Elena Cabero, Jaime Tapia y Raúl Aztiria, el tribunal que tiene las llaves de la cárcel en el ‘caso De Miguel’
Tres magistrados de la sección penal de la Audiencia Provincial de Álava tienen “las llaves de la cárcel” en el 'caso De Miguel', como les recordaron ellos mismos a los 26 acusados del mayor caso de corrupción vasco al término de la última sesión del juicio, celebrada el 19 de diciembre de 2018. Son Elena Cabero, la ponente de la sentencia y que ha estado meses liberada para redactar una resolución compleja y larga, Jaime Tapia, presidente del tribunal y conocido juez de Vitoria, y Raúl Aztiria, que regresará momentáneamente a su cometido anterior porque desde que terminó el juicio ha cambiado de destino y ahora se dedica a la jurisdicción social y no a la penal.
Elena Cabero Montero (Vitoria, 1970) ha sido la redactora de la sentencia. En el juicio, muchos acusados y abogados defensores buscaban sus reacciones para medir el efecto de sus estrategias. Durante las vistas se la vio tomando muchas notas y tuvo muy pocas intervenciones, ya que el peso de la dirección del proceso recayó en su colega Jaime Tapia, el presidente del tribunal. En la plaza se valora la seriedad y el rigor jurídico de Cabero, que es miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria.
Precisamente es en la 'web' de esta organización donde más información hay sobre la biografía de la magistrada. Hija de un médico militar y la menor de varios hermanos, ingresó en la carrera judicial en 1997. Ella misma se considera la “oveja de negra” de la familia por dedicarse al derecho -estudió en Deusto y se especializó en lo jurídico-económico- y no a la medicina. Su primer destino fue Torrelavega (Cantabria) y en 2001 ya se instaló en Vitoria, donde padeció la amenaza terrorista de ETA y tuvo que vivir escoltada una década. Desde 2014 pertenece a la sala de lo penal de la Audiencia Provincial de Álava. Es también una lectora empedernida y toca el piano, según cuenta ella misma a través de su asociación. Su última intervención pública fue en junio de este año en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero para hablar de la tipificación de las agresiones sexuales y el caso de la manada de Pamplona.
Jaime Tapia Parreño (Bilbao, 1962) es un veterano entre los jueces alaveses. Ha ejercido siempre en Vitoria salvo un pequeño periplo en Cornellá del Llobregat y otro en Durango. Con conocimientos de euskera en un poder judicial muy poco euskaldunizado y asociado a la progresista Jueces para la Democracia, llegó a ser portavoz, como también decano en Vitoria. Después de especializarse en menores, desde 2002 es miembro de la Audiencia Provincial. En 2016 aspiró a una plaza en el Tribunal Supremo sin éxito. Durante el juicio del 'caso De Miguel' dirigió con locuacidad las sesiones y procuró hacer pedagogía ante un proceso tan complejo y mediático, según confesó él mismo.
El momento más tenso fue cuando, en una entrevista en Radio Vitoria en pleno juicio, indicó que es práctica habitual de los fiscales “inflar” la petición inicial de condenas para luego poder negociar con los imputados una condena. Los fiscales vascos censuraron formalmente las palabras del magistrado, que llegaron cuando Josu Izaguirre y Manuel Pedreira negociaban con algunos acusados su incriminación. Durante el juicio, también advirtió a los acusados del riesgo de la estrategia casi unánime de no contestar a las preguntas incómodas para limitarse a escenificar un diálogo ajustado a un guion con sus letrados. “¡No les estamos haciendo ninguna pregunta y se les podrían hacer muchas!”, exclamó.
El tercer miembro del tribunal, Raúl Aztiria, no intervino en ningún momento durante las vistas. Llegó a Vitoria en 2017 desde Madrid, es 'runner' y, según contó 'El Correo', aficionado del Atlético de Madrid. Fue ponente de una sentencia tras una querella del colegio del Opus Dei Gaztelueta contra este periódico por un caso de abusos sexuales a un menor y defendió la libertad de prensa. “Es un hecho ya notorio para la sociedad española en general que en los últimos años han salido a la luz, gracias al trabajo de los propios medios de comunicación social y a la actividad profesional de jueces y fiscales, muchos e importantes casos relacionados con el abuso de menores en centros docentes”, redactó. En este tiempo desde que el juicio quedó visto para sentencia ha abandonado la Audiencia Provincial de Álava para incorporarse a un nuevo destino como juez de lo social, aunque estará presente en la lectura del fallo del 'caso De Miguel'.
La publicación de la sentencia se ha ido retrasando. Inicialmente se barajó que llegaría antes del verano de 2019, pero la presidenta de la Audiencia Provincial, Mercedes Guerrero, ya confirmó en mayo que se posponía para septiembre. Después de las vacaciones, sin embargo, se volvió a dilatar el plazo y quedó fijado para después de las elecciones generales repetidas de noviembre. Ese mismo día, el 10 de noviembre, el tribunal puso la fecha, el 17 de diciembre. A la par, se supo que un proceso de naturaleza similar, los ERE de Andalucía, también se resolvería y el fallo ya se ha comunicado mucho antes. Habrán pasado 363 días desde que acabó el juicio hasta que se resuelva esta primera parte de la batalla jurídica, ya que se da por seguro que se encandenarán los recursos.
Entretanto, se han producido algunos hechos llamativos. La Fiscalía, en su memoria, denunció que en Álava se archivaban sistemáticamente algunas causas de corrupción. Parte del tribunal del 'caso De Miguel' ha dado carpetazo en este año de espera a Hiriko y Epsilon, que se tragaron más de 50 millones de dinero público. Otro asunto -el de conducción temeraria del presidente de Mercedes-Benz, Emilio Titos- también reunió al juez instructor de este sumario, Roberto Ramos, al fiscal Pedreira y al abogado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, y el tribunal vio razonable la condena.
