Dos metas antidesahucios en Navarra: evitar la lucha “en soledad” y garantizar que “nadie queda en la calle”

Primero, detectar cuándo se va a producir un desahucio en Navarra y, después, que el Gobierno Foral se comprometa a ofrecer una solución habitacional a esas personas para que “nadie se quede en la calle”. Esta es la petición que han trasladado las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) al Ejecutivo foral, a quien ha solicitado que dé un paso más en un protocolo ya firmado en 2013 por el Gobierno Foral, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, y el Consejo General del Poder Judicial. La PAH exige ahora que se ofrezcan garantías de vivienda las personas afectadas, porque si la administración no ofrece soluciones y las hace efectivas, un acuerdo así puede quedarse en “papel mojado”.

Así lo valora Ángel Larrea, integrante de la PAH de San Jorge-Sanduzelai, uno de los representantes de la entidad que el pasado lunes participaron en la reunión con el vicepresidente de Políticas Sociales, Miguel Laparra, para, entre otras reclamaciones, trasladarle la necesidad de actuar ante los desahucios que se siguen produciendo. La plataforma acudió con un listado de medidas pendientes, como activar las prometidas ayudas contra la pobreza energética o fomentar la vivienda pública en alquiler, pero avanzar en este protocolo puede ser uno de los pasos más factibles a corto plazo.

Pamplona, por ejemplo, quiere declararse ciudad libre de desahucios y, en el caso de Navarra, Larrea reclama medidas efectivas: que se asegure la toma de decisiones cuando se producen estos procedimientos. Durante el primer semestre de 2015, según los datos que se manejan en el Palacio de Justicia, en Navarra hubo un total de 331 ejecuciones hipotecarias, que es el proceso judicial abierto mediante el que una entidad bancaria pretende recuperar una vivienda por impago de la persona deudora. En los mismos seis meses de 2014 fueron 229 casos, mientras que en 2013 se quedaron en 205. En cuanto a los lanzamientos, habitualmente llamados desahucios, durante la mitad de este año ha habido, según apuntan las mismas fuentes, 331 casos, una cifra muy similar a la cifra registrada en esa época en anteriores ejercicios (hubo 336 en 2011, 308 en 2013 y 346 en 2014), a excepción de los 415 que se produjeron en 2012.

Para actuar ante estos procesos, en 2013 se impulsó el mencionado protocolo entre el Ejecutivo foral, la federación y el CGPJ, para así manejar antes la información sobre las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social que iban a afrontar un desahucio, para que la administración pudiera responder de forma “sensible y adecuada”, según se anunció entonces. Además, el Ejecutivo de Yolanda Barcina concretó en junio de 2014 que se habilitarían 33 inmuebles para atender a personas en situación de exclusión o en riesgo de perder su vivienda ante una caída de ingresos.

Llegar a quienes no acuden a los colectivos

¿Qué añadiría, entonces, esta nueva petición? Desde la PAH quieren profundizar en ese acuerdo, que sirve para mejorar la alerta ante estos procesos, ya que hay personas afectadas por esta situación que “no acuden a la plataforma y afrontan este problema en soledad”. Lo más preocupante es que estos procesos afecten a primeras viviendas (que no haya alternativa de alojamiento, por tanto) y a personas que “no llegan a mecanismos de mediación”. Pero Larrea insiste en que con la movilización y las presiones a las entidades financieras esta problemática “se puede parar”. No obstante, avanzar en el protocolo es una forma de lograr respuestas más generalizadas ante procesos de desahucio, y la PAH pide que se contemplen otras medidas para detectar antes situaciones de impago en empresas de viviendas en alquiler y ampliar el periodo durante el que se puede suspender las mencionadas ejecuciones hipotecarias en situaciones de especial vulnerabilidad, que ahora, según el protocolo firmado, está fijado en diez días.

Por ello, quieren contar con el compromiso del Gobierno de que se responderá ofreciendo a las personas afectadas una solución de habitabilidad. Desde el Departamento de Políticas Sociales se estudia, por ejemplo, destinar parte de las ayudas de emergencia (Laparra ya anunció su refuerzo en alrededor de dos millones de euros) para afrontar el pago de las mensualidades debidas.