La Región de Murcia es puntera en gasto farmacéutico en España en psicofármacos: gasta casi el 50% más en antipsicóticos y neurolépticos y un 10% más en ansiolíticos, con un 32% más de consumo en Orfidal; lo que supone un coste de 40 millones al año en psicofármacos. Con este argumento, el diputado socialista José Antonio Peñalver ha propuesto este miércoles en la Asamblea Regional un Plan de Choque para Salud Mental en la Región. “No con todas las medidas que se tendrían que implementar para poner al día nuestro sistema, pero sí con las más importantes”, explica a elDiario.es Región de Murcia. Entre ellas, la creación de 15 plazas de psicólogos -una por centro de salud- que supondría un coste de 1,1 millones de euros. La propuesta, rechazada por el PP y los expulsados de Ciudadanos y Vox, promueve un cambio de modelo que priorice la prevención frente a la medicalización. En ella, Peñalver recuerda que “estamos saliendo de una pandemia que ha aumentado las reacciones de miedo, ansiedad y angustia, y que tal como ha medido el CIS ha generado un aumento de los problemas emocionales, sobre todo entre los más jóvenes y las mujeres”.
La misma propuesta ya se presentó el pasado marzo “cuando se debatían los presupuestos de la Comunidad y cuando se tendría que haber aceptado”. El PP pese a mostrarse de acuerdo con el planteamiento socialista echa balones fuera y “pide que sea el Gobierno central quien lo financie”. Peñalver critica que en la actualidad la Región cuenta con menos especialistas que hace unos años. “En 2020 teníamos 93 psicólogos, frente a los 97 de 2014”. Y pide, por ejemplo, que se amplíen los tratamientos especializados en patologías tan graves como los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que están aumentando de una forma alarmante tras la pandemia,“ y para los que no hay recursos públicos; solo 6 camas de hospitalización para toda la Región”.
Modelo murciano, “muy psiquiatrizado”
Las demandas que contiene su propuesta están trabajadas con profesionales de la Atención Primaria, y salud mental, así como con asociaciones de familiares y usuarios de la sanidad pública. La Atención Primaria, dice, “está desbordada; los médicos de cabecera derivan a salud mental y las listas de espera son muy elevadas, así que se termina prescribiendo ansiolíticos”. El modelo murciano “está muy psiquiatrizado; por poner un ejemplo, la unidad más grande en este campo es la del Hospital Virgen de la Arrixaca, donde no cuentan con un solo psicólogo”.
María Fuster es decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia. Pone el acento en que en la comunidad -al igual que Peñalver- “en la carencia que hay de profesionales de nuestro campo en la sanidad pública; contamos con solo seis psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 18 a 20, y las listas de espera en seguimiento de consultas es de hasta dos y tres meses de espera”. Los recursos públicos, dice, “son muy débiles”. E insiste en la importancia de trabajar en la prevención y promoción del bienestar mental. “Implementar recursos comunitarios en los que se trabaje en la infancia y la adolescencia, en aquellas personas que parten de una situación de vulnerabilidad, para que puedan contar con redes de apoyo cercanas y herramientas para paliar sus carencias”. Un modelo en el que los psicólogos, señala, tienen mucho que decir y que funciona muy bien en entornos como los países nórdicos.
Otra pata fundamental, señala María Fuster, es la educación: “Es un campo fundamental, hacen falta más psicólogos dentro de los centros educativos; pero la administración sigue teniendo dificultades para introducir nuestro perfil en los servicios públicos”. Sin embargo, ese es “el modelo más eficaz, trabajar con equipos multidisciplinares que actúen sobre los primeros trastornos para abandonar la medicalización del sufrimiento con terapias de grupo, escucha al paciente y otro tipo de atenciones que no son la del psicofármaco”.
Ese modelo, según el diputado José Antonio Peñalver, ha tenido mucho éxito en Castilla y León, en especial en la provincia de Zamora, “que es la tiene menos ingresos hospitalarios de España; y también se está trabajando muy bien en la Comunidad Valenciana”. En la Región las listas de espera de salud mental tienen un retraso de 71 días según los últimos datos disponibles, recogidos en un informe del Defensor del Paciente de 2018. “Pero el Servicio Murciano de Salud (SMS) nos oculta los datos globales actuales”.
