Alberdi relata su veto en Miñano en “venganza” por no pagar comisiones a De Miguel

“No tengo nada más que decir”. Así ha cerrado la abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi su tercera y última comparecencia en el juicio de 'caso De Miguel', la trama de corrupción destapada tras su denuncia ante la Fiscalía de 2009 en la que acusó a los entonces dirigentes del PNV de Álava Alfredo de Miguel y Aitor Tellería de presionarla para que les abonase una comisión de 100.000 euros tras una adjudicación a su empresa, Urbanorma Consulting, destinada a la primera ampliación del parque tecnológico de Miñano. Alberdi, después de haber ratificado en estas tres largas jornadas sus acusaciones iniciales y de haber denunciado también la “alegría” e impunidad con la que actuaban los políticos y que ha sido vetada para volver a contratar con la Administración, ha aportado este miércoles algunas pinceladas sobre la segunda parte de la ampliación de Miñano, también investigada en este macroproceso al entender la Fiscalía que fue un coto cerrado a Alberdi en “venganza” por negarse a “pasar por caja” con anterioridad.

Si Urbanorma Consulting se encargó de la compra de 900.000 metros cuadrados para agrandar el polígono, a finales de 2008 se planteó un concurso público para realizar nuevos trabajos urbanísticos en ese ámbito. Ese concurso fue adjudicado al estudio de arquitectura Stoa, del amigo de De Miguel Sergio Fernández Oleaga, otro lo de los 26 imputados. Stoa ya había participado como subcontrata de Alberdi en el primer encargo de Miñano, lo cual era una de las condiciones impuestas por el político del PNV para que Urbanorma Consulting accediera al contrato. La otra era que constara como asesor Tellería. La denunciante así lo explicó la pasada semana en sus comparecencias y así lo ha repetido este miércoles. “Yo no preguntaba nada”, ha reiterado sobre las injerencias de un De Miguel que en 2006, cuando se gestó este contrato, no tenía ningún cargo en un polígono dirigido por el también nacionalista Alfonso Arriola.

Según Alberdi, Stoa no llevó a cabo ningún trabajo específico en Miñano ya que no tenía capacidad técnica para realizar el levantamiento topográfico encomendado. Fernández Oleaga, que accedió a esa factura de 27.000 euros más IVA tras enviar al parque tecnológico tres ofertas de tres empresas interrelacionadas y que compartían la sede de Stoa en Vitoria -los locales que ahora ocupa Podemos-, subcontrató los trabajos efectivos topográficos a otros especialistas.

Pese a todo, Alberdi ha calificado de “buena” su relación con Fernández Oleaga y en 2008, tras otros trabajos compartidos, optaron en conjunto a la segunda fase de ampliación de Miñano, esta vez un concurso público. La nueva denominación del despacho de la urbanista, Alberdi & Vicinay, constaba como subcontrata de Stoa en esos trabajos con una participación aproximada del 30%. Finalmente, Stoa se llevó la adjudicación, aunque no sin vicisitudes. La oferta no era la más económica a tenor del desglose de tareas previsto, pero un error en la suma final le valió la mejor puntuación. Era una diferencia de 150.000 euros entre la letra y el número que fue decisiva, ya que con el error sí era el precio más competitivo.

Esa adjudicación coincide en fechas, según ha explicado Alberdi, con una reunión que mantuvo con ella De Miguel en su despacho oficial de la Diputación y en la que le instó a pagar a una sociedad, presumiblemente Kataia Consulting, 100.000 euros de comisión por el primer contrato de Miñano. Ella se negó a “pasar por caja” -es la expresión literal del político- y recibió varias presiones en forma de contactos con su padre o correos electrónicos. Entretanto, sin mediar respuesta o explicación por parte de Fernández Oleaga, su participación en la segunda fase de ampliación del parque tecnológico nunca se llevó a efecto. “Después de yo negarme [a pagar una comisión] en un contrato ya adjudicado se me aparta. Me surgen serias dudas de si la decisión fue de Sergio o de quién ha sido”, ha expuesto en el juicio.

Más tarde ha despejado las “dudas” y ha señalado directamente a la mano de De Miguel para explicar el veto. Preguntada por la capacidad de influencia del político conocido por todos como Txitxo de realizar ese tipo de maniobras, Alberdi ha sido tajante: “Por lo que he podido ver y he podido vivir, tenía mucha. No estaba en el parque, pero tenía cargos”. En este juicio, otro testigo también colocó a De Miguel moviendo los hilos en Miñano.

Tras ver que Stoa firmaba con Lugarfive el contrato reservado antes a su empresa -Lugarfive era la perjudicada por el error en las cifras del concurso y había presentado recursos que podían tumbar el contrato-, Alberdi decidió dirigirse a la directora técnica de Miñano, Miren Lourdes Bilbao. Según la testigo, Bilbao mostró su enfado por el incumplimiento del compromiso adquirido con Alberdi & Vicinay, ya que buena parte de los puntos logrados por Stoa los aportó la experiencia previa de Alberdi en la ampliación inicial. El abogado de Bilbao, Jesús Urraza, ha querido incidir precisamente en la posición responsable de su defendida en aquellos momentos.

Tras esa reunión,en Miñano, Alberdi, su socia Beatriz Vicinay y el propio Fernández Oleaga mantuvieron un tenso encuentro en el mismo parque tecnológico. La denunciante grabó la conversación, lo mismo que otros encuentros con los implicados. Este material reforzó su denuncia de 2009.

Ainhoa Alberdi: Entonces, tú puedes quedar mal con el parque, con nosotros, con los otros [Lugarfive] y hasta con Cristo porque Txitxo en su momento te dijo que a nosotras se nos apartaba.

Sergio Fernández Oleaga: Sí, eso ya no... O sea, eso ya ha pasado. Punto. Ahora hay que solucionarlo.

[...]

Beatriz Vicinay: No, no, entre los padrinos tú tendrías... Nosotras ya no. Porque estaría Txitxo ahí, ¿no?

Sergio Fernández Oleaga: Sí, sí. Pero ése era uno. Pero hay más gente que también tiene sus historias.

En la fase de instrucción, Fernández Oleaga reconoció en sede judicial que tenía como “padrino” a De Miguel, por lo que la Fiscalía sostiene que este fragmento y el testimonio de Alberdi confirman la “venganza” contra la empresaria. Es más, ella ha explicado que esa reunión grabada acabó con su interlocutor prometiendo que llegarían a un acuerdo, extremo que nunca se produjo. Sin embargo, Francisco Javier Villarrubia, letrado del dueño de Stoa, interpreta que quien presiona para cobrar un dinero es la propia denunciante, junto con su socia. “¿No aceptaban repartir con Lugarfive?”, le ha planteado. En la misma línea, el letrado de su exsocio en Urbanorma Consulting, Jon Iñaki Echaburu, ha insistido en que el contrato de Miñano no sólo resultó perjudicial para la denunciante, sino que obtuvo con él pingües beneficios. “Parece que me hice de oro. Quiero decir a todo el mundo que no”, ha zanjado la testigo.