De Miguel defendió hasta julio que “no hay ni habrá prueba alguna” de corrupción

El miércoles 11 de julio se celebró, en la Audiencia Provincial de Álava, la última sesión del juicio del 'caso De Miguel' antes del parón vacacional. Gonzalo Susaeta, el abogado de Alfredo de Miguel, el principal acusado en este caso de corrupción, quiso terminar con las espadas en alto dentro de su teoría de que todo es un montaje contra su cliente, el que fuera 'número dos' del PNV de Álava. Llevó al juicio a un economista, Víctor Benedito, que declaró que De Miguel nunca se enriqueció ni llevó un modo de vida elevado -“no tenía un Porsche”-. Manifestó también que su empresa Kataia Consulting, supuesta pantalla para el cobro de comisiones ilegales y cuyos primeros ingresos se destinaron a comprar un Saab, a un viaje a Extremadura y a comprar casi 6.000 euros en joyas, era una “micropyme” absolutamente normal, con sus ingresos y gastos ordinarios. El resto de imputados -son 26 en este proceso- salieron satisfechos con el aplomo de Benedito dentro de la estrategia compartida -salvo pocas excepciones- de considerar falsa toda la acusación del fiscal, Josu Izaguirre, y de proclamar la absoluta inocencia de todos los imputados, muchos de ellos relacionados con el PNV.

Pero el verano todo lo ha cambiado. De Miguel valora una oferta del ministerio fiscal para declararse culpable y cuyo primer punto supondría la admisión de que era cierta la denuncia de la empresaria Ainhoa Alberdi, que acusó a quien todos conocen como Txitxo y a su compañero en la dirección del partido Aitor Tellería de extorsionarla para que les pagara una 'mordida' de 100.000 euros. Si se confirma el pacto -para cerrarlo se pedirá previsiblemente una suspensión del juicio este lunes en su reanudación tras las vacaciones- habrá quedado en papel mojado toda una estrategia de defensa que, en ocasiones incluso con palabras gruesas, estaba presidida por la máxima de que “no hay ni habrá prueba alguna de obtención de enriquecimiento ilícito”, como dejó escrito Susaeta antes del juicio, que arrancó el 8 de enero.

“Negamos con carácter general, pero de forma categórica, el relato fáctico expuesto por el ministerio fiscal. Relato deslavazado, farragoso, plagado de llamativas contradicciones, voluntarista y huérfano de prueba que lo sustente”, arrancaba su escrito de defensa Susaeta, del bufete Cuatrecasas, muy cercano en Euskadi al PNV. Según el letrado, que entregó un alegato de 51 páginas, el fiscal Izaguirre había redactado su acusación “más destinado a la prensa que a un tribunal”. Durante el juicio, la defensa de Txitxo ha esgrimido en no pocas ocasiones que el político se sentía “condenado” por los medios de comunicación, aunque -salvo momentos concretos- el seguimiento del 'caso De Miguel' haya sido muy limitado. 

Los hechos que aparentemente ahora está dispuesto a admitir De Miguel eran, hasta julio, “una retahíla de falsedades”, “información sesgada”, “un esperpéntico procedimiento”, “un deseo de tergiversar”, un relato “mendaz”, “un cuadro más que sesgado inventado”, “elucubraciones” y otros muchos calificativos recogidos en el escrito de defensa. Y hay más: la Ertzaintza “manipuló” pruebas para incriminar a De Miguel -cuando lo detuvieron en 2010 incluso se quiso “atentar” contra su vida- y no se respetó la cadena de custodia de otras. De hecho, se defendió en un primer momento la “nulidad total” del juicio por “vulneración de derechos fundamentales”.

