Bengoa sitúa a una “trama” de empresas tras las adjudicaciones de la gestión de listas de espera

El doctor Rafael Bengoa conoció “un día antes” de acceder al cargo de consejero de Sanidad, en mayo de 2009, las presuntas irregulares en torno a los contratos para la derivación de pacientes en lista de espera de Bizkaia, que recayeron en la empresa intermediaria Gestión de Servicios Sanitarios XXI, vinculada a un conocido directivo del hospital de Cruces, José Carlos Margüello. Esta empresa sin personal médico ni instalaciones sólo se encargaba de trasladar a los enfermos a clínicas privadas. Casi la primera decisión de Bengoa fue encargar una investigación interna que concluyó que era “innecesario” este servicio de intermediación, que costó 6,8 millones de euros. Según ha declarado en la sesión del juicio del 'caso Margüello' de este lunes el exconsejero por el PSE-EE, con experiencia en la Organización Mundial de la Salud e incluso como asesor de Barack Obama, estas anomalías administrativas sólo pueden explicarse por la existencia de una “trama” para “conseguir beneficios”. El dinero público, ha apostillado, “se quedó en el camino” y se perjudicó la atención a los pacientes.

Bengoa ha comparecido finalmente en la tercera sesión de este proceso en el que además de Margüello se sientan en el banquillo María Nieves Fernández, la administradora formal de las mercantiles vinculadas al doctor, y dos excargos del PNV en Sanidad, el director territorial en Bizkaia, Rafael Elorriaga, y el viceconsejero Rafael Cerdán. El consejero entre 2009 y 2012 estaba citado para el pasado martes pero se hallaba de viaje en Brasil. La citación le fue enviada a un despacho profesional antiguo y recepcionada por una persona contra la que “actuará” la Audiencia Provincial de Bizkaia. Según ha explicado el presidente del tribunal del 'caso Margüello', Alfonso González Guija, esa persona mostró una “clara falta de colaboración” para localizar al exconsejero, lo que ha provocado el retraso hasta el 27 de abril de un juicio que iba a quedar visto para sentencia el pasado jueves.

El testigo más importante de la Fiscalía, por su peso político, ha señalado que Osakidetza tiene capacidad para “gestionar desde dentro” las listas de espera. “No hacía falta intermediar entre la Administración y los prestadores [clínicas privadas]”, ha asegurado recordando que ni en su mandato ni en el actual de Jon Darpón, de nuevo del PNV, se recurre a este tipo de empresas.

Esa empresa intermediaria era Gestión de Servicios Sanitarios XXI. Se creó en febrero de 2006, un mes antes de que el consejero en aquel momento, Gabriel Inclán, aprobara un decreto para agilizar los tiempos de espera en Osakidetza y que incluía plazos máximos para atender a los pacientes. Esa nueva garantía ciudadana entró en vigor en julio y en junio, a través de un procedimiento de “emergencia”, Elorriaga y Cerdán autorizaron una adjudicación 'a dedo' a la firma en la que Margüello tenía apenas el 1% de las acciones pero sí un importante peso interno. Rondó los 1,8 millones. Gestión de Servicios Sanitarios XXI quedó eximida de la autorización sanitaria al ser simplemente una gestora que luego derivaba a los enfermos a los facultativos que tenía conveniados. Como esa adjudicación fue cuestionada por la Oficina de Control Económico del Gobierno, se convocó un concurso aunque luego se volvió a suspender para repetir la contratación con la intermediaria, ahora en UTE con la Clínica Indautxu. Aquella tenía un tope de 0,2 millones de euros pero con las prórrogas costó alrededor de 5.

“Nadie más se presentaba a las licitaciones”

Las pesquisas internas, ha precisado Bengoa, pusieron de manifiesto que Margüello tenía intereses también en otras empresas como Rehabilidom o Medical Dom. Desde 1996 todas las sociedades relacionadas con el hoy acusado sumaron 30 millones en contratos. “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”, ha señalado el exconsejero preguntado por la Fiscalía. Y ha añadido: “Hay una especie de pared de silencio, nadie se presenta a las licitaciones”.

Acompaña al ministerio público como “acusación” el propio Gobierno vasco. El abogado de la institución que promovió la investigación sobre este asunto, Javier Otaola, ha formulado apenas dos preguntas a Bengoa. En ellas ha buscado del exalto cargo una ratificación pública de que los contratos con las empresas de Margüello no generaron un quebranto económico para las arcas públicas.

