La inminente luz verde a un decreto para regular la atención temprana en la Región de Murcia levanta ampollas entre las asociaciones del sector y el Gobierno regional. La promesa de un servicio universal y gratuito lleva sobre la mesa desde hace cuatro años. Ahora, a la puertas de su aprobación, algunos padres, madres y colectivos de atención temprana no ven con buenos ojos algunos aspectos de la norma planteada, impulsada desde la Consejería de Política Social, dirigida por la vicepresidenta Isabel Franco.
La lucha por regularizarla ha sido larga: en julio de 2017, la exconsejera de Familia Violante Tomás puso en marcha la maquinaria presentando un primer decreto que planteaba que fuera sufragado por la adminitración pública, eliminando el copago vigente. No ha sido hasta marzo de 2021, tras introducir alegaciones, aprobarse desde el Consejo Económico y Social de la Región, y la incorporación de una nueva consejera, que se vislumbra su salida.
Atención temprana: qué es, cómo funciona, y qué cambia con el nuevo decreto
Si unos padres detectan trastornos en el desarrollo de su hijo (como una evolución atípica en las capacidades motrices o cognitivas) y tiene como máximo seis años, pueden hacer una consulta gratuita al servicio regional de atención temprana para que sea evaluado. También puede mandarlo su pediatra, o hacer la consulta desde la guardería o el colegio.
Si a través del diagnóstico se resuelve que, en efecto, se precisa tratar al menor para estimular su crecimiento, se le puede remitir a diferentes asociaciones concertadas especializadas en diferentes patologías (como Trastorno del Espectro Autista –TEA-, Síndrome de Down, parálisis cerebral, etc.), que se sufragan a través del copago.
Con este nuevo decreto, el tratamiento seguiría realizándose a través de asociaciones concertadas, pero su coste lo cubriría la Administración, y pasaría a ser gratuito. No obstante, la nueva norma aumenta la burocratización para acceder a estos servicios, algo que desde la Plataforma por la atención temprana y los Derechos de la Infancia (PATDI) consideran que “ralentiza” el comienzo del tratamiento, y reclaman al Gobierno de Murcia una norma de mayor consenso.
“Hasta ahora, tanto padres como el propio colegio podían llamar a atención temprana para solicitar un diagnóstico” indica a este medio Raquel Sastre, miembro de la Plataforma y madre de una menor con el síndrome de Phelan McDermid, una enfermedad genética que le provocó TEA. Con la aprobación del decreto habrá que remitirse al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y abrir un expediente burocrático para que evalúen si el menor será, o no, valorado con un plazo máximo de respuesta de 40 días.
Pueden pasar tres cosas: que te digan que sí, que te digan que no, o que haya silencio administrativo –que se cumpla el tiempo marcado sin que respondan, por lo que se convierta automáticamente en una negativa-. La solución ante el rechazo desde el IMAS es responder con un recurso de alzada: “¿Cuántas personas saben hacerlo?”, lamenta Sastre.
La miembro de la Plataforma señala que se pueden dar otros problemas, como quién evaluará si el menor continúa con la estimulación temprana. “Hasta ahora los diagnosticaban los especialistas de atención temprana y luego los profesionales de las asociaciones. Ahora serán personas formadas en necesidades educativas”, explica Sastre.
“La gente dice que es que son como mucho 40 días, pero las listas de espera en hospitales tienen una fecha límite marcada por decreto y están sobrepasadas. No nos podemos fiar”. Sastre va más allá y asegura que la burocratización para acceder a atención temprana va a hacer que muchos padres acudan directamente a las asociaciones concertadas para tratar a sus hijos y “paguen un precio mucho más alto”.
“Buscamos el máximo consenso posible”
Desde la Consejería de Política Social, la vicepresidenta Isabel Franco indica que el decreto está “hecho y firmado”. “Nosotros siempre hemos aspirado a que estuviera respaldado por el máximo número de sectores implicado”, explica Franco. Sobre las críticas, asegura que están estudiando opciones: “No tenemos nada descartado, como le dijimos hace 12 días a la plataforma de atención temprana”.
La vicepresidenta desmiente que no se les haya escuchado y lamenta que fuera eso lo que dijeran en un comunicado al día siguiente de su encuentro. “Nos comprometimos a volver a reunirnos este día 3 de marzo por la tarde para ver opciones y soluciones para salir de esta situación”. Franco insiste en que quieren que el documento salga con el “máximo consenso posible”.
Desde Política Social recuerdan que tanto El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) como la Federación Plena Inclusión, así como otras entidades, están “conformes” con un decreto planteado que además “unifica criterios, que hasta ahora diferían según municipios, generando desigualdad entre territorio”.
“No se va a perder ni un día en papeleo”
“Nosotros pensamos que lleva un atraso considerable, que todo es mejorable, pero desde luego que sería un salto cualitativo para todos que se aprobara”, señala Joaquín Barberá, presidente de Plena Inclusión, la Federación que representa colectivos con discapacidad intelectual y del desarrollo en la Región, y uno de los organismos involucrados durante los últimos seis años en la elaboración del documento.
Barberá recuerda que tras el decreto ha habido 28 borradores diferentes, en el que han participado “bastante desde todas las asociaciones”. En referencia a las críticas por la burocratización, el presidente de Plena Inclusión defiende que habrá “valoradores suficientes” y rechaza cualquier riesgo de “colapso” del sistema a la hora de registrar las peticiones. “Si nuestros técnicos observaran que un niño necesita una atención inmediata no se va a perder ni un día en un papeleo”, añade. Barberá sostiene que sacarlo es un salto hacia adelante: “Estoy deseando que se apruebe. Todo es mejorable, pero durante su funcionamiento lo iremos perfeccionando a través de dos comisiones creadas para ello”.
La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ha emitido un comunicado en el que propone, “en aras de buscar una mayor participación y consenso -y para dar cumplimiento al dictamen del Consejo Jurídico del Gobierno de Murcia-” que el Decreto Ley sea aprobado por el Consejo de Gobierno y se traslade después a la Mesa de la Asamblea Regional para iniciar el trámite parlamentario. Un órgano que podrá convalidarlo directamente o convertirlo en una proposición de Ley y que los grupos parlamentarios puedan presentar sus enmiendas al texto. La intervención del legislativo es necesaria para que puedan modificarse las normas anteriores que solo contemplaban la universalidad de la prestación del servicio de Atención Temprana y no la gratuidad. Algo en lo que se ha ratificado hace unos días el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
“La gratuidad del servicio de Atención Temprana es el principal objetivo de este texto y que desde sus inicios ha pretendido beneficiar a más de 4.700 niños de la Región” han indicado desde Política Social. Una gratuidad, señalan desde la cartera de Isabel Franco, que es necesaria para no limitar en modo alguno el acceso de un servicio vital para estos menores, permitiendo que con ello la Atención Temprana se convierta en una herramienta esencial para compensar posibles situaciones de desventaja social o de vulnerabilidad de la infancia.
Una de las disposiciones finales de la Ley 6/2013 de medidas en materia tributaria del sector público y de política social, contempla ya la universalidad del servicio. Para incluir la gratuidad del mismo, debe realizarse una modificación que según los informes jurídicos de la Comunidad Autónoma solo puede llevarse a cabo como Decreto de Ley para que una norma jurídica pueda modificar lo que establece una anterior aún vigente.
“Con este trámite parlamentario, por el procedimiento de urgencia y necesidad, se consigue además contribuir a una mayor transparencia y participación en el proceso para lograr el máximo consenso posible en torno a un documento que afecta a muchos colectivos y sectores de la sociedad murciana”, añaden desde Política Social.