La Guardia Civil da por desarticulada una organización dedicada al fraude alimentario a gran escala: compraban gran cantidad de productos en conserva, los distribuían como mayoristas a través de su red de empresas y, si no conseguían vender todas las latas, las volvían a etiquetar para ampliar su fecha de caducidad (en algunos casos con más de 10 años de margen) y volvían a ponerlas a la venta. La investigación, dirigida desde el Juzgado de Instrucción 1 de Estella, se ha saldado con 9 personas detenidas acusadas de delito contra la saludo pública, estafa, falsedad documental y un delito contra la Seguridad Social.
Además, se les acusa también de blanqueo de capitales por derivar los beneficios de su actividad a paraísos fiscales como Trinidad y Tobago, Islas Mauricio, Panamá o Emiratos Árabes unidos, entre otros destinos. La Guardia Civil ha constatado la existencia de más de 500 transferencias internacionales a dichos paraísos fiscales por un importe total de 5,6 millones de euros. En los tres registros realizados, se han requisado 3.744 latas de mejillón, 4.500 latas de ventresca, 500 de sardinas y 10.000 latas de atún.
La investigación se abrió en mayo de 2016 gracias a una denuncia que se formuló a través del portal de internet de la Guardia Civil. Los agentes encontraron que el administrador de la empresa denunciada era también responsable de otras 8 empresas con el mismo domicilio social. Aunque todas ellas figuraban como sin actividad, tras vigilar las instalaciones, los agentes comprobaron que continuamente salían y entraban camiones de las fábricas. Según la Guardia Civil, las empresas distribuidoras compraban directamente de las conserveras los productos, los etiquetaban con su marca distribuidora y los ponían en venta. Si no se había vendido toda la partida, se recuperaba a bajo coste y volvía a las distribuidoras. En ese momento, “procedían a etiquetarlo de nuevo en la empresa creada a tal fin, bien con su propia marca, bien con marca de terceras empresas de la misma propiedad, alargando las fechas de caducidad, y nuevamente lo introducían en el mercado”, señalaba el Instituto en una nota. Además, las distribuidoras también compraban producto a granel, “con lo que tendrían vía libre para estuchar y etiquetar a su antojo con la empresa etiquetadora”, añade la Guardia Civil.