Juicio contra Sánchez Alegría por el aval encubierto a Epsilon que costó al Gobierno vasco 16 millones
El que fuera presidente de la red de parques tecnológicos de Euskadi y, por lo tanto, del consejo de administración de Miñano (Álava) durante el final del mandato de Juan José Ibarretxe, Julián Sánchez Alegría, ha sido encausado formalmente por la presunta comisión de tres delitos, malversación, prevaricación y administración desleal, por haber beneficiado deliberadamente a la empresa Epsilon-Euskadi, punta de lanza del sueño del PNV de dotar a Euskadi de una escudería propia de Fórmula 1. Según la información judicial a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, la juez de instrucción de Vitoria Ana Jesús Zulueta ha dado por cerrada la investigación de la pieza principal de las tres que se abrieron por el fiasco de Epsilon-Euskadi, que en total se tragó 48 millones de euros en ayudas públicas, el doble que la Fórmula 1 de Valencia. La magistrada, en un auto en el que decreta la apertura de juicio oral, considera “indiciariamente acreditado” que fue irregular el aval encubierto que Sánchez Alegría autorizó para que el gerente del proyecto, Joan Villadelprat, obtuviera un crédito bancario y que ha tenido un coste de 16,4 millones a las arcas públicas después de la quiebra de la automovilística.
Epsilon-Euskadi formaba parte del tridente automovilístico que el PNV diseñó para Euskadi y, en concreto, para Álava. Se trataba, además de contar con el equipo de carreras de la mano de un catalán con experiencia en el mundo del motor como Villadelprat, de construir un circuito de carreras llamado Arakamendi y que iba a sustituir a los cuarteles del Ejército en las afueras de Vitoria (nunca se llegó a poner en marcha) y de revolucionar la movilidad urbana a nivel mundial con un coche eléctrico 'made in Basque Country' (el proyecto Hiriko, ahora en los tribunales por partida doble tras haberse tragado casi 19 millones de subvenciones públicas).
Epsilon-Euskadi aterrizó en 2008 en el parque tecnológico de Miñano. Fue un proyecto que al 90% ha sido financiado por las Administraciones, tanto vascas como estatales (el PNV procuró subvención para Epsilon, para Hiriko o para la planta de purines del Valle de Carranza a cambio de apoyar los presupuestos de un José Luis Rodríguez Zapatero en minoría). Cuando a finales de 2008 el Estado rechazó una nueva inyección de 20 millones solicitada por Villadelprat por su delicada situación económica, el parque tecnológico de Miñano (una sociedad pública dependiente del Departamento de Industria del Gobierno vasco) accedió a ejercer de avalista encubierto para que Epsilon-Euskadi obtuviera un crédito de las cajas Kutxa y Caja Vital (ahora fusionadas en Kutxabank con BBK y CajaSur) con el que financiar su emblemática sede en Álava. Con la quiebra del proyecto, la entidad financiera ejecutó el acuerdo y el Ejecutivo autonómico se vio obligado a comprar el edificio E-9 de Miñano por 16,4 millones de euros.
La juez Zulueta, tras la denuncia de la Fiscalía, da por “indiciariamente acreditado” que Sánchez Alegría excedió sus competencias para beneficiar a Epsilon-Euskadi, por lo que envía a juicio al ex alto cargo autonómico por la presunta comisión de tres delitos, malversación, prevaricación y administración desleal. “Las entidades de crédito, ante la situación financiera que presentaba la mercantil, no asumieron el riesgo [...]. Epsilon, que era financiado al 90% por medio de fondos públicos, carecía de recursos propios para dar garantías adicionales a los bancos. Ante esa situación de incapacidad, se dirigió al parque tecnológico de Álava, el cual entró en garantía”, se lee en el auto de la juez, fechado a 15 de septiembre.
La investigación ha constatado que Sánchez Alegría desoyó un correo electrónico del servicio jurídico de Miñano, el bufete Uria & Menéndez de Mario Fernández (que luego sería presidente de Kutxabank), que dejaba claro que el aval encubierto excedía el objeto social de la sociedad pública autonómica y que incluso podría tratarse de una “ayuda de Estado” a una empresa privada, algo prohibido en la Unión Europea.
Técnicamente, el aval consistía en que si Epsilon-Euskadi quebraba, quien tendría que asumir la deuda era la propia Administración, abonando por el edificio E-9 entre 14 y 22,5 millones. Finalmente, llegado ese momento (un juzgado mercantil condenó a Villadelprat por mala gestión, aunque quedó exonerado en la vía penal), el Gobierno de Patxi López cerró con Kutxabank la operación de recompra en 16,4 millones de euros más “intereses adicionales” por no poder satisfacerse la cantidad al contado. En total, el dinero público que se ha tragado Epsilon-Euskadi ronda los 48 millones de euros. Villadelprat, en reiteradas ocasiones, ha repetido que Epsilon-Euskadi no sólo era una proyecto “estratégico”, sino incluso un proyecto “nacional” para el PNV. La escudería, en todo caso, no alcanzó la Fórmula 1, como los Hirikos eléctricos nunca llegaron a circular.
Actualmente, la sede de Epsilon-Euskadi continúa sin uso en Miñano. En un primer momento, se especuló con la posibilidad de insistir con la Fórmula 1 y el Gobierno, ahora de nuevo del PNV, llegó a negociar con otros equipos una posible venta o alquiler de las instalaciones abandonadas. Su mayor activo es un túnel del viento en el que llegó a entrenar Alberto Contador, aunque ya hace varios años en un sector en el que la tecnología avanza a gran velocidad. Recientemente, también se ha utilizado como plató de rodaje para algunas películas.
La antigua sede de Epsilon-Euskadi está edificada sobre una parcela de 32.823 metros cuadrados y tiene 15.748 de uso industrial y comercial. “Destaca en su interior un conjunto de instalaciones y maquinaria específicas (túnel del viento, instalaciones de composites, hornos autoclaves y maquinas JOBS)”, se puede leer en informes internos sobre la instalación. Tasaciones realizadas hace varios años cifran en 22,5 millones el valor de las instalaciones, aunque el paso del tiempo podría devaluar algunos componentes tecnológicos en un sector en permanente actualización. Por ello, la actual consejera Arantxa Tapia defiende que el abono de 16 millones no ha supuesto un quebranto económico, ya que el E-9 es un activo.