Menos ingresos, más fármacos
“Estas cifras ponen en evidencia la falta de acceso a los programas de salud mental y la falta de profesionales en este ámbito”, incide Rosa Garrigós, coordinadora de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia.“También evidencia las desigualdades sociales porque las personas con ingresos bajos tienen entre 1,5 y 3 veces más riesgo de sufrir problemas de salud mental, al tiempo que se encuentran más medicalizados puesto que no pueden pagarse una terapia o un psicólogo”, recuerda. La coordinadora también alerta del estigma que todavía recae sobre la salud mental que conduce a que las personas pidan ayuda “cuando el problema está ya muy agravado. Si se trataran más temprano, habría una mejor evolución”, apunta.
Garrigós también alerta del “desbordamiento” de casos recibidos por la Asociación de Familias contra los Trastornos de Conducta Alimentaria de la Región de Murcia (Afectamur) durante la pandemia, llegando a incrementarse hasta un 30%. “El aislamiento ha afectado mucho a los jóvenes y se han visto recaídas entre muchos pacientes que habían mejorado, mientras que también se han agravado mucho los síntomas de otros. También en la Unidad de Trastorno de Conducta Alimentaria del Hospital Reina Sofía han visto un aumento de los ingresos y casos más graves”, afirma.
Según el PSOE, en los últimos presupuestos regionales descendió la partida para salud mental porque “si bien aumentó en 450.000 euros para mejorar el programa de impulso a la Atención en Salud Mental, hubo 750.000 euros menos para el apoyo a subvenciones y contratación para enfermos mentales”. El diputado, que recuerda que las competencias en salud son de la comunidad, pone encima de la mesa que el Gobierno central “por primera vez” ha destinado cien millones de euros a un Plan de Acción para Salud Mental y que los presupuestos para 2022 recogen ya 30 millones, “que se podrían emplear en poner en marcha este cambio de modelo”.
Sobre la utilidad del psicólogo en la Atención Primaria, ejemplifica el socialista, “hay que recordar el caso del terremoto de Lorca, cuando se contó con psicólogos en los centros de salud y bajó mucho el número de derivados a salud mental”. En su propuesta destaca también la promoción de la vida autónoma a las personas con una enfermedad mental en proceso de recuperación, a través de la creación de cien plazas en pisos, en contraposición a las residencias, “donde se ingresa a personas, a veces jóvenes, de por vida”. Y apunta a que el modelo de pisos es “mucho más integrador y con un coste más eficaz: pues frente a los 2.500 euros que cuesta la plaza al mes en una residencia, cuesta 700 en un piso con apoyo”.
Paliar síntomas
De una manera global, la decana del Colegio de Psicólogos, María Fuster, reflexiona que la forma que se ha tenido habitualmente de entender la salud mental ha ido enfocada a los síntomas y que el modelo de asistencia sanitaria actual -a pesar de estar abriéndose a nuevas sensibilidades- se ha encaminado a paliar los síntomas y no a prevenir. “Se detectan los síntomas, la ansiedad, la taquicardia, la sensación de ahogo, los dolores de cabeza... pero esos síntomas están rodeados de unas circunstancias personales que no se abordan en el enfoque, de ahí el modelo de los psicofármacos”.
Tanto los profesionales como la población -“sobre todo después de esta pandemia”- están “más sensibilizados y saben que los fármacos no son la solución, pueden calmar unos síntomas pero no van a la causa; está demostrado que a largo plazo los fármacos cronifican ese malestar”. Por eso, explica Fuster, tal y como se está apuntando desde Europa o desde la Organización Mundial de la Salud “hay que ir a un cambio de paradigma con una planificación estratégica muy diferente”.
María Fuster confía en que la Comunidad “termine por escuchar la demanda ciudadana, nuestra región además es altamente sensible en este campo por determinados problemas estructurales y es necesaria una política transversal”.