Condena mínima en el 'caso Margüello': los acusados quedan absueltos de los delitos más graves y no irán a prisión

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha hecho pública este lunes la sentencia del denominado 'caso Margüello', que investigó irregularidades en la externalización de servicios sanitarios a empresas vinculadas al doctor José Carlos Margüello durante la etapa de Gabriel Inclán al frente de la Sanidad pública vasca. Cinco meses después del juicio, el tribunal presidido por Alfonso González Guija ha cerrado este caso que tanto revuelo político generó cuando se destapó hace una década con penas mínimas, sólo por prevaricación y no por malversación de caudales públicos, para tres de los cuatro acusados. Ello hará que ninguno de ellos tenga que entrar en prisión a pesar de que el fallo establece que los acusados se pusieron de acuerdo para “beneficiar económicamente” a las empresas de Margüello, que era “incompatible” para contratar con la Administración, “eludiendo los principios de legalidad, objetividad y publicidad”. ¿Por qué? “No consta perjuicio económico cuantificable ni evaluable. Los servicios fueron efectivamente prestados”, se lee en la resolución.

Eran cuatro los acusados. El principal y que dio nombre al caso era el doctor José Carlos Margüello, amigo del exconsejero de Sanidad por el PNV Gabriel Inclán. Margüello era apoderado de la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, la intermediaria contratada para gestionar las listas de espera de la Sanidad pública vasca. En la mercantil su socia era María Nieves Fernández, señalada como testaferro en las empresas investigadas. Los otros dos imputados eran cargos políticos del organigrama de Inclán. José Ramón Elorriaga, responsable de Sanidad en Bizkaia, fue quien promovió las contrataciones, mientras que Rafael Cerdán, viceconsejero, fue el firmante del primero de los dos expedientes sometidos a escrutinio judicial.

La Audiencia de Bizkaia ha condenado por prevaricación a Margüello, Elorriaga y Fernández, lo que les supondrá una pena de inhabilitación de nueve años (siete en el caso de esta última, en calidad de cooperadora necesaria) y nada de cárcel. Quedan absueltos de malversación, fraude y negociaciones prohibidas. El cuarto acusado, Cerdán, queda eximido de todas las acusaciones. Sobre la primera contratación, en la que participó, el tribunal sostiene que actuó “de manera negligente” al no comprobar las ilegalidades en torno a Gestión de Servicios Sanitarios XXI, si bien entiende que “desconocía los intereses personales” del resto de implicados.

Inicialmente la Fiscalía reclamaba 11 años para todos excepto para Cerdán por un doble delito, aunque a última hora se planteó como “alternativa” que los hechos se interpreten como una sola irregularidad “continuada”, lo que rebajaría la condena a casi la mitad excepto para Cerdán, que se quedaría en una situación similar. Finalmente, la sentencia queda muy lejos incluso de la nueva calificación.

El caso tomó el apellido del doctor Margüello. Sus empresas contrataban con Sanidad hasta sumar más de 30 millones de facturación en aproximadamente una década desde finales de la década de 1990 hasta la salida del PNV del Gobierno vasco en 2009. “Durante 10 años, sobre todo en el período 2004-2007, hay unos procesos de contratación que no siguen la norma y que intentan buscar vías paralelas, más rápidas y más beneficiosas para esas empresas, para asegurar y retener una serie de contratos que no se lanzan a puja pública. Ocurre como un patrón sistemático durante muchísimos años. Un patrón sistemático de prórrogas cada año y también un patrón sistemático de subidas de tarifas muy muy exageradas. Y siempre está el mismo grupo de empresas en este marco contractual. Es evidente que hay una organización y una trama para conseguir estos beneficios”, denunció en el juicio el exconsejero socialista Rafael Bengoa, quien al relevar a Inclán en 2009 denunció este caso ante la Fiscalía.

Fueron dos los contratos concretos objeto de juicio. En ambos la beneficiaria fue Gestión de Servicios Sanitarios XXI, una empresa de nueva creación en 2006 y no habilitada como clínica privada que en pocos meses recibió 'a dedo' (procedimiento de emergencia) la misión de intermediar entre Osakidetza y los centros concertados para derivar pacientes. Margüello era el titular de apenas el 1% de las participaciones y la administradora formal era María Nieves Fernández. En el juicio él se presentó como simple “asesor” en la empresa y trató de establecer que el día a día era cosa de “la señorita Edurne”, como se han referido varias personas a la gestora. Su abogado, Javier Beramendi, llegó a decir que el principal imputado era “el último mono” en este asunto. Margüello, en cambio, tenía amplios poderes en la compañía hasta el punto de que él mismo firmó con la clínica San Francisco Javier de Bilbao el acuerdo de derivación. Su sobrina era una de las administrativas de Gestión de Servicios Sanitarios XXI.

En la segunda contratación se convocó un concurso público inicialmente, pero luego de nuevo se optó por la vía directa mediante un procedimiento “negociado sin publicidad” que benefició a una UTE de Gestión de Servicios Sanitarios XXI con la clínica Indautxu, el nuevo destino de las derivaciones en sustitución de San Francisco Javier, y una tercera mercantil vinculada igualmente a Margüello, Rehabilidom. Con un tope de 200.000 euros, finalmente la UTE obtuvo casi 5 millones de este contrato mediante una sucesión de ampliaciones.

¿Se perdió dinero con la operación? La Fiscalía reclamaba a los acusados que devuelvan solidariamente los 6,8 millones que costaron esos dos contratos (Cerdán sólo el 25% del primero de ellos, valorado en 1,9). Los imputados alegaron que la Administración no sufrió ningún quebranto porque el servicio le costó lo mismo que si la derivación se hubiese realizado sin intermediación. El Gobierno vasco, que en su día denunció los hechos cuando gobernaba el PSE-EE, retiró finalmente durante el juicio la petición de reintegro de ese dinero. Su abogado, Javier Otaola, defendió que el servicio se prestó y que, por lo tanto, recuperar esas cantidades sería un “enriquecimiento injusto” de la Administración.

El exconsejero Bengoa, en cambio, matizó que aunque la derivación directa costase lo mismo, 6,8 millones, el coste de la intermediación ha generado un perjuicio en el servicio. “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”, enfatizó quien también ha sido asesor en materia sanitaria del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.