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Urkullu suspende las elecciones del 5 de abril apoyado en un informe jurídico que desaconseja su celebración

Iñigo Urkullu, lavándose las manos por el coronavirus

Iker Rioja Andueza

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No habrá elecciones vascas el 5 de abril. Un informe elaborado por los servicios jurídicos centrales del Gobierno vasco abre la puerta ya a revocar por la convocatoria de autonómicas y plantea varias fórmulas para solventar la “laguna legal” que supone que no haya un mecanismo para la suspensión de unos comicios en una situación de estado de alarma por una pandemia como es el coronavirus. Finalmente, la vía elegida será un decreto que anule el anterior.

Además, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha reunido este mismo lunes de manera presencial con los representantes de los partidos vascos (PNV, PSE-EE, EH Bildu, Podemos, IU, Equo y PP) y han coincidido en que “no pueden celebrarse” elecciones con “garantías” -y la correspondiente campaña- en medio de una pandemia y un estado de alarma, según han trasladado a la opinión pública en una nota conjunta. “Ha sido un acuerdo unánime. Somos capaces de demostrar a la sociedad vasca que los partidos somos capaces de ponernos de acuerdo”, se ha felicitado Urkullu en una comparecencia desde Lehendakaritza.

“Celebrar las elecciones en este contexto puede ser perjudicial para la salud pública como para la democracia y el libre y normal ejercicio del derecho de sufragio”, se podía leer en el documento jurídico elaborado por el Ejecutivo, al que ha tenido acceso este periódico y que incluso es previo a que la situación se complicara con la entrada en vigor del estado de alarma.

Y añade el Gobierno: “El normal desenvolvimiento de la celebración de la cita electoral conlleva desplazamientos físicos de personas, congregación de ciudadanos en espacios públicos cerrados y limitados, presencia de multitud de elementos físicos inevitables (urnas, cabinas, papeletas y sobres, etc…) que pueden colisionar con medidas de aislamiento y minimización de interacciones interpersonales necesarias para evitar la propagación de la epidemia”.

El informe, firmado por cuatro juristas, indica que, a pesar de que no hay una “previsión expresa” para la suspensión, sobre el decreto de convocatoria “no dejan de ser aplicables las demás normas” de revocación. E indica que hay varios caminos, desde una ley específica de las Cortes Generales conjunta para Galicia o Euskadi o incluso un decreto del lehendakari del mismo rango que invalide el anterior así como un acuerdo del Consejo de Gobierno.

La primera vía que se plantea es que las Cortes Generales -de manera consensuada con los partidos y previa petición incluso del Parlamento Vasco- excepcione el automatismo de que todas las convocatorias han de ser a los 54 días de entrada en vigor del decreto firmado por el presidente de turno. La segunda alude a que cualquier decreto puede ser anulado o modificado, competencia que recaería en el propio lehendakari. Otra fórmula sería reforzar ese pronunciamiento con un acuerdo del Gobierno en pleno. Según lo anunciado, la fórmula será que el lehendakari promulgue un decreto antes de la fecha prevista para el arranque de la campaña, este jueves a medianoche.

El informe, eso sí, deja claro que el lehendakari no se ve “desposeído” de su potestad de elegir la fecha futura. Es decir, hágase como se haga la suspensión, la nueva fecha la determinaría Urkullu en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y estatutarias. Cabe recordar que las elecciones habían sido anticipadas y que el calendario ordinario preveía su celebración en septiembre. No obstante, este acuerdo no revoca la disolución del Parlamento, que continuará sin actividad.

Respecto a la nueva fecha, el lehendakari se ha limitado a decir que, después de superada la emergencia sanitaria y de nuevo en contacto con los partidos, propondrá un nuevo calendario. Se han valorado desde hacer una campaña más corta hasta otras salvedades, pero ese debate se pospone hasta que se resuelva la crisis del coronavirus. En cuanto a Galicia, Urkullu ha informado que ha compartido sus planes con su homólogo, Alberto Núñez Feijóo. Al término de la reunión, todos los partidos han valorado como positiva la decisión adoptada.

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