Navarra duplica las inspecciones antes de la vendimia y advierte de deficiencias sanitarias en la mayoría de las empresas

La vendimia del pasado año 2020 no fue, precisamente, 'la campaña de la mascarilla'. Tampoco fue la de la distancia social. En cambio, sí resultó la del lavado de manos de quienes no garantizaron las medidas de protección al trabajador más vulnerable de la cadena alimentaria: el personal temporero. Así lo evidencia al menos la memoria publicada por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, que señala que los trabajadores agrícolas usaban mascarilla en menos de la mitad de una treintena de fincas visitadas por técnicos del organismo. En concreto, llevaban esta medida de protección sólo en un 42% de las explotaciones observadas. Más deficientes fueron aún las garantías para guardar las distancias de seguridad, ya que en un 25% de los casos podía medirse un metro y medio entre los empleados. Pero más distancia guardó si cabe el lavado de manos, puesto que apenas el 18% de los propietarios ofrecía agua y jabón suficientes durante la jornada laboral. En lo que llevamos de año, Salud Laboral ha duplicado el número de visitas y, aunque reconoce una “mejora” en lo observado, el organismo recalca que los incumplimientos persisten en “la mayoría” de las 64 empresas inspeccionadas sin previo aviso hasta agosto.

Con todo, los datos contrastan con el trabajo realizado en paralelo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En materia de seguridad sanitaria frente a la COVID–19, realizó un total de 37 inspecciones sin ninguna infracción notificada como resultado. No obstante, la autoridad laboral centró el grueso de sus actuaciones en la economía irregular donde se hallan los trabajadores extranjeros, con un total de 192 inspecciones y 32 infracciones registradas. El saldo de las mismas superó los 232.069 euros en 2020.

Precisamente, con el objeto de prevenir brotes de COVID–19 en un sector muy vulnerable al contagio, el protocolo especial puesto en marcha por la administración foral el pasado año incluyó por primera vez la novedad de obligar a los empresarios a realizar una declaración responsable por trabajador. En concreto, la obligatoriedad recae para los casos de empleados no censados en Navarra o de estarlo, que se hayan desplazado fuera en los últimos dos meses. De esta manera, al aflorar estos datos, se persigue facilitar a Salud Pública tejer una red de contactos estrechos y acotar así un eventual foco de infección en un sector con una alta movilidad en temporada de cosecha. En este contexto, Salud Laboral advierte que son las Empresas de Trabajo Temporal, que operan en toda la geografía, y las empresas de servicios agrícolas las que más vienen resistiéndose a comunicar las fichas de los temporeros. Apunta que éstas son, además, las que más “negativamente” adoptan las medidas de prevención sanitarias.

Esta circunstancia no resulta sorprendente en el ámbito sindical, que lleva tiempo alertando del “grave deterioro” y creciente precarización del sector en manos de los intermediarios. De hecho, según estima Jesús Ceras, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO en Navarra, la presencia de estas empresas mediadoras entre agricultor y trabajadores ha crecido entre un 30% y un 40% en los últimos años en Navarra. Precisamente, constituyen un modelo de gestión que Salud Laboral insta a replantear al suponer un “punto crítico” que favorece el riesgo de contagio. En este sentido, desde CCOO exigen al Gobierno foral que dé pasos para recuperar las bolsas de empleo coordinadas entre administraciones, patronal y sindicatos. Volver a dicho mecanismo, considera Jesús Ceras, evitaría seguir retrocediendo en derechos laborales y “la proliferación de mafias en el sector agropecuario” que también, asegura, están estafando a empresas navarras y en perjuicio del último eslabón, que son los temporeros.

“Todos sabemos que las empresas de trabajo temporal lo único que hacen es prestar los trabajadores y no se van a preocupar para nada de si esos empleadores cumplen o no con los requisitos sanitarios”, apunta Ceras, para quien las ETT “no deberían cumplir con esta función de mano de obra”. “Las empresas agrícolas tienen un convenio colectivo y una regulación de contratación y lo que tenían que hacer es cumplir y hacer contratos, o bien eventuales o fijo–discontinuos en función de las necesidades”, reivindica.

Más declaraciones responsables y PCR, menos positivos en temporeros

Navarra precisará a lo largo de la campaña de vendimia, que ya ha arrancado en zonas de la franja del Ebro, algo más de un millar de temporeros para recoger la vid. En su mayoría llegan de otras comunidades autónomas, como reflejan las 1.566 declaraciones responsables individuales realizadas entre enero y agosto de este año para otras campañas agrícolas. Los documentos corresponden a 1377 trabajadores, repitiéndose el nombre de algunos de ellos al desplazarse a distintas explotaciones. Sin ser obligatoria la realización de pruebas PCR, que debe deben ofertarse y facilitarse, se han realizado a los temporeros en lo que llevamos de año algo más de mil test de este tipo. La tasa de positividad de las mismas es de apenas un 1%, cuando el año pasado era del 14%. Esta cifra supone una mejoría respecto a los últimos meses de 2020, cuando apenas un 24% de los temporeros se sometieron a una prueba diagnóstica. En concreto, entre los 1.302 empleados registrados en 2020, se realizaron 326 pruebas. Con todo, en lo que llevamos de pandemia son pocos los brotes que han comprometido al sector. El balance deja más contagios que focos; el último y más relevante fue registrado en la zona de la Ribera de Navarra, que dejó hasta 37 positivos. En estos casos, es Salud Pública la que actúa poniendo a disposición de los empresarios y temporeros una red de alojamientos para garantizar el cumplimiento de las cuarentenas.

Otra de las deficiencias reflejadas en el informe de Salud Laboral se refiere a las condiciones de alojamiento. En este sentido, señala dificultades para recabar información específica, como quiénes conforman la misma unidad convivencial. Tanto esto como las condiciones de desplazamiento a la explotación agraria constituyen unos de los mayores riesgos de transmisión de COVID–19. Según apunta el responsable sindical de CCOO, “la inmensa mayoría [de los trabajadores] tienen que desplazarse con su propio vehículo” a la zona de trabajo, y aunque reconoce que se ha tenido “mayor cuidado” para evitar situaciones de hacinamiento, el comportamiento ha estado lejos de ser “modélico”. Velar por las condiciones del transporte al lugar de trabajo, así como las del alojamiento, para evitar situaciones de hacinamiento e insalubridad, corre a cargo de los empresarios. “Es un tema complicado, pero sabemos que los empleadores miran para otro lado”, señala Ceras. Precisamente, desde el ámbito empresarial, Mikel Villabona, técnico de EHNE, reconoce que queda en esta materia trabajo pendiente por hacer entre agricultores y administraciones locales para garantizar condiciones de vivienda dignas al personal temporero.

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) como EHNE, UCAN o UAGN cumplen con un importante papel de información y sensibilización al acercar a los agricultores las obligaciones con las que han de cumplir en medio de la pandemia. De hecho, ofrecen la posibilidad de hacer ellas mismas las declaraciones responsables a sus socios. En este sentido, Villabona asegura que más del 70% de las explotaciones han recibido cursos informativos, pero aún así no están cumpliendo las medidas preventivas como el uso de la mascarilla o la distancia social, algo que sigue sin ser lo “habitual”. “Creemos que se está acertando con los protocolos –apunta–. La declaración responsable, al recoger tanta información, está ayudando a prevenir los brotes y a cortarlos enseguida. Es una información que antes no se tenía”, reconoce pese a todo. Por su parte, el presidente de UAGN, Felix Bariain, valora el trabajo realizado en el último año y medio entre administraciones y confía en que el protocolo “minimice los posibles positivos y brotes con las medidas de prevención implantadas”. “Salud Pública tiene concertado varios centros para derivar y aislar un posible contagio masivo; llevamos año y medio trabajando codo con codo y esas cifras actuales tan pequeñas [el 1% de positividad en las pruebas] es fruto de colaboración entre ambas partes”, destaca.

Otra novedad respecto a la campaña del pasado año viene marcada por la propia evolución del proceso de vacunación. Según apuntan desde Salud Pública, una gran mayoría del personal temporero llega a Navarra ya vacunado de otras comunidades autónomas. De hecho, en el mes de agosto tan solo 44 empleados agrarios recibieron el pinchazo con la dosis de Janssen, reservada en casos como éste por ser monodosis. Se trata ésta de una alternativa que busca garantizar la inmunización, ante la dificultad de planificar una segunda cita con quienes han de desplazarse por motivos laborales. En este contexto, el protocolo modifica las cuarentenas y al temporero vacunado que haya estado en contacto con un positivo podrá seguir trabajando, pero extremando la vigilancia y las medidas de precaución.

Empresarios y agricultores que sí cumplen

“Si no vienen vacunados, los vacuno yo”. Así de categórico se muestra Miguel Canalejo, propietario de Bodegas Pago de Larrainzar, ubicada en Ayegui –comarca de Estella–. La finca dispone de unas 20 hectáreas y cultiva variedades como tempranillo, garnacha o merlot, para cuya recogida precisa de la mano de 40 temporeros, en su mayoría extracomunitarios. Canalejo asegura cumplir estrictamente con las medidas sanitarias hasta pagar incluso de su bolsillo las pruebas PCR a cada trabajador antes de comenzar la labor agraria. Cuenta también con test rápidos de autodiagnóstico a mano y ofrece a sus empleados la posibilidad de vacunarse. A ello suma la compra suficiente de mascarillas quirúrgicas que garantice el cambio de una unidad cada dos horas, además de geles hidroalcohólicos. La contratación la realiza a través de recomendaciones y del 'boca a boca', evitando las ETT, para así, asegura, minimizar los riesgos de un eventual brote que lastre una cosecha que no entiende de cuarentenas.

La vendimia en la finca de la familia Larrainzar ha arrancado el pasado fin de semana, mientras que, en otras algo más al sur, como es Bodegas Ochoa en Olite, llevan tres semanas de recogida de la vid. En este caso, con más de 145 hectáreas, una de sus propietarias, Ana Ochoa, reconoce que la mayoría del trabajo está mecanizado. De hecho, apenas precisan de una veintena de trabajadores para poda a lo largo de los meses de invierno y primavera. En su caso, recurre también a familias y empleados conocidos para evitar contagios innecesarios y para cada uno de ellos realiza, asegura, una declaración responsable. Justo esta cuestión, la disponibilidad de mano de obra local para su contratación directa, es la más difícil de lograr, según apunta Salud Laboral en su informe de 2020.