El Gobierno regional impulsa una red territorial para proteger a menores en riesgo de desamparo

El Gobierno regional impulsará la creación de un programa experimental de trabajo en red para la atención a las familias para proteger a menores en riesgo de desamparo con el fin de facilitar la integración de los niños, niñas y adolescentes en sus grupos naturales de convivencia y, al mismo tiempo, neutralizar o minimizar los factores de desprotección.

Se trata de un proyecto en el que intervendrán de forma conjunta los profesionales de atención a la infancia de las distintas administraciones públicas y de entidades del tercer sector. Una coordinación en red que permitirá abordar la problemática desde una perspectiva integral y dotar a las familias de los mecanismos necesarios para mejorar el cuidado de los menores, señalan en una nota de prensa.

Así lo anunció la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su participación en la Comisión de Infancia y Adolescencia que se ha celebrado este martes en la Asamblea regional y donde adelantó que, antes de su puesta en marcha el próximo año, el proyecto será presentado a los distintos ayuntamientos.

Ruiz detalló que se elaborará una metodología de prevención e intervención para que todos los agentes implicados puedan actuar conforme a las necesidades que requieran los menores y sus familias, desde el área educativa, de la salud y de la atención social.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 237.600 euros procedentes de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para facilitar la creación de grupos de trabajo o la puesta en marcha de acciones formativas para garantizar la eficacia de las actuaciones, cuya evaluación del proceso se realizará cada seis meses.

La titular de Política Social resaltó que los Servicios Comarcales de Atención a las Familias (SCAF) que la Comunidad está implantando en los 45 municipios también participarán en esta red territorial. “Una iniciativa que permitirá realizar una labor preventiva de detección de situaciones de vulnerabilidad en los hogares mediante la contratación directa de 72 profesionales especializados en la materia hasta 2027, y que trabajarán en coordinación con los equipos de atención a la infancia incluidos en los Servicios Sociales de Atención Primaria de cada localidad”.

El presupuesto destinado a los SCAF alcanza los 5 millones de euros procedentes de fondos FSE+ y fondos propios de la Comunidad, y se pretende llegar a 1.630 familias y a unos 2.608 menores en riesgo de desprotección a lo largo de estos próximos tres años.

La consejera de Política Social también destacó las subvenciones que la Comunidad ha destinado a las corporaciones locales para la implantación o refuerzos de los equipos de atención a la infancia de los Servicios Sociales municipales, en el marco de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

En materia de educación, Ruiz puso en valor la ampliación de 7.500 plazas en escuelas infantiles y colegios para menores entre 0 y 3 años, así como el apoyo económico que ofrece la Consejería de Política Social a las familias que matriculan a sus hijos en los Centros y Puntos de Atención a la Infancia de la Región con 1,7 millones de euros y que beneficiará a 1.700 menores.

Combatir la pobreza

En la Comisión de Infancia y Adolescencia celebrada este martes también se evidenciaron los datos arrojados por la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2024 “donde se refleja el esfuerzo realizado por el Gobierno regional para mejorar la protección y calidad de vida de los menores en situación de vulnerabilidad en la Región”, indicó Ruiz, quien informó de que “según el análisis realizado por la Plataforma de Infancia, los hogares murcianos han mejorado significativamente su capacidad para proporcionar una alimentación adecuada a los menores, así como también han incrementado su acceso a la tecnología con la disponibilidad de ordenadores en casa para mejorar sus oportunidades educativas y de desarrollo”.

Ruiz expuso que “el presupuesto destinado a la protección del menor ha aumentado en más del 210 por ciento en los últimos dos años, y en el ámbito familiar, el incremento ha sido del 260 por ciento, tomando de referencia el año 2020 de la pandemia. Este incremento presupuestario ha llevado a que la Región haya bajado en 2,6 porcentuales la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil (AROPE) en 2023, pasando del 41,5 por ciento en 2022 a 38,8 por ciento el pasado año”.

Unas cifras que sitúan a la Región entre las comunidades con mayor reducción de los índices de pobreza, solo por detrás de Canarias, Castilla-La Mancha y Asturias. “Todo ello, teniendo en cuenta que España es el segundo país con mayor índice de pobreza infantil (34,8 por ciento), después de Rumanía, lo que demuestra que las políticas que está desarrollando el Gobierno regional funcionan, al contrario de las ejecutadas por el Gobierno de Sanchez”.

Atención al maltrato infantil

Desde la Comunidad también se han implantado dos programas específicos para evaluar y atender a menores víctimas de maltrato y de abuso sexual. Ambos han sido destacados como ejemplos de buenas prácticas entre las distintas comunidades.

En este sentido, el proyecto ‘Pedimet’ está orientado a la evaluación y reparación de traumas en aquellos menores que han sido víctimas de maltrato y que, en la actualidad, atiende a 77 casos. El ‘Proyecto Luz’, por su parte, está dirigido a niños, niñas y adolescentes sobre los que existan sospechas o indicadores de haber sido víctimas de abuso sexual infantil y donde se le ofrece atención en materia de atención médica, psicológica, social y judicial. En este último caso, 175 expedientes nuevos se mantienen activos desde enero.

Inserción laboral y apoyo a la vida independiente

Con el propósito de crear un entorno inclusivo y equitativo donde todos los jóvenes puedan cumplir sus proyectos de vida y desarrollarse profesionalmente, la consejera de Política Social destacó los programas para el servicio de la vida independiente, ‘Azarbe’, ‘Poimet’ y ‘JEX en Acción’ para la inserción sociolaboral de jóvenes tutelados y extutelados y al que la Comunidad ha destinado más de 9 millones de euros hasta 2026 con fondos propios y fondos europeos FSE+ y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Dichos programas proporcionan formación, apoyo y acompañamiento continuo en la actualidad a más de 440 jóvenes y adolescentes, asegurando una transición inclusiva a la vida adulta.