ha pasado con la multa (una multilla de nada de más de 300.000 euros) perdonada al colegio concertado Antonio de Nebrija del Cabezo de Torres por cobrar cuotas ilegales.
Desde Docentes Unidos nos asombramos del cinismo del Gobierno del PP de Murcia cuando apoyan la manifestación de la concertada-privada y difunden bulos como el cierre de los Centros Específicos y tienen a los de su competencia, los CEE públicos, desamparados y desprotegidos. La CARM, NO sustituye a su debido tiempo al personal no docente, tan necesario en los Centros Específicos y con residencia. NO dota de la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento de residencias cuando algunas no reúnen las condiciones arquitectónicas o unas mínimas condiciones de habitabilidad. La Consejería de Educación NO se ha molestado en conocer qué especialistas deben formar parte de un Centro Específico. NO estima oportuno la presencia de un médico o psiquiatra asignados a cada centro para poder atender al alumnado matriculado, o de un profesional que trabaje con las familias para que puedan gestionar mejor la educación de sus hijos e hijas.
Antes de la pandemia muchos alumnos de aulas abiertas no podían salir a su aula de referencia en sus tres asignaturas obligatorias por falta de personal, por lo que las familias tenían que pagar a asociaciones que aportasen el personal necesario para acompañar a este alumnado en las aulas de referencia y así poder integrarse con sus compañeros de ordinaria. Por tanto, el Gobierno de López Miras, NO valora ni incentiva a los profesionales que en su día a día se dejan la piel y su salud física y mental para tratar de atender, educar y trabajar aquellos aspectos fundamentales en la Educación Especial.
En definitiva, los gobiernos del PP en la Región de Murcia no han sabido dar respuesta coherente a las necesidades tanto técnicas como humanas de estos centros. Siguen anteponiendo la política de recortes a los servicios sociales a las necesidades fundamentales de este alumnado con más carencias estructurales, familiares y sociales. Por todo ello, desde Docentes Unidos trasladamos nuestro apoyo a los compañeros y compañeras que trabajan con este alumnado y que cada día se las ingenian para alcanzar logros en el aprendizaje de sus chicos y chicas con los pocos recursos con los que cuentan debido al abandono de la Administración Regional. Además, consideramos que la inclusión del alumnado con discapacidad es importante y necesaria, por cuanto la convivencia entre niños y niñas con y sin discapacidad no solo enriquece a todos, sino que además educa en el respeto y la tolerancia. Hay que poner los esfuerzos en crear una escuela pública que sume, NO que segregue y excluya. Pensamos que la escuela inclusiva es el único camino para conseguir una sociedad inclusiva, donde todos y todas tengamos cabida.