Diez años del caso De Miguel: el escándalo de corrupción de dirigentes del PNV, ante su sentencia
Miércoles, 2 de diciembre de 2009. El reloj marcaba exactamente las 11.30 horas cuando una joven abogada urbanista y empresaria vizcaína, Ainhoa Alberdi, accedió a los despachos de la Fiscalía en el Palacio de Justicia de Vitoria con una grabadora y un portafolios. Algo le decía que aquel paso que llevaba sopesando un año entero iba a cambiarlo todo, incluida su vida. “Siento temor por las consecuencias que se pudieran derivar de mi comparecencia”, le llegó a confesar a quien le recibió, el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre. Aquel era el año de la Gürtel en el PP y la corrupción empezaba a estar en la agenda política en España. Y Alberdi almacenaba en una Olympus VN-5500 24 grabaciones en las que se escucha que el pago de comisiones por la obtención de contratos públicos entraba “dentro de lo normal”.
Ella misma –según lleva narrando sin variaciones en esta década– había sido invitada a 'pasar por caja' en el despacho del entonces 'número dos' del PNV de Álava y diputado de Urbanismo, Alfredo de Miguel, a quien todo el mundo conocía y conoce como Txitxo. ¿Cuánto? 100.000 euros. La resolución de aquello y de todo lo que ha venido después llegará en unos días, el 17 de diciembre, cuando se hará pública la sentencia de más de 1.000 páginas del mayor juicio de esta naturaleza que se ha conocido en Euskadi justamente un año después de que acabaran las vistas.
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Txitxo, que cumpliría 38 años al día siguiente de la denuncia, lo tenía todo para liderar el PNV de Álava: juventud, poder y, sobre todo, influencia política. Implicado desde muy joven en la fontanería de EGI y del partido mientras cobraba de sociedades públicas a las que accedía como cargo de confianza, en 2000 se convirtió en secretario del Araba Buru Batzar (ABB) bajo la protección de José María Gerenabarrena primero y de su sobrino Iñaki después. Y en 2007 en diputado foral, un cargo en el que era conocido como “el hombre del maletín”. De Miguel compartía con otros dos compañeros de la Ejecutiva 'jeltzale', Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, una sociedad a nombre de las esposas de los tres llamada Kataia Consulting, ubicada en el almacén de la empresa de bebidas del cuñado del político, Miguel Ángel Díaz Arana, un local luego reconvertido en 'txoko' o sociedad gastronómica. Alberdi señaló esa sociedad como la aparente tapadera para el cobro de las mordidas, ya que apenas tenía actividad pero sí abultados ingresos. Su hermana Aintzane ejercía de contable.
La empresaria compartía con un constructor afiliado al PNV y contratista habitual de instituciones de este partido, Jon Iñaki Echaburu, una asesoría llamada Urbanorma Consulting que había recibido 'a dedo' el contrato para gestionar la ampliación del parque tecnológico de Álava, una sociedad pