Llegan las confesiones: El 'número 2' del PNV alavés cobró una comisión de 161.000 euros por impulsar un proyecto urbanístico

Sí, eran comisiones. Hace exactamente 3.260 días (8 años, 11 meses y 3 días) la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi acudió a la Fiscalía de Álava para denunciar una trama de corrupción en torno al ex 'número dos' del PNV alavés y diputado de Urbanismo, Alfredo de Miguel. Desde entonces, han sido incontables las negativas y desmentidos de los acusados y de su partido, como también los ataques a la denunciante, al juez y al fiscal que lideraron la investigación, a la Ertzaintza y a los medios de comunicación. Sin embargo, gran parte de esa muralla defensiva ha empezado a caer este lunes en el juicio del 'caso De Miguel', cuando han empezado a declarar las personas que han accedido a colaborar y a explicar las irregularidades cometidas a cambio de que vean rebajada la petición de penas que pesa sobre ellos. 

El primero de ellos ha sido Josu Arruti Letemendia, amigo de De Miguel y la persona que el político situó en 2004 como intermediario para impulsar un gran proyecto urbanístico en la pequeña localidad de Zambrana, al sur de Álava. Arruti hijo, militante del PNV, operó a través de la asesoría Sidepur, que en 2005 firmó un contrato con los promotores catalanes Construcciones Riera. A partir de ahí, se sucedieron los pagos de Riera o sus filiales a Sidepur y otras empresas relacionadas, en las que el padre de Arruti, del mismo nombre, tuvo un papel destacado al llegar a movilizar grandes cantidades de dinero en efectivo y fuera del control de Hacienda, como ha reconocido.

Exactamente a las 14.13 horas Arruti ha sido muy claro: “. ”Soy director de dos de las tres Industrialdeas [de Álava], lo que me da un conocimiento del sector público y privado. Eso me da una interlocución directa con las administraciones“, ha explicado Arruti sobre la conversación que tuvo en junio de 2005 con De Miguel, semanas antes de que se creara la empresa pantalla Kataia Consulting, articulada expresamente para recaudar, según ha indicado el declarante, 161.000 euros de mordida. ”No hay una tabla de comisiones ilegales“, ha indicado sobre lo extraño de la cantidad. ”Que no sea redondo ayuda“ para camuflar los pagos, ha abundado.

No sólo eso. Arruti ha indicado que el gerente de Riera, Francesc Fernández, les ofreció poder lucrarse en una segunda fase, la de construcción del polígono. En el sumario hay pruebas de que, por ejemplo, se pretendía embarcar a la empresa Urazca en el plan y que podría abonar 800.000 euros a la trama.

Parte del dinero que ingresó Sidepur se desvió a Kataia Consulting, una asesoría controlada por De Miguel y otros dos exdirigentes del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, aunque según Arruti el interlocutor único era De Miguel. La mercantil estaba a nombre de las esposas de los tres. Lo que se disfrazó como un supuesto trabajo de asesoramiento, para el que Kataia Consulting no tenía medios ni experiencia, eran pagos de comisiones. De Miguel y el resto de socios ingresaron los primeros 130.000 euros tan sólo 24 horas después de que Arruti firmara con Riera. Años después, ya como diputado de Urbanismo en Álava, el político defendió con ahínco un proyecto por el que había cobrado importantes sumas de dinero. Igualmente, otras sociedades del entorno de De Miguel recibieron más pagos, como se aprecia en la tabla adjunta.

Dinero en efectivo y ocultado a Hacienda

El entorno familiar de los Arruti, además de Sidepur, controlaba también otras sociedades como Arle 2007, Nai Duenak o Zerulur. Estas mercantiles también obtuvieron ingresos procedentes de Riera. Durante el juicio, no sólo la Fiscalía ha acusado a los Arruti, sino también la Hacienda de Bizkaia. Controlada por el PNV, esta institución entró en escena para pedir cárcel para Arruti y para su padre por los delitos fiscales asociados a los ingresos opacos originados en Zambrana. Un inspector con galones de la Hacienda foral, Joseba Garmendia, no sólo constató que se habían esquilmado más de 500.000 euros al erario público, sino que Sidepur y el resto tenían todas las hechuras de una empresa pantalla para blanquear pagos ilícitos. 

“Son empresas inactivas, sin trabajadores, sin gastos. Es una simulación. Se usan personas jurídicas para producir un desplazamiento patrimonial en beneficio de terceros. En Sidepur se observa que emite facturas a Riera y no hay detrás ningún contenido. Esos informes [que dice realizar en Zambrana]... Son de escaso tamaño o no hay prueba documental de que se hicieran. Sidepur no tiene detrás una estructura para lograr ese beneficio. Es una empresa muerta o latente y el Tribunal Supremo es claro”, describió el inspector.

Por beneficiosa, llamó la atención en torno a la familia Arruti una operación que reportó una plusvalía de 464.000 euros, en este caso vía Zerulur. “Una empresa catalana, Enginergy [filial de Riera], que es socia de dos sociedades catalanas, Biodiesel Pujalt y Villahoz, renuncia a su derecho de suscripción preferente y deja que otra empresa, Zerulur, compre ese paquete de participaciones por 400.000 euros. Como el que compra, Zerulur, no tiene dinero, Enginergy le presta ese dinero y luego se las compra, a los pocos meses, por 864.000 euros. Eso, en mi opinión, es una disposición de dinero a título lucrativo. Enginergy dispone un dinero en favor de unas personas. Es totalmente absurdo”, explicó Garmendia.

Una de las constataciones del juicio es que alrededor de Zambrana se movía dinero. Y mucho. Es con diferencia la derivada del 'caso De Miguel' donde las operaciones han tenido más ceros. En este sentido, es especialmente significativo un ingreso de 584.000 euros de Riera en la cuenta del BBVA con la que operaba Sidepur. Es de marzo de 2008 y está referenciado como “ingreso Enginergy”. Lo llamativo es que desde ese momento, Arruti padre e hijo realizaron regulares extracciones dinero en efectivo tanto en ventanilla (en la oficina de La Casilla, principalmente) como en cajeros (en Bilbao y Zarautz, la localidad natal de la familia). 

Además de Arruti Letemendia, su padre, con una salud ya deteriorada según han constatado sus letrados en sucesivos informes médicos aportados desde que el juicio se inició en enero, colaborará también con la Fiscalía en la medida de sus posibilidades. Desde su entorno han indicado que no ha habido por su parte ningún ánimo de ocultamiento.

Se da la circunstancia de que De Miguel también negoció un acuerdo similar con la Fiscalía. Durante las negociaciones, llegó a mostrarse dispuesto a declararse culpable, aunque finalmente rechazó a última hora una oferta muy ventajosa por cuestiones menores -iba a admitir que intentó cobrarle una comisión a Ainhoa Alberdi y otros delitos-. Con ese cambio radical, el principal imputado de este caso escenificó durante una larga declaración hace tres semanas que todo es un montaje. No faltaron dardos para Arruti. De manera críptica, manifestó ante el tribunal que si alguien le incriminaba “intentará” demostrar que es mentira.