El Gobierno incumple la ley a sabiendas y no pone remedio

Los servicios jurídicos del Parlamento, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Tribunal Supremo han concluido con que el departamento de Salud del Gobierno de Navarra está actuando incumpliendo leyes forales, algo que en ningún caso ha facilitado un cambio de actuación en el departamento de Marta Vera. Ni el Plan para organizar las urgencias rurales ni los trabajadores sociales que tienen que estar disponibles en los centros de salud de las zonas básicas, el departamento de Marta Vera continúa incumpliendo leyes parlamentarias, o del propio gobierno, y a sabiendas.

En el caso de la atención continuada y urgente, las conocidas como urgencias rurales, han sido los servicios jurídicos del Parlamento y el Defensor del pueblo quienes han concluido que el Gobierno incumple la ley que obligaba al ejecutivo a elaborar un Plan que ordenara la atención sanitaria, y que se saldó con un acuerdo del departamento de salud con cuatro sindicatos. En el caso de los trabajadores sociales son los tribunales quienes, mediante sentencias que no se ejecutan, ratifican el incumplimiento legal, anulando decretos forales que no tienen en cuenta los servicios mínimos con los que tiene que contar cada centro de salud en cuanto a los asistentes sociales.

Tanto los servicios jurídicos del Parlamento como el Defensor del Pueblo concluían que cabía pedir responsabilidades políticas por el incumplimiento de esta norma, aunque mantenían sus dudas sobre las responsabilidades penales. Sin embargo, en el caso de las sentencias sobre los trabajadores sociales, el Colegio Profesional asegura que como último recurso sí acudirán a la vía penal contra el Departamento de Salud por no garantizar que se cumple la ley navarra. En el Gobierno, el departamento liderado por Marta Vera, sigue sin avanzar en dar respuesta a estos dos imperativos legales, y sin considerar que su gestión esté en entredicho.

Urgencias rurales

En primer lugar, fue la una ley parlamentaria que obligaba al Gobierno a elaborar un plan de actuación para la atención sanitaria continuada y urgente, las conocidas como urgencias rurales. En este caso, el Gobierno celebró una reunión con los sindicatos y aprobó un acuerdo al que llegó con cuatro de ellos, ni siquiera con toda la representación social. Ese acuerdo, en ningún caso era un Plan que regulara exhaustivamente la organización de las urgencias rurales, pero desde el departamento no se plantean realizar el documento. Ni siquiera están trabajando en él.

La propia consejera reconoció que había incumplido el mandato, y que las responsabilidades a exigir serían, en todo caso, políticas, sin embargo, sigue sin dar un paso adelante con la elaboración del documento requerido por el Parlamento.

Tras la pregunta de eldiarionorte Navarra sobre la intención de elaborar un Plan como exige la ley, el departamento de Salud se ha limitado a contestar que en el mes de noviembre revisaría el pacto al que llegó en febrero con cuatro sindicatos. Revisión que, por cierto, tampoco se ha producido. Al menos no en los términos deseados por los sindicatos ya que, aseguran, no se les ha facilitado la información necesaria para poder valorar el funcionamiento del acuerdo que se puso en marcha en el mes de mayo. En la última reunión de la mesa sectorial de salud tuvieron que solicitar más información al departamento porque apenas había cuantificado la incidencia de las modificaciones realizadas en los horarios de guardia de los facultativos.

Trabajadores sociales

En el caso de los trabajadores sociales, el Gobierno de Navarra acumula sentencias contrarias por no incluir en los centros de salud la figura del trabajador social, o incluirla en menor medida de la que establece la norma foral. Los litigios se remontan a 1986, y desde entonces, pese a las sentencias en contra, el Gobierno no ha comenzado a actuar conforme a los requisitos legales.

La última resolución judicial se ha emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, una sentencia que anula 21 decretos forales por no cumplir la normativa vigente. Cuando los trabajadores sociales se han reunido con el departamento de Marta Vera se han encontrado con que tampoco se prevé corregir la situación. En este caso, dicen, por falta de presupuesto, pero no se ha trasladado la voluntad de comenzar a cumplir las leyes vigentes.