El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), el equivalente en Navarra al Estatuto del resto de comunidades autónomas, para dar garantía jurídica al traspaso de las competencias de Tráfico y Seguridad Vial a la comunidad foral. Ahora, el texto modificado deberá ser refrendado en el Senado, donde se espera que el PP lo tumbe en uso de su mayoría absoluta, por lo que deberá regresar al Congreso para su aprobación definitiva. Con esta reforma se busca superar el veto del Tribunal Supremo, que la paralizó en febrero argumentando que un Real Decreto no puede utilizarse para traspasar unas competencias que no estaban reconocidas en la ley navarra.
La reforma ha salido adelante con 179 votos favorables, los de los grupos que sustentan el Gobierno de Pedro Sánchez, además de UPN, y únicamente ha contado con el rechazo de PP y Vox. Tras la aprobación, el texto será remitido al Senado.
Es de esperar que el PP frene los plazos en la Cámara Alta y que la reforma del Estatuto tenga que regresar al Congreso para su aprobación definitiva, por lo que no se espera que llegue hasta antes de final de año. Además, la Guardia Civil seguiría ejerciendo sus funciones como hasta ahora de manera compartida con la Policía Foral hasta 2027, fecha que el Ejecutivo de María Chivite ha fijado como límite para reforzarse con los 149 agentes que se ha calculado que hacen falta para, sumados a los 227 que ya vigilan las carreteras del territorio foral, ejercer la competencia de manera exclusiva.
Los representantes del PSOE, PNV, EH Bildu y Sumar han celebrado que con la reforma del estatuto navarro se recupere para Navarra una competencia arrebatada por el franquismo. La Policía Foral nació como tal en 1928 con el nombre de Cuerpo de Policía de Carretera y gestionó el tráfico en Navarra hasta que en 1941 el régimen de Francisco Franco creó la Policía Armada y de Tráfico, con la que empezó a compartir la vigilancia de los vehículos matriculados. Unos años más tarde, en 1959, a través de una ley, el Ministerio de la Gobernación traspasó la competencia sancionadora a los gobernadores civiles y en 1960 llegaron a Navarra de los primeros cuarenta guardias civiles motorizados de Tráfico.
Pese al veto del Supremo que ha retrasado varios meses el traspaso de las competencias de Tráfico, algunos servicios de la competencia ya han sido transferidos a Navarra y el Gobierno foral interpreta que no quedan anulados por la sentencia, ya que los magistrados únicamente se refieren en su escrito a la gestión de las carreteras. En concreto son el cobro de las tasas; autorizaciones para los centros médicos de reconocimiento; inspección de autoescuelas; autorizaciones para los centros de recuperación de puntos del carnet; campañas divulgativas de seguridad vial; autorización de eventos con vehículos históricos; y la elaboración de informes de pruebas deportivas que se desarrollen en carreteras navarras.
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