La Coordinadora Anti Represión achaca la carga policial, que se produjo mientras el alcalde de Murcia prestaba declaración ante el magistrado Castillejos, instructor del caso Umbra, a la intención del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, de “facilitar un escenario mediático favorable a Miguel Ángel Cámara a su salida de los jugados, cuando ya sólo lo esperaban sus afines ”gritándole '¡guapo!' como si de la Virgen de la Fuensanta se tratara“. Así se describe el fin de aquella jornada por parte de la Coordinadora, que ha relatado en una nota de prensa su visión de aquellos hechos.
“Recientemente ha salido el Auto de la Audiencia Provincial de Murcia referente a la denuncia interpuesta por tres manifestantes contra agentes de la Policía Nacional”, explican. Y relatan que “la denuncia viene motivada por la carga que realizaron dichos agentes el día 15 de junio de 2012 en la puerta del Palacio de Justicia, coincidiendo con la presencia en los juzgados de Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia imputado en el caso Umbra”.
“El tema ya se había tratado en el Juzgado de Primera Instancia, que desestimó las pretensiones de los querellantes al no considerar las actuaciones policiales como delito de trato degradante, y ahora la Audiencia Provincial confirma el fallo del Juzgado de Primera Instancia, que transformó las Diligencias Previas en Juicio de Faltas”, han explicado desde la Coordinadora Anti Represión.
“Ese día estaban concentradas frente a la puerta del Palacio de Justicia dos grupos de personas: unas, mayoritariamente del Partido Popular y defensoras del alcalde, y otras del movimiento 15M, que protestaban contra la corrupción. Según el Auto, los agentes estaban organizando la confluencia de estos dos grupos (partidarios y detractores) para evitar el enfrentamiento,” cuenta la Coordinadora, para matizar después que “en realidad no hubo ningún conato de enfrentamiento entre esos dos grupos de personas, ni siquiera verbal; es más, en el momento de la carga policíal, cada cual andaba en sus conversaciones mientras el alcalde declaraba ante el juez”.
“La actitud de las personas que fueron desalojadas de la acera fue totalmente pacífica”, pero “ante esta situación el Auto considera que la reacción de los agentes fue necesaria y proporcionada”, relatan en su comunicado. “Siguiendo con el Auto, para evitar el inexistente enfrentamiento de ambos grupos la policía rodea y ordena al grupo en el que estaban los querellantes que se desplacen al lado contrario del Palacio de Justicia, pero después de leer detenidamente el Auto, en el mismo no se reflejan cuáles fueron los motivos por los cuales la Delegación de Gobierno ordena a los agentes desplazar del lugar a un grupo de personas y no al otro”, argumentan.
La Coordinadora prosigue su relato de los hechos: “Ante esto, la Justicia, sin poder demostrar que hubo enfrentamiento ni provocación alguna, y dando por válidas las explicaciones del Cuerpo Nacional de Policía, acaba por reconocer el trato degradante sufrido por los manifestantes… pero lo justifica al manifestar que el trato degradante que efectivamente sufrieron aquéllos es inherente a los actos coercitivos mediante fuerza física que las fuerzas de orden público están legitimadas para emplear”.
La Coordinadora Anti Represión califica como “arbitraria” la decisión de la Delegación de Gobierno al “ordenar que se llevara a cabo esa violencia”, aunque cree saber los motivos: “Después de la carga policial y el posterior desalojo, sólo quedaban en la puerta del juzgado las personas afines al alcalde. El delegado del Gobierno, perteneciente al Partido Popular y también imputado en otro caso de corrupción, facilita un escenario mediático favorable al alcalde de Murcia, también del Partido Popular. De esta forma, cuando Miguel Ángel Cámara sale por la puerta del Palacio de Justicia de declarar como imputado en un caso de corrupción, los medios audiovisuales no recogieron ninguna manifestación contra la corrupción, escuchándose sólo gritos de ánimo por parte de sus afines ”¡guapo, guapo!“, como si de la Virgen de la Fuensanta se tratara”.
Como conclusión, desde la Coordinadora Anti Represión se afirma que ese “es el único motivo por el cual se desaloja injustificada y desproporcionadamente a un grupo de personas que ejercían su legítimo derecho de manifestarse contra la corrupción política y económica, esa lacra que tanto daño causa a nuestra Región”.