Denuncian “corrupción” en las oposiciones a auxiliar administrativo en Murcia: “Es un despropósito”

“Llegamos al examen, el pasado 1 de octubre, y nos encontramos con preguntas mal expresadas, mal redactadas, confusas y de un nivel muy superior al que nos presentábamos”. Gabriela (nombre ficticio, pues la persona ha preferido mantenerse en el anonimato) es opositora a auxiliar administrativo de la Región de Murcia, y una de los más de 50 aspirantes que presentaron el lunes 16 de octubre una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Murcia por posibles filtraciones en la prueba.

De las personas que se presentaron al examen, un total de 6.269 (de más de 10.000 inscritas), muchas de ellas profesionales de la administración que buscaban consolidar su puesto, consiguieron aprobar menos de 500. Había 111 plazas en juego. En un primer momento, tras salir de la prueba, que contaba con 75 preguntas que debían responderse en 85 minutos, la gran mayoría de opositores, cuenta Gabriela, comentaron entre ellos, indignados, su elevada dificultad. Las palabras “tomadura de pelo”, “injusticia” o “vergüenza” sobrevolaban las conversaciones. Entre varios examinados comprobaron, con estupefacción, que muchas preguntas ni siquiera pertenecían al temario correspondiente al grupo C2. La sombra de la sospecha se instaló en todos.

Apenas unos días después, cuando las notas se publicaron, la indignación se apoderó de ellos. “Vimos que, de los más de 400 aprobados, casi la totalidad lo hicieron con unas notas muy justas, apenas un cinco, o cinco y unas décimas. Pero había un grupo muy reducido de personas que rozaron el diez”, cuenta Gabriela. “No tardamos ni cinco minutos en darnos cuenta”, prosigue, “de que esas personas que lindaron la perfección trabajan en el despacho de la presidenta del tribunal o en despachos muy cercanos a su entorno. O incluso son familia unos de otros”, dice.

Todos los hechos, las comprobaciones, las posibles correlaciones, se encuentran recogidas en la denuncia. Según fuentes cercanas a los denunciantes, la primera, la segunda y la tercera mejor nota del examen corresponden a personas que trabajan en el despacho contiguo al de la máxima autoridad del tribunal. La cuarta mejor calificación, aseguran, lleva numerosos trienios de vida laboral acumulados exactamente en el mismo despacho de la presidenta, que está ubicado, añaden, en el IMAS (Instituto Murciano de Acción Social). La lista de presuntas coincidencias pone el foco en un mayor número de aspirantes con puntuaciones sobresalientes vinculados profesionalmente a dicha dependencia.

“Están todos demasiado relacionados, es demasiado casual”, explica indignada Gabriela, “por eso pedimos al juez que investigue”. “He sido opositora toda mi vida, y siempre he trabajado para la administración. Quiero conseguir un puesto. No pueden taparse estas irregularidades ni puede quedar nadie impune”, prosigue. “Es muy frustrante. Miles de opositores se han quedado en el camino. Gente que ha dejado su vida aparte, sus hijos, su casa, sus amistades, como yo, que llevo un año sin salir. Y, de pronto, llegas a un examen inaccesible, muy difícil, y descubres la casualidad de que los que mejor lo han hecho, casi perfecto, son las personas que trabajan con la máxima responsable. Es muy descarado, muy visible”. Añade Gabriela que el consejero de Función Pública, responsable directo de los procesos de oposición, no ha querido atender a los denunciantes porque, según ella, “no tiene explicaciones”.

Otra opositora, Rosana (nombre ficticio), en la misma dirección, expresa su hartazgo, su profundo enfado con la situación. “Estoy muy quemada. Son muchos años de esfuerzos, de preparaciones, de estudiar. El nivel del examen era de una formación muy superior a la nuestra: era de técnico, no de auxiliar. Esta Comunidad es un despropósito. No hay por dónde coger toda la corrupción”, afirma. 

Rosana, como Gabriela, es firmante de la denuncia. En el documento que la acredita escriben, además, que lograron verificar que la presidenta del tribunal se codea personalmente, con periodicidad, con los presuntos beneficiados en el examen. Han recogido fotografías en redes sociales donde se les puede ver compartiendo aperitivos, cervezas, cenas. Hace unos días, cuenta Rosana, los acusados comenzaron a borrar las imágenes. Pero están recogidas en la denuncia. “Eso es lo más indignante. Que no hemos tenido que contratar a un detective ni nada. Que todo está a la vista de cualquiera, en internet, en apenas unos minutos de búsqueda”, comenta.

Los opositores afectados, todos, coinciden el agravio al mérito, a la capacidad y a la igualdad que suponen los indicios que manifiestan. “Estamos hablando de dinero, de gente que deja en segundo plano su vida. Y también de la Administración Pública regional, que se supone debería ser accesible para todos”, concluye Rosana. “Se supone”.

Otro proceso de oposición, bajo sospecha

En medio del revuelo, la tarde del 23 de octubre salió a la luz otro posible caso similar. En un post de X (antiguo Twitter), un funcionario de la Comunidad Autónoma denunciaba que, en las oposiciones a Técnico Auxiliar de Seguridad de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, “las hijas de un jefe de unidad (de la consejería), cargo de confianza del presidente del tribunal, consiguieron una de las notas más altas”. En este caso, apenas 16 de los 400 aspirantes superaron la prueba. Había 8 plazas en oferta. En un documento adjunto se puede observar el nombre y la calificación de los aprobados. Fuentes cercanas a la consejería convocante del concurso de oposición confirman a este medio que dos de las cuatro mejores notas del examen pertenecen a las hijas de un alto cargo de la misma, y que éste es, además, subordinado y mano derecha del presidente del tribunal.

Ni a Gabriela ni a Rosana les sorprende en absoluto la reciente sospecha. Fuentes cercanas a las presuntamente ensombrecidas oposiciones de Seguridad afirman que el examen fue “de una dificultad extrema”. “Qué casualidad que las hijas de un alto cargo de la consejería a la que ellas aspiran sean las más listas de unos exámenes que también fueron muy enrevesados. Están todos en el mismo bote”, asevera Gabriela. “No sé qué está pasando en esta Comunidad, que en cualquier convocatoria de oferta de empleo público siempre sale alguien beneficiado que casualmente trabaja en, o es hija de”, manifiesta por su parte Rosana.

Para Función Pública, las preguntas “se ajustan al temario”

Fuentes pertenecientes a Función Pública, el organismo dependiente de la consejería de Economía, Hacienda y Empresa que gestiona las ofertas de empleo público, confirman que las preguntas de los procesos de oposición “se ajustan” en todo momento “al temario”. “Las preguntas las elige el tribunal, que es independiente. Todas deben aparecer en el temario, y se ciñen a unas normas y a un nivel de dificultad”, aseguran.

Para Función Pública, ahora que el proceso de las oposiciones de auxiliar administrativo se ha judicializado, su investigación le corresponde al juez encargado del caso. Con respecto a la sospecha de una nueva y presunta irregularidad en relación a los exámenes de Seguridad, el organismo afirma que, de momento, se trata simplemente comentarios en redes sociales. “Si hay personas que tienen que denunciar algo y tienen pruebas contundentes de filtraciones o tratos de favor”, aseguran, “deben hacerlo”.

Comisiones Obreras solicita a la consejería que “investigue imparcialmente los hechos”

Desde Comisiones Obreras Región de Murcia han puesto a disposición de sus afiliados, entre los cuales figuran algunos de los opositores agraviados, sus servicios jurídicos. Para Francisco Saura, coordinador de Administración Autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato en la Comunidad, el compromiso de estabilización de empleo público por parte de la Administración ha sido “un fracaso”. “En la actualidad”, dice, “hay más interinos de larga duración que hace unos años. El problema que se prometió resolver no se ha solucionado”.

En cuanto a las acusaciones de filtración en el tribunal de auxiliar administrativo, Saura habla de claros “indicios” que podrían constituir “un delito”. Promueve, desde Comisiones, la imparcialidad del sindicato con el procedimiento judicial, pero matiza que “demostrar una relación causa-efecto es muy complicado”. Para el coordinador, desde Función Pública, con quien ha mantenido reuniones al respecto en los últimos días, se lavan las manos alegando que los tribunales son independientes.