'Caso de Miguel', ¿juicio contra la corrupción o contra la Ertzaintza?

Que los 26 imputados vayan a declarar al final de juicio, que al menos se prolongará hasta octubre, y la dispensa para que si lo desean no acudan a las sesiones que se celebren hasta entonces -sólo cinco lo han hecho esta semana y ninguno ha participado en todas las vistas-, ha modificado el escenario del 'caso De Miguel'. ¿Se juzga a tres exdirigentes del PNV de Álava acusados de cobrar comisiones, a los empresarios presuntamente corruptores y a los testaferros? ¿O por el contrario -al menos en esta primera fase- se juzga a los agentes de la Ertzaintza que realizaron una investigación de 25.546 páginas o, medido según los cánones del siglo XXI, 23.043.640.761 bytes?

Después del aperitivo que supusieron las vistas para discutir las cuestiones previas formales y de procedimiento, celebradas en la segunda y tercera semanas de enero, el pasado lunes 19 la Audiencia Provincial de Álava retomó el macroproceso del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi. En esta fase decisiva, en la que habrán de comparecer alrededor de 150 personas, los primeros en deponer ante el tribunal presidido por Jaime Tapia han sido varias decenas de agentes de la Ertzaintza que han tenido relación con el procedimiento desde su génesis el 17 de marzo de 2010, cuando la investigación hasta entonces secreta salió a la luz pública con el arresto del que fuera 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, de los también 'burukides' Aitor Tellería y Koldo Ochandiano y de otras cinco personas.

El 'banquillo' de los ertzainas

Ya está anunciado que los días 5, 6 y 14 de marzo declarará la denunciante del caso, Ainhoa Alberdi, quien en su día aportó grabaciones que probarían la trama de cobro de comisiones y otras pruebas. Pero hasta entonces, el protagonismo absoluto está siendo para los funcionarios. El martes a mediodía se produjo una de las comparecencias más potentes de lo que va de juicio. Se sentó en la pequeña mesa con micrófono la ertzaina 15431, experta en delitos económicos. Con su compañero 15008 ha sido el brazo ejecutor del juez instructor, Roberto Ramos. Ambos firmaron el informe de verano de 2011 que destapaba que el pago de comisiones no se limitaba al caso de Miñano denunciado inicialmente por Alberdi.

Cuando 15431 inició su declaración, la imagen era muy significativa. Tras ella, la práctica totalidad de las 26 sillas del banquillo de los acusados estaba vacía. Detrás, seguían la vista otros seis policías que habían colaborado en la investigación en distintas funciones y que también han pasado estos días por la mesa con micrófono. ¿Eran testigos o acusados? Tras el interrogatorio-tipo del fiscal, Josu Izaguirre, que se limita a preguntar a todos los ertzainas cuál fue su participación en el caso y si reconocen como propios los documentos que firmaron, comenzaron los abogados de los imputados a realizar sus preguntas a 15431.

Abrió fuego Gonzalo Susaeta, el letrado de De Miguel, que se está esforzando en desmontar la investigación y en sacar a la luz defectos de forma. “Si tan probable es que la contabilidad [de las empresas pantalla investigadas, como Kataia Consulting] estuviera en soporte informático, ¿por qué no se hacía referencia a ello expresamente?”, inquirió en su cruzada contra el auto del juez Ramos que inició la causa y en el que se autorizaba a intervenir documentación sobre los imputados y sobre Kataia Consulting, aunque sin concretar si la quería en ordenador o en papel. Como todos los comparecientes, 15341 le dijo a Susaeta que la redacción de aquel auto “englobaba” la aprehensión de pruebas en cualquier formato. El día anterior, otro policía había sido claro ante la misma pregunta: fueron tan garantistas que incluso se pudieron perder pruebas en el camino. “Dejamos en casa de De Miguel un montón de documentación de otras empresas que luego sí aparecieron en la investigación”, deslizó.

Susaeta siguió cuestionando el trabajo policial, mientras que la agente insistió en que todo el proceso estuvo supervisado por un secretario judicial. Remarcó que incluso los registros se detuvieron en dos ocasiones ante las dudas surgidas, resueltas con una llamada y una autorización expresa del propio juez Ramos. En el juicio se ha visto que los puntos en los que ahora inciden algunos defensores no fueron criticados por los abogados que asistieron a los imputados en un inicio y que los acompañaron mientras la Ertzaintza revisaba sus domicilios o despachos.

El abogado de De Miguel también sostiene desde el inicio del juicio que la Policía obtuvo de manera anómala -en alguna jornada se ha llegado a emplear el término “inconfesable”- la información relativa a la reforma de la vivienda del político, que fue costeada por un constructor que había recibido una adjudicación. 15431 defendió que el testigo de esta presunta comisión -el autor de la reforma- compareció “voluntariamente” ante la Ertzaintza (y después en el juzgado). “Si consta su firma en la declaración, será así”, replicó la policía ante la batería de preguntas de Susaeta.

