El consejero navarro de Políticas Sociales, Íñigo Alli, ha solicitado al Gobierno central el abono de los 3,7 millones adelantados por el Gobierno de Navarra en el “conflicto” con el Estado por la retirada del subsidio para parados de larga duración a aquellas familias que cobran en Navarra la Renta de Inclusión Social (RIS). En cualquier caso, ha garantizado que, por parte del Ejecutivo foral, seguirá abonando esa RIS a las personas afectadas. Este compromiso del Gobierno Foral llega el mismo día en que, según ha publicado Diario de Navarra, el Gobierno Foral asegura que Navarra quedará fuera de la nueva ayuda del Gobierno central para parados de larga duración, anunciada este lunes.
El representante del Ejecutivo navarro, que ha comparecido este martes ante el Parlamento foral por este “conflicto”, ha insistido en que Navarra tiene razón en esta “situación anómala” sobre el subsidio para parados de larga duración, porque no se pueden retirar estas ayudas a quien ingrese en Navarra la Renta de Inclusión Social (RIS), ya que esta ayuda es “complementaria”. Alli ha insistido en que se calcula que unas 781 familias se han visto afectadas por esta situación. El Estado, por su parte, asegura que esa ayuda se ha retirado a 337. El consejero ha insinuado, además, que dada la celeridad de Navarra a la hora de conceder la RIS (21 días), el Gobierno central tarda más en conceder su ayuda y, por tanto, en muchos casos acaba denegando su aportación.
El Gobierno de Navarra reconoció el pasado mes de noviembre que el Estado había retirado el subsidio por desempleo, que es la ayuda (de 426 euros) que cobran una vez acabada la prestación por desempleo aquellas personas con más de 45 años o una carga familiar, a familias en Navarra que además cobran la Renta de Inclusión Social, algo de lo que se enteró por la denuncia de una familia afectada en noviembre de 2013. El Estado respondió entonces que en Navarra se había actuado como en otras comunidades, y que se había retirado el subsidio únicamente a quienes superaban con “otros ingresos” el 75% del salario mínimo interprofesional, que se calcula que ronda los 480 euros al mes.
El Gobierno de Navarra explicó entonces que había tenido que hacer frente a los pagos no realizados por el Estado, y este martes se comprometió a seguir abonando la RIS en todo caso. No obstante, ha solicitado al Estado que devuelva a Navarra los 3,7 millones (serán previsiblemente 4 al final de año) que ha costado a las arcas forales estos pagos. Y, de nuevo, ha puesto un plazo: que la decisión sea tomada antes de final de año ya que, de lo contrario, solicitará la convocatoria de la Junta de Cooperación, el órgano para dirimir estos conflictos entre ambas instituciones. Desde la oposición, grupos como el PSN, Geroa Bai, Aralar y Bildu han considerado este enfrentamiento, los primeros, como una muestra de deslealtad del PPN a Navarra, los segundos y terceros como un nuevo ataque al “autogobierno” navarro y los últimos, directamente, como “una discriminación” a la comunidad. Izquierda-Ezkerra ha sugerido incluso que Navarra deje de aportar esos 3,7 millones debidos al Estado a través del Convenio Económico.
Navarra, fuera de la nueva ayuda
Tanto el Gobierno Foral como el Estado han reconocido su malestar por esta situación, y han intercambiado declaraciones sobre falta de comunicación y de lealtad entre ambos. Este martes, además, el Gobierno de Navarra ha apuntado, en un artículo en Diario de Navarra, que Navarra quedará fuera de la nueva ayuda de 426 euros al mes (durante seis meses) para parados de larga duración anunciada este lunes por el Gobierno central. La clave para esta exclusión es que esa ayuda es incompatible con el cobro de otras ayudas concedidas en las autonomías. “¿Cuánto nos va a costar esta decisión a Navarra”, se han preguntado desde la oposición.