El caso se origina con la denuncia de Alberdi, cuya empresa Urbanorma Consulting había obtenido en 2006 un contrato 'a dedo' para la ampliación del parque tecnológico de Miñano. Según ella, De Miguel pactó con su socio, el constructor Jon Iñaki Echaburu, la creación de esa mercantil y que se abonaría un porcentaje del precio del contrato a Kataia Consulting. Según este testimonio, a finales de 2008, la primera reclamación se hizo efectiva en el despacho de De Miguel en la Diputación, donde era responsable de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo), a lo que siguieron otros encuentros, correos electrónicos y hasta presiones al padre de Alberdi. El 'no' de la empresaria le supuso “vetos” que llegan hasta hoy, según reveló en el juicio. Alberdi grabó varias de sus conversaciones en aquella época y en una se escucha a Echaburu hablando de las comisiones como algo “dentro de lo normal”. 

Hasta ahora, De Miguel argumentaba que Echaburu, cuya empresa había entrado en concurso de acreedores, le debía una cantidad por un supuesto asesoramiento y que como Alberdi tenía más liquidez que su socio se le reclamaba una “deuda”. También que De Miguel no tenía “ninguna influencia” en Miñano. Es más, Susaeta afirma incluso que este contrato no sólo no escondía irregularidades, sino que permitió ahorrar “dos millones de euros” a la Administración.

Uno de los puntos clave del caso es la recalificación de suelo en Zambrana, al sur de Álava, un proyecto de 65 millones de euros. De Miguel emerge como el muñidor del proyecto y situó a su amigo Josu Arruti como intermediario. A las 24 horas de que Arruti pactara unos honorarios de 3 millones con los promotores catalanes de Construcciones Riera, Kataia Consulting ingresó 130.000 euros. A ello le siguieron otros ingresos indirectos o directos desde Riera o sus filiales. Según Susaeta, se realizaron trabajos de “asesoramiento” para el plan, más tarde impulsado políticamente por el propio Txitxo desde su cargo en la Diputación, según varios testigos. 

También salió a relucir que, aparentemente tras facilitarle un contrato, el constructor Prudencio Hierro se hizo cargo del coste de las obras de reforma de la casa familiar de la esposa de De Miguel en Gorliz, en total 44.000 euros. Aquel dinero fue “anticipado” o “reembolsado” por el político, según la versión hasta antes de las vacaciones. 

Durante el juicio, uno de los momentos de más tensión ha sido el abordaje de las contrataciones del área de Juventud del Gobierno vasco a Kataia Consulting y otras dos empresas cercanas, Errexal y Ortzi Muga. Fueron adjudicaciones 'a dedo' formalizadas por el director de Juventud, Xabier Sánchez Robles (PNV), y que en la mayoría de los casos no consta que se realizaran. Rotundamente, tanto De Miguel como Sánchez Robles repetían que el Gobierno no había buscado bien e incluso aportaron distinto material justificativo. Este periódico publicó que al menos tres de los informes eran plagiados de otros documentos -algunos posteriores a cuando supuestamente fueron realizados- y que los aparentes sellos oficiales de esos papeles mostraban indicios de falsificación. Una fuente del Gobierno vasco manifestó a eldiarionorte.es que todo apuntaba a pruebas “fabricadas” y la Fiscalía, a través de informe, incidió en que los sellos no tenían número de registro y no constaban en la base de datos de la Administración. Uno de los timbres tenía como fecha un día inexistente: el 29 de febrero de 2007.

Durante el juicio, eso sí, De Miguel no ha esgrimido que fuera un amenazado por ETA y que recibiera indicaciones policiales de realizar movimientos económicos opacos, como manejar 30.000 euros en efectivo en 60 billetes de 500 euros. Este argumento fue empleado por él y su mujer en 2011 hasta que en pocas semanas la Policía Nacional lo desmontó. De manera coordinada, indicaron para sorpresa de los responsables de la investigación que había aparecido en listados del terrorista Mikel 'Antza'. Pero “al miembro de ETA Mikel Albizu [...] no se le intervino documentación alguna referida a Alfredo de Miguel”, según dictaminó la Policía.