“¿Quién ha manipulado esa evidencia?”

Tras Susaeta, intervino el letrado de otro de los exdirigentes del PNV imputados, Koldo Ochandiano. Carlos Chacón elevó la crítica y provocó el mayor momento de tensión vivido hasta ahora en el juicio. Al fin y al cabo, 15431 comandó el registro de la vivienda del político y de su esposa y, en un camarote, apareció una de las pruebas fundamentales. Se trata de un cuaderno con tapas granates en el que constan, siempre escritas a mano, operaciones económicas, movimientos de las empresas investigas y, sobre todo, referencias a comisiones y dinero negro.

La recogida de ese cuaderno consta en acta. Año y medio después, cuando 15008 y 15431 entregaron su informe, a la presentación de esa prueba en un anexo documental se le incorporó un Boletín Oficial que probaba que los contratos descritos por Ochandiano no eran inventados. Para Chacón, eso es suficiente para anular toda la evidencia. “¿Se ha modificado o enriquecido el cuaderno?”, espetó a la agente. Y añadió antes de que contestara: “Es que es mucho cante que en un cuaderno cerrado aparezcan unos boletines”.

Descolocada, la funcionaria lo atribuyó todo lo más a un “error” de escaneado en la presentación del informe. Pero Chacón no se quedó ahí. “¿Quién puede haber manipulado esa evidencia?”, preguntó a bocajarro. Fue su última cuestión. Se acabó el interrogatorio. El fiscal Izaguirre formuló una protesta y aunque el letrado aseguraba que de su examen de la documentación había “constatado” la irregularidad, finalmente reconoció que su formulación “había sido inadecuada”. “Lo retiro con el máximo respeto”, explicó al tribunal. La agente 15431 se vio obligada a explicar incluso en qué lugar físico del Palacio de Justicia había trabajado en el arranque de la investigación, puesto que otro letrado sugirió que tenían su despacho “entre el del juez y el del fiscal”.

En las tres jornadas en las que los miembros de la Ertzaintza han comparecido esta semana, las defensas sólo han sacado en claro que el ordenador portátil de la hermana de De Miguel, Aintzane, que era la contable de las empresas bajo sospecha, fue incorporado a la causa no siguiendo el estándar habitual para preservar las pruebas. El experto informático 5030, encargado de extraer toda la información de los numerosos aparatos incautados, firmó un acta en la que hacía constar que le había llegado ese Acer en una bolsa cerrada con “cinta adhesiva” y que no estaba ni firmada ni sellada. Esa computadora, en todo caso, la entregó voluntariamente Aintzane de Miguel, que antes de ser imputada fue testigo, con obligación de colaborar.

¿Y si hubiera intervenido la Guardia Civil?

El papel de la Ertzaintza en este caso ha sido puesto en tela de juicio por los imputados desde el arranque de esta causa. El nivel de críticas hizo que Elkarrekin Podemos solicitara formalmente que el lehendakari, Iñigo Urkullu, defendiera al cuerpo en el Parlamento. Lo hizo, aunque en la misma sesión parlamentaria realzó con más intensidad el trabajo de la Policía vasca en la prevención de la tortura que contra la corrupción.

En privado, en el entorno del juez Ramos se valora muy positivamente la labor de los funcionarios adscritos al juzgado, no sólo expertos económicos (de una pequeña sección que ni siquiera tiene el rango de “unidad” en la estructura) sino también informáticos. Sin embargo, aquel arranque de la investigación coincidió también con un momento de tensión con responsables del cuerpo. Precisamente el análisis de los equipos incautados en el 'caso De Miguel' dio pie a otra causa paralela porque en casa de Tellería aparecieron archivos informáticos de apariencia policial y aparentemente creados por dos agentes de los servicios de información de la Policía vasca (UIA). Se investigó un posible caso de espionaje, pero los tres imputados quedaron absueltos en 2013 por falta de pruebas.

La causa supuso una investigación a fondo del trabajo de la UIA. Y los interlocutores al otro lado no fueron especialmente receptivos. Los oficios de Ramos a la jefatura policial para que entregase documentación fueron reiterados e infructuosos en muchos casos. Algunos testigos todavía recuerdan reuniones de altísimo voltaje en el palacio de Justicia con altos mandos policiales implicados o cómo se descubrió que numerosos agentes no adscritos ni al 'caso Tellería' ni al 'caso De Miguel' accedieron sin autorización a atestados que eran secretos. La tensión llegó a tal nivel que se valoró encomendar a la Guardia Civil un registró en una simbólica sede del autogobierno vasco para obtener el material que se negaba, posibilidad que finalmente se desechó para evitar un conflicto interinstitucional de un alcance sólo conocido ahora en Catalunya. “Fue como intentar talar el Amazonas con una navajita de playa”, confesó en el juicio de 2013 el propio Izaguirre.