Las tres Diputaciones recurren y paralizan la ley anticorrupción que tramita el Parlamento Vasco

Tres recursos de las Diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, gobernadas por una coalición de PNV y PSE-EE, han supuesto la paralización cautelar en el Parlamento Vasco de la tramitación de una ley anticorrupción propuesta por EH Bildu y que, además de por la coalición Elkarrekin Podemos, fue admitida a trámite también con los votos de nacionalistas y socialistas. Ambas Diputaciones han impugnado el texto ante la Comisión Arbitral -una suerte de Tribunal Constitucional interno de siete miembros que dirime conflictos de competencias- al entender que el texto invade competencias forales blindadas en la Constitución, el Estatuto y la Ley de Territorios Históricos.

Álava y Bizkaia han presentado dos apelaciones calcadas ante la Comisión Arbitral, que está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra. En ellas también hay referencias a Gipuzkoa, por lo que es previsible que la tercera Diputación se sume en los mismos términos a las impugnaciones, aunque fuentes parlamentarias han indicado a las 13.30 horas que no había llegado el documento preceptivo al registro.

Las Diputaciones alegan que el texto de EH Bildu vulnera en una docena de sus apartados las competencias propias forales. Recuerdan que el texto es una versión del aprobado ya en Navarra y destacan que “es evidente que la organización territorial” no es la misma en ambas comunidades autónomas. Destacan los recursos que una ley anterior de contenido similar, la que regulaba el Código Ético de los altos cargos, ya eximió de su aplicación a las Diputaciones y se limitó a fijar “principios” generales.

EH Bildu, en una comparecencia de prensa extraordinaria, ha calificado de “subterfugio” y “jugada” el recursos de las Diputaciones. Su portavoz, Larraitz Ugarte, ha asegurado que da mala imagen votar 'no' a medidas contra la corrupción y que, por ello, “el PNV” -no ha citado a los socialistas- ha optado por pararla por la puerta de atrás. “Al PNV esta ley le produce vértigo”, ha apostillado Ugarte, que ha citado una retahíla de investigaciones abiertas contra excargos de ese partido en el “oasis” vasco.

Los recursos ante la Comisión Arbitral suponen la paralización automática de una norma en tramitación. En este sentido, Ugarte ha buscado un asidero en el Reglamento del Parlamento y pedirá a la Mesa que actúe para pedir a este órgano que levante el veto y permita tramitar el texto mientras analiza los recursos. Sin embargo, son PNV y PSE-EE quienes tienen mayoría en el órgano de gobierno del Parlamento. Según los cálculos de EH Bildu, de quedar paralizada, “será posible que la ley se vaya a otra legislatura”.

Se da la circunstancia de que Elkarrekin Podemos ha presentado otra ley contra la corrupción, en este caso para proteger a los denunciantes. Ese texto aún no ha sido admitido a trámite por el pleno de la Cámara.