De Miguel: dos coartadas diferentes para justificar un mismo intento de cobro de comisiones

Ésta es la historia de Eric Armando. ¿Que qué tiene que ver con el 'caso De Miguel'? Este hombre ha sido uno de los protagonistas invitados en la primera parte de la larga declaración del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, quien ha utilizado a esta antiguo inquilino suyo como nueva coartada para negar que exigiera el pago de comisiones ilegales a la empresaria y abogada que denunció en 2009 este caso, Ainhoa Alberdi. Lo llamativo es que, al mismo tiempo, ha mantenido su vieja excusa de que las exigencias económicas a Alberdi venían motivadas por una deuda empresarial y no por el pago de favores. Dos versiones al mismo tiempo en una escenificación preparada con su abogado Gonzalo Susaeta, el único que podrá interrogarle en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Álava porque el político a quien todos llaman Txitxo, en ejercicio de sus derechos constitucionales, no contestará ni a la Fiscalía ni a los abogados de otros acusados, algunos de los cuales podrían incriminarle.

Susaeta: ¿Pacta usted algún tipo de llamémosle gratificación, comisión, dádiva o cariño con Alberdi o cualquier otra persona [por intermediar en la adjudicación a su empresa de un contrato en el parque tecnológico de Miñano? Si quiere se le repito, ¿eh?

De Miguel: No, no hace falta. Ni a Ainhoa ni a nadie. Ninguna comisión. Ni para este [contrato] ni para ningún otro.

Esta contundencia no es novedosa. De hecho, De Miguel ha venido defendiendo que todo es mentira y un montaje, e incluso acusando a la Policía de haber manipulado pruebas para acusarle falsamente o de “atentar contra su vida”, desde que fue detenido por corrupción en marzo de 2010. Pero es igualmente cierto que hasta hace unos pocos días la defensa de Txitxo había estado cercana a aceptar una confesión de culpabilidad a cambio de una rebaja sustancial en la condena inicialmente solicitada por la Fiscalía, 54 años de cárcel (15 de cumplimiento efectivo) y una no menos significativa multa económica. El punto primero y fundamental de ese acuerdo no nato era, precisamente, el reconocimiento de que la denuncia de Alberdi era cierta y de que intentó cobrarle una “gratificación, comisión, dádiva o cariño” de 100.000 euros. Y De Miguel había dado el visto bueno a esta parte.

Con las negociaciones rotas por un escollo insalvable para De Miguel en un asunto colateral, Susaeta se ha visto obligado a retomar la línea de defensa original de negar todas las acusaciones. Y donde hasta hace unos días había una comisión ahora no hay nada. En una declaración larga, lenta y visiblemente preparada -De Miguel hacía referencia constante a otras declaraciones e informes y Susaeta introducía elementos clave en los que tenía que incidir en las respuestas-, el acusado ha aportado dos coartadas para la misma acusación de que pidió dinero a una empresaria.

Por un lado, ha reiterado su teoría de que el dinero era, en realidad, una “deuda” que el socio de Alberdi, el constructor Jon Iñaki Echaburu, había contraído con la mercantil Kataia Consulting, controlada por el político y otros dos exdirigentes del PNV, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, pero que estaba a nombre de sus tres esposas. Kataia Consulting, ha explicado Txitxo durante más de dos horas, fue contratada por Echaburu para asesorar a su empresa, Construcciones Loizate, para implantar un ISO de calidad. Loizate quebró y Alberdi, aparentemente, se había comprometido a afrontar los “30.000 y pico” euros que tenía facturados pero no cobrados Kataia Consulting.

Alberdi era administradora de Urbanorma Consulting después de haber comprado todas las participaciones a su socio Echaburu por la quiebra de Loizate. Como principal cliente, esta mercantil estaba gestionando la ampliación del parque tecnológico de Miñano. Según la denuncia de Alberdi, De Miguel ayudó en 2006 a que Miñano -una sociedad pública donde no tenía cargo alguno- les adjudicara 'a dedo' el contrato y fijó determinadas condiciones. El político sólo ha admitido este lunes haber dado el nombre de Urbanorma Consulting a Alfonso Arriola, gerente de Miñano y compañero de partido, pero dentro de una panoplia de posibilidades más amplias. Igualmente, ha asegurado que se desentendió del proceso tras realizar esta gestión. “¿Influencia en el contrato? ¿Yo? En lo que es la contratación pura y dura, yo cero. Ninguna”, ha remarcado con aplomo.

Sin que por sus explicaciones haya quedado muy claro el motivo, De Miguel ha insistido que como Urbanorma Consulting era parte del grupo Loizate Alberdi le garantizó que haría frente al dinero que Echaburu debía a Kataia Consulting. Sí ha admitido encuentros con ella y con su padre, en los que también participó Tellería pero no Ochandiano, pero los ha circunscrito al cobro de la deuda.

El problema para De Miguel es que las cifras no encajan. En una cadena de 'emails' que se cruza con Alberdi se hace referencia a “100” (100.000 euros) y no a “30” (30.000). Por ello, Susaeta y el compareciente han formulado otra teoría exculpatoria, la historia de Eric Armando. “A finales de 2006 cambiamos de piso. [El viejo] Lo ponemos a la venta pero también el alquiler, por lo menos para tenerlo ocupado. Entonces nos surge la oportunidad de alquilarlo a un trabajador de mi cuñado. Ainhoa [Alberdi] me preparó un contrato de alquiler y lo firmamos. El chico se llamaba Eric Armando. Pero me empieza a dejar impagados. Ella [Alberdi] me dijo que o desahucio o llegar a un acuerdo, y que lo mejor sería subrogar directamente la nómina. Desahucio no podía hacerle a un trabajador y tal [”y tal“ y ”etc etc“ han sido dos 'tics' muy repetidos en la declaración]. Se estaba discutiendo en el entorno de 100.000 pesetas, 600 euros”, ha relatado Txitxo en una de sus respuestas más largas de todo el interrogatorio.

Más tarde, preguntado por el correo en el que le dice a Alberdi que “lo nuestro lo dejamos en 100” ha reiterado que “lo nuestro” era lo de su mujer y él en relación al alquiler y no un ingreso para Kataia Consulting y que esos “100” eran 100.000 pesetas y no 100.000 euros. Ha añadido que “desgraciadamente” esos correos electrónicos se han malinterpretado desde 2010, porque hay que leerlos con el contexto adecuado y teniendo en cuenta que en ellos toca a la vez varios temas y de manera telegráfica porque él, por falta de tiempo, solía escribir “churros marineros”.

No sólo ha negado extorsión alguna, sino que De Miguel ha asegurado que mantenía una relación de “cordialidad” y “normalidad” con Alberdi a finales de 2008, cuando la empresaria asegura que se produjo el “día D” en que el político, que entonces era diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) de Álava. le indicó que tenía que “pasar por caja” en su despacho oficial. “Ni extorsiones ni cosas raras [...]. Tan sencillo como esto, guste o no guste”, ha sentenciado.

El interrogatorio de Susaeta a su cliente apenas sí ha hincado el diente al origen del 'caso De Miguel'. Pasadas las 15.00 horas la sesión ha quedado suspendida hasta el martes, donde la dupla seguirá exponiendo su versión alternativa a la acusación de la Fiscalía en lo relativo a las contrataciones aparentemente irregulares del Gobierno vasco o a la fallida recalificación de Zambrana. En este último apartado la el ministerio fiscal ha alcanzado acuerdos con ocho acusados, que reconocerán irregularidades a cambio de un mejor tratamiento.

Según ha indicado el fiscal Josu Izaguirre a los medios de comunicación a las 9.00 horas, antes del arranque de la sesión, este pacto parcial supondrá el reconocimiento de la existencia de una “trama organizada” para el cobro de “comisiones ilegales”. Es decir, algunos imputados asumirán los hechos e incriminarán a De Miguel. No se descarta que quienes no han querido negociar una condena para defender su inocencia hasta el final puedan romper igualmente la 'omertá' y señalar la responsabilidad de quien la Fiscalía considera como cerebro de una “asociación ilícita” para la obtención de financiación.

Susaeta, consciente del laberinto jurídico en el que se halla inmerso su cliente, ha planteado sin éxito antes de la declaración de De Miguel conocer quiénes exactamente habían pactado con la Fiscalía y también modificar el orden de declaraciones para que el político no fuera el primero de los acusados en comparecer. Las diferentes estrategias entre las partes se han puesto de manifiesto cuando la letrada de uno de los que han dado el paso de colaborar, Josu Arruti, se ha opuesto a esta petición. Sea como fuere, De Miguel se ha cuidado de no incriminar a ninguno de los otros acusados, a los que se ha referido por el nombre de pila en todo momento, “Koldo”, “Aitor”, “Alfonso” o “Julián”.