El Gobierno tiene seis meses para crear el censo de viviendas vacías que puedan ser expropiadas a los bancos
Con carácter inmediato. Izquierda Unida ha urgido al Gobierno a través de su portavoz, Marisa de Simón, a poner en marcha la Ley foral de 2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra. El reciente fallo del Tribunal Constitucional avala que la Comunidad foral puede expropiar a bancos o inmobiliarias viviendas que hayan permanecido vacías durante dos años para que pasen a integrar el banco público de vivienda de Navarra. La sentencia levanta la suspensión que pesaba sobre la ley desde 2014, así que el socio con menos votos del cuatripartito quiere que el Gobierno se ponga manos a la obra y comience a desarrollar la norma.
IU ha recordado a Barkos que dispone de medio año para crear un censo de viviendas deshabitadas en Navarra. El censo será la situación de partida para conocer qué inmuebles pueden ser expropiados. Además, ha requerido la presencia en el Parlamento del vicepresidente y consejero de Vivienda, Miguel Laparra, para que explique qué pasos está dando su departamento tras levantarse la suspensión de la ley decretada por el TC.
Conocida como la ley foral ‘anti desahucios’, la ley cuyo desarrollo exige ahora IU al Gobierno se basa en el concepto de que “la función social de la vivienda puede definir y limitar el derecho de propiedad”. Para Marisa de Simón, tanto la norma como la sentencia del Tribunal Constitucional que avala este concepto “van a hacer historia”. “Lo fundamental de esta ley es que se potencie el uso de la vivienda vacía, que se potencie el alquiler, que las viviendas no puedan utilizarse para la especulación y que puedan ser ocupadas por familias que estén en situación de precariedad”, ha señalado.
La ley da un plazo de seis meses para la creación de un censo de viviendas deshabitadas. Establece además la obligación de los propietarios de viviendas de facilitar al Gobierno toda la información de los inmuebles que este les requiera. También las compañías de suministros básicos (agua, eletricidad, gas) estarán obligadas a remitir información al Gobierno cuando este se la requiera, sin necesidad de que los propietarios de las viviendas autoricen el acceso a dicha información.
La ley considera deshabitada una vivienda cuando ha estado vacía durante seis meses consecutivos. Los inmuebles pasarán a figurar en el censo de viviendas deshabitadas cuando se acredite que han permanecido vacías durante dos años, hecho considerado infracción muy grave, y puede llevar aparejada la imposición de sanciones económicas de hasta 300.000 euros. El censo de viviendas deshabitadas sólo estará compuesto por inmuebles de titularidad jurídica, nunca por viviendas propiedad de particulares.
