Los gobiernos central y navarro han firmado este jueves en Pamplona la transferencia para la gestión del Ingreso Mínimo Vital. La Junta de Transferencias, en la que se han reunido representantes de las dos instituciones, ha cerrado este traspaso tras más de un año de negociaciones y que se ha valorado en 48 millones de euros anuales. Navarra se suma así a Euskadi, y comenzará a gestionar a partir de octubre esta prestación de manera íntegra.
Tras la reunión de la Junta de Transferencias, la presidenta de la comunidad foral, María Chivite, ha señalado que el traspaso de esta gestión supone una “oportunidad para mejorar la prestación de servicios desde la cercanía, el conocimiento que nos da la renta garantizada, además de la capacidad acreditada para la gestión de recursos”. En Navarra, entre unas 5.000 y 6.000 personas son perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, de las que muchas complementan esta prestación con la Renta Garantizada navarra, que es más garantista y de la que más de 15.000 familias son perceptoras en la comunidad foral.
Por su parte, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha remarcado que este acuerdo para la asunción por parte de Navarra de la gestión del IMV manifiesta “la voluntad clara de colaboración, de cogobernanza y de lealtad institucional” con el Gobierno foral, y también “el compromiso del gobierno de España en el máximo desarrollo del Amejoramiento del fuero”.
Chivite también ha indicado que el traspaso se va a realizar en dos fases. En una primera, hasta el mes de septiembre, los pagos los seguirá realizando la Seguridad Social, “si bien se procederá a un ensamblaje de los sistemas informáticos de la seguridad social con el sistema de información y gestión de prestaciones del Departamento de Derechos Sociales”. Igualmente, se crearán unidades administrativas de tramitación en las áreas de servicios sociales con la finalidad de asesorar a las personas interesadas en la tramitación de la solicitud, así como a los servicios sociales de base para una progresiva adaptación integrada de tramitación entre renta garantizada e ingreso mínimo vital, facilitando así la gestión a la ciudadanía navarra.
A partir del 1 de octubre, el Departamento de Derechos Sociales deberá tener los dispositivos y recursos para realizar todas las funciones que en este momento viene realizando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) relativas a la información y orientación a particulares, tramitación de solicitudes, reconocimiento de derechos, abono de cuantías, control y seguimiento de expedientes.
El traspaso de la gestión de esta competencia se ha valorado en 48,35 millones de euros, el resultado de aplicar el índice de imputación previsto en el Convenio Económico (1,60%) al coste presupuestado en los Presupuestos Generales de Estado para 2022 en esta materia, 3.021,9 millones de euros, y que no incluyen la subida del 15% anunciada por Pedro Sánchez este mismo lunes dado que, según han apuntado la presidente de Navarra y la ministra Isabel Rodríguez, esta subida será “temporal hasta el mes de junio”, y por tanto no afectará a la comunidad foral, que no asumirá la gestión hasta el 1 de octubre. Navarra se descontará esta cuantía del canon que se abona al Estado por los servicios prestados.
elDiario.es/Navarra
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