Las familias de dos de los 13 fallecidos en los incendios del pasado 1 de octubre en dos discotecas de la zona de ocio Atalayas, en Murcia, han anunciado que van a presentar una querella contra el Ayuntamiento del municipio como responsable civil de un presunto delito de “prevaricación por omisión”.
En concreto, la querella se dirige contra el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, contra su predecesor en el cargo y miembro del anterior Equipo de Gobierno, Andrés Guerrero, y contra “tres funcionarios” del Consistorio.
Así, estas dos familias consideran que los querellados aplicaron una “estrategia” a través de la que “paralizaban” la orden de cese de estas discotecas amparándose en una posibilidad que otorga la normativa y que permite el funcionamiento de los establecimientos “mientras haya abierto un procedimiento o expediente de legalización”.
“Pensamos que el culpable del accidente en un 90% es el Ayuntamiento de Murcia, son ellos los que tenían que haber aplicado con rigor la normativa y haber hecho efectivas las órdenes de cierre”, se queja Jairo Correa, padre de Lady Paola, fallecida en el incendio junto a su pareja Kevin Alejandro. “Si se hubieran ejecutado la orden, no habrían muerto las once víctimas de los incendios; y los funcionarios que estaban a cargo tienen que responder; de hecho, tendrían que haber sido ellos que los que reconocieran su falta pero como no son capaces, tendrá que hacerlo la justicia”, continúa Jairo, quien reconoce que “haremos todo lo posible para que así sea, aunque es la pelea de un gato contra un león”. Su objetivo, es que sirva de “ejemplo” porque están atravesando un duelo “desgarrador y muy triste”.
El abogado de las dos familias, José Manuel Muñoz, ha considerado que “no se ha actuado de forma correcta ante las distintas irregularidades”. Al contrario, a su juicio, “ha habido una trama” y “un sistema de funcionamiento perfectamente organizado en el que participaban”, desde su punto de vista, “Navarro Corchón y determinados funcionarios”.
Ha señalado que todos ellos, “a través de una estrategia, establecían siempre que la actividad estuviera en funcionamiento, amparándose en una posibilidad que otorga la normativa, la ley 4 del 2009, que permite el funcionamiento” del establecimiento “mientras haya abierto un procedimiento de legalización”.
En concreto, la normativa permite el funcionamiento “en determinados casos” y, “aprovechando esas posibilidad, la aplicaban de forma generalizada”, según el letrado.
Así, según Muñoz, cuando se abría un procedimiento de cese, esta “trama” respondía diciendo: “oiga, no puede usted cerrar porque hay un procedimiento de legalización”. Cuando se imponía una sanción, respondían que “no pasaba nada” y presentaban el procedimiento de legalización. Ha criticado que, con esa “estrategia”, iban “paralizando cualquier incidencia que pudiera surgir”. Incluso un procedimiento de legalización “lo paralizaban alegando que iniciaban otro procedimiento de legalización aportando, además, la misma documentación”.
Con esta “estrategia”, el abogado ha señalado que conseguían paralizar un procedimiento de cese para que el que se había dictado un decreto de ejecución de forma expresa.
Además, Muñoz ha considerado que “había suficientes irregularidades sustanciales como para haber dictado la suspensión de la actividad” de estas discotecas, en cuyo incendio fallecieron 13 personas.
Desde la acusación ha confirmado que va a presentar esta querella ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia y achaca al Ayuntamiento, al concejal y a los funcionarios el delito de prevaricación por omisión. De momento, el letrado va a presentar esta querella en nombre de las dos familias a las que representa, aunque no cierra la puerta a que se sumen otros afectados si hay “coordinación”.
“Una forma de operar”
Muñoz ha criticado que se trata de una “trama” porque se trataba de una “forma de operar” que tenía el Ayuntamiento. “Está afectado este caso, pero habrá otros”, según Muñoz que, de hecho, ha recordado que solo una semana después del incendio, el Consistorio ya había suspendido la actividad de otros siete locales, cuyos expedientes “estarían en la misma situación”.
Ha lamentado que “se produjo una división que hubiera determinado adoptar una adaptación” de las discotecas, según este abogado. “Es más, el local incumplía las normativas de planeamiento, por lo que nunca iba a ser legalizable. Y, en cambio, se permitió que funcionara”.
Una investigación rechazada
El Ayuntamiento de Murcia ha recordado que la Justicia “ya rechazó la existencia de responsabilidad penal” del Consistorio por el incendio de Atalayas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.
En este sentido, el Consistorio ha reiterado este martes su “máximo respeto y apoyo” a los familiares de las 13 víctimas mortales del incendio de la zona de ocio de Atalayas, recordando que todos los servicios municipales “han permanecido a su disposición desde el mismo día de la tragedia”.
El Consistorio ha recordado que el abogado José Manuel Muñoz, ya ha intentado anteriormente sin éxito que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia, donde se instruyen las diligencias por el incendio de la discoteca Teatre, abriera una pieza separada contra el Ayuntamiento de Murcia por un supuesto delito de prevaricación administrativa por omisión.
Esta petición fue rechazada por la titular del Juzgado de Instrucción en un auto dictado el pasado 17 de noviembre de 2023, en el que señaló que “no existen las mínimas sospechas que justifiquen la apertura de la pieza separada interesada por presunto delito de prevaricación administrativa” contra representantes públicos o funcionarios del Ayuntamiento, “no habiendo hasta la fecha más que conjeturas de que la no ejecución de la orden de cese de actividad contra la discoteca 'Teatre' contribuyó al resultado mortal”.
“De los datos aportados hasta la fecha, no se atisban las mínimas sospechas razonables de que las acciones de los responsables del Ayuntamiento de Murcia entren indiciariamente en el ámbito penal”, reiteró la resolución.