Una auditoría concluye que el Gobierno navarro no protegió el dinero público en una compra de mascarillas

La Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro, ha publicado este viernes el informe fiscalizador que le fue encargado por el Gobierno foral después de que la Intervención General detectase unos “presuntos incumplimientos” en el procedimiento de compra de unas mascarillas por la empresa Albyn para la que la patronal solicitó a la empresa pública Sodena que adelantase unos dos millones de euros de dinero público y que acabaron con la destitución de la directora gerente de la compañía pública, Pilar Irigoien. El informe concluye que las tres partes son responsables de las “deficiencias” del acuerdo que han llevado a que más de un millón y medio de mascarillas continúen almacenadas a punto de caducar y a que el Gobierno no haya recuperado el dinero adelantado. Comptos concluye, a este respecto, que el Ejecutivo de María Chivite no garantizó una “protección debida” de los fondos públicos implicados.

El órgano fiscalizador destaca el “excepcional contexto” en que se produjo la operación y su naturaleza “compleja y atípica”. Era el comienzo de la pandemia y las empresas tenían la “necesidad” de adquirir material de protección contra la COVID-19 en un contexto de “desabastecimiento”. Así, detalla, Sodena firmó un acuerdo de colaboración y apoyo financiero con la Confederación Navarra de empresarios (CEN) y Albyn para proveer de EPIs a empresas“. La CEN trasladó una estimación de necesidades para tres meses de 2,4 millones de mascarillas, basándose en la información que había recibido de las empresas y Albyn adquirió la práctica totalidad de las mascarillas encargadas, unos 2,1 millones.

Sin embargo, la caída de los precios de las mascarillas hizo que las empresas no adquirieran la cantidad prevista. Tan solo compraron 364.280, por lo que hay un stock de 1.745.600 mascarillas valorado en 1,8 millones a precio de adquisición. Su precio actual de mercado, según la estimación de la empresa Albyn, es de 126.600 euros. “Ninguno de los firmantes del acuerdo se ha hecho responsable del stock”, destaca Comptos, que añade que 11 mil de las mascarillas almacenadas ya han caducado y que el resto lo harán entre abril de 2023 y febrero de 2024.

“Todas las partes son corresponsables de las deficiencias del acuerdo”

Por ello, el tribunal de cuentas recomienda “dar salida” al material sanitario antes de que caduque, para lo que sugiere la vía de la mediación o arbitraje. Esta vía fue rechazada anteriormente por la CEN, que pidió para ello al Gobierno que renunciara a reclamarle los 1,8 millones de euros que costaron las mascarillas y que le exonerara de cualquier responsabilidad, a lo que el Ejecutivo se negó.

Comptos, que subraya que judicializar el asunto dificultaría dar salida al material antes de que caduque, concluye que todas las partes son corresponsables de las deficiencias del acuerdo y que, por tanto,“ tienen que asumir las respectivas responsabilidades, tanto las obligaciones contempladas como las no establecidas y que debieron preverse”.

Entre las “deficiencias” destaca que no existía un compromiso formal por parte de las empresas para adquirir las mascarillas que Albyn compró siguiendo las estimaciones de las propias empresas; que tampoco se planteó cómo resolver eventuales contratiempos que pudieran alterar los planes previstos; y que el acuerdo no incluía garantías suficientes para una protección debida de los fondos públicos implicados en el mismo.

De esta forma recomienda al Gobierno que incluya en las futuras actuaciones que Sodena lleve a cabo “las garantías suficientes para asegurar la mayor protección posible de los fondos públicos empleados”.