En la misma línea ha enfocado su interrogatorio Javier Beramendi, letrado de Margüello, Fernández y Elorriaga. Ha sido un cuestionario muy duro en el que el penalista apenas quería que Bengoa se saliera del 'sí' o el 'no'. Por momentos ha podido cuestionar su gestión política al frente de Sanidad hasta que el presidente del tribunal le ha cortado porque Bengoa no era ni mucho menos el acusado. “Para mí la única forma de cuestionar su validez es preguntándole cómo ha tomado otras decisiones que van en contra de lo que está exponiendo”, se ha justificado Beramendi.

Éste ha sido el momento más tenso:

-¿Abrió el Tribunal de Cuentas del Estado responsabilidades por alcance contable?

-No he oído hablar de eso.

-¿Conoce usted que las tarifas a Gestión de Servicios Sanitarios XXI y a la UTE eran las mismas que las del resto de empresas concertadas?

-Las tarifas eran para poder prestar el servicio, no para que se retenga algo el intermediario.

-Pero, ¿costaba un euro más sí o no?

-Podré contestar algo más que sí o no, ¿verdad? Si hay dinero público de por medio, no queremos que los impuestos acaben en una situación intermediaria. Los impuestos deberían haber ido enteros para la actividad médica final. Insiste en que la suma final es la misma... Sí, pero se iba quedando dinero en el camino y, por lo tanto, hay un impacto negativo sobre los pacientes al final.

-Pero se cobraba lo mismo en San Juan de Dios que en Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

-Eso es bien interesante. Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario.

-No lo entiendo. ¿Qué dinero llega al paciente?

-¿No lo entiende? Al paciente le llegan unos servicios con el dinero del pagador. Si parte se está usando para intermediar unas listas de espera es evidente que llega menos dinero al prestador final.

-Al mismo coste para la Administración...

-Pero con impacto negativo para el paciente.

-Yo no lo entiendo.

El juez González Guija ha cortado este cruce de comentarios reprochando la actitud de Beramendi. “Lo ha explicado dos o tres veces. Otra cosa es que no le satisfaga la respuesta”, ha terciado, pese a lo cual, la siguiente pregunta retórica del letrado ha sido nuevamente “¿Cuál es el perjuicio económico?”.

Bengoa también ha calificado de “muy irregular” que Osakidetza cediera a Gestión de Servicios Sanitarios XXI la custodia de historias clínicas, documentos confidenciales y extremedamente sensibles. El exconsejero ha revelado que, debido a la falta de medios de la empresa intermediaria, inicialmente se guardaban “en un piso”. Más adelante los propios imputados reconocieron que quedaron almacenadas en la clínica San Francisco Javier, donde realmente se trataba a los pacientes.

La Fiscalía no interroga a Inclán

Además de Bengoa, el 'caso Margüello' ha recibido la visita de su predecesor, Gabriel Inclán. El exconsejero por el PNV, amigo personal del principal imputado y responsable de Sanidad cuando se produjeron las presuntas irregularidades, ha tenido un paso fugaz por la Audiencia de Bizkaia. “Mi amistad no me impide decir la verdad”, ha puntualizado al principio de su comparecencia para luego añadir sobre su posible influencia para que Margüello accediera a contratos: “Ni un ápice más para los amigos y ni un ápice menos para los enemigos”.

Llamado por Beramendi, las defensas han convocado a Inclán para explicar que Euskadi y, concretamente Bizkaia, vivían a finales de 2005 una situación de “emergencia” en cuanto al incremento de las listas de espera que justificaban un actuación urgente para derivar pacientes a la Sanidad privada. “Cuando hay personas esperando, nuestra obligación era atenderlas”, ha indicado. Es la misma versión que defendieron los imputados en su declaración.

El exconsejero ha añadido que las clínicas ya concertadas de Bizkaia estaban “en su tope” para justificar que la Administración se fijara en Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que ofertaba un plantel de médicos para atender las derivaciones -que en el fondo o eran de Osakidetza o de otras clínicas-. “La contratación de emergencia no significa que es ilegal. Es otra forma de legalidad. Tomaron la decisión más apropiada para hacerlo lo antes posible”, ha destacado Inclán sobre la adjudicación urgente de 2006. Ha añadido que las tarifas que se pagaron a esta empresa no fueron un “capricho” sino dentro de los máximos fijados para todas las clínicas y que “nunca hubo una queja” en relación al servicio de gestión de las listas de espera.

Sólo los abogados defensores han aprovechado la presencia de Inclán en el juzgado. La Fiscalía no ha formulado ni una sola pregunta, ni siquiera incidir en si su relación con Margüello tuvo relación con los hechos investigados. El fiscal José Manuel Ortiz ya sorprendió la pasada semana al dedicar apenas 11 minutos al interrogatorio del principal acusado. El ministerio público solicita once años de cárcel contra todos los imputados excepto para Cerdán, a quien rebaja la petición a seis años porque no participó en la segunda adjudicación a la UTE en la que participa Gestión de Servicios Sanitarios XXI.