El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Ejecutivo navarro, Mikel Irujo, le ha trasladado a la dirección dell grupo empresarial BSH, que agrupa a las marcas Bosch, Siemens o Balay, en Navarra el “malestar” del Ejecutivo foral por la forma “abrupta” (por carta) en la que se les comunicó la decisión de la empresa de cerrar su fábrica de Esquiroz, en la que trabajan 655 personas.
En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, han comparecido los consejeros Irujo y Carmen Maeztu, titular de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, quienes han incidido que en estos seis meses de plazo desde la comunicación de la decisión tratarán de “revertir” la decisión de cierre.
Irujo, que ha indicado que esta decisión no afecta a los centros productivos de Huarte -con 121 trabajadores- y Estella -con 18-, ha contado que en la reunión han transmitido su “malestar” con la empresa porque “a lo largo de este año hemos contactado con la matriz, con la central que tiene BSH en Múnich, solicitando reuniones con el fin de explorar el futuro de la planta de BSH en Navarra”, manteniendo solo “reuniones tanto con el comité de empresa como con la propia dirección, donde obtuvimos una respuesta muy vaga”.
Según ha censurado, “en ningún caso ha sido posible mantener una reunión con la matriz, con Múnich, ni poniendo todo tipo de facilidades”. “Veníamos manifestando a lo largo de este año nuestra preocupación y nuestro interés por hablar del futuro de BSH en Navarra a la matriz, sin una respuesta contundente”, ha dicho, para apuntar que “de ahí este malestar de enterarnos el lunes de manera abrupta de esta decisión de la empresa”.
Irujo ha expuesto que les han comentado que el cierre “no se debe a ningún tipo de motivación económica de la planta, sino que se debe a una pérdida de cuota de mercado y a una sobrecapacidad de producción de la propia planta”. “Nos ratifican también que no tiene nada que ver con la fiscalidad, de hecho desde el año 2008 esta empresa tributa en Zaragoza”, ha explicado.
Según ha relatado, “se abre un periodo de seis meses ahora para escucharnos y en este sentido, lo que sí tenemos claro desde el Gobierno que vamos a trabajar para intentar revertir la decisión de cierre”. “Vamos a solicitar un contacto directo con la central de BSH en Múnich para que nombren a un interlocutor también con capacidad de negociación”, ha dicho, para añadir que “iniciaremos como Gobierno de Navarra la preparación de un plan de reindustrialización de la planta de BSH en Esquíroz en coordinación permanente con el Ministerio, con la Secretaría de Estado de Industria”.
Por su parte, Carmen Maeztu, que ha recordado que esta tarde se reunirán con el comité de empresa, ha incidido en que el Ejecutivo trabajará “denodadamente” para “revertir esta situación y conseguir que ese empleo no se destruya en nuestra comunidad”. Y ha indicado que se pondrán en contacto con todas las empresas que pueden verse afectadas por este cierre para “garantizar de la misma manera que el impacto de esto sea lo menos posible”.
La consejera ha detallado el procedimiento que se sigue con el anuncio del cierre de una empresa, aviso preceptivo que en este caso se produjo ayer martes al Gobierno de Navarra. “Durante estos seis meses de plazo que se abren desde la fecha de comunicación por parte de la empresa, se abre un periodo en el que se puede negociar, se puede hablar con la plantilla, se pueden acercar posturas y, en el mejor de los casos, podría también ocurrir que la empresa no inicie el expediente de cierre”, ha dicho.
Maeztu ha señalado que, “en caso contrario y una vez finalizados esos seis meses, se comunica ya el inicio del expediente con toda la documentación que, en este caso, deberá presentar la empresa y que deberá hacerlo además nuevamente ante la autoridad laboral, para que se abra un periodo de un mes adicional de consultas, durante el cual se produce una nueva negociación que determine los plazos, las indemnizaciones, el plan de recolocación, con el objetivo de llegar a un acuerdo con la parte social”.
Mikel Irujo ha insistido en que “tenemos estos seis meses para trabajar día a día y minuto a minuto para revertir esta situación”. “Lo que más preocupa a este Gobierno es el futuro de esas 655 personas”, ha dicho, para afirmar que “queríamos trabajar por el futuro de esta empresa porque lo tiene”.
Preguntado por las medidas que el Gobierno puede poner sobre la mesa para intentar revertir la decisión de la empresa, el consejero ha expuesto que “una empresa necesita un ecosistema, y por ejemplo, tienen laboratorios, centros de ensayo, en Navarra”. “Hace falta un ecosistema que pueda servir para apoyar y fomentar todas las actividades que está haciendo el propio BSH en Navarra, con centros tecnológicos, con convenios con universidades o incluso con convenios con otro tejido empresarial de la zona”, ha agregado.
Según Irujo, “aquí se abre un espectro de apoyo infinito, siempre que nos encontremos con un interlocutor que esté dispuesto a escuchar y ver qué posibilidades de negocio quiere hacer Navarra con todas las oportunidades que le ofrecemos”. “Un negocio es mucho más que una facturación, un negocio necesita más desarrollo en el mundo en que estamos viviendo hoy en día; la inversión en I+D es fundamental, pero en la inversión en formación, en capacitación, en posibilidades, centros, equipamiento de laboratorio, centros de ensayo... tenemos amplias posibilidades de poder explorar”, ha continuado.
Sobre la posibilidad de buscar un socio industrial, el consejero ha dicho que “cuando hablamos de un plan de reindustrialización, estamos abiertos a cualquier posibilidad que nos pueda poner encima de la mesa la propia empresa”. “Es algo que tendrá que ir aclarando la propia empresa a lo largo de las próximas semanas”, ha comentado, para aseverar que “ahora nos toca hablar y mucho”.
Sobre ayudas públicas recibidas por la empresa, Mikel Irujo ha dicho que “tenemos una ley foral sobre deslocalización aprobada en el año 2020 y tendremos que estudiar desde un punto de vista jurídico si con las explicaciones y con el expediente que vamos conociendo de la empresa, esta ley foral es de aplicación o no”. “Si fuera así, habría que reclamar la devolución de todas las ayudas que haya podido recibir”, ha dicho, para precisar que “a nivel industrial la ayuda efectiva asciende a un total de unos 140.000 euros, especialmente en los programas de eficiencia energética”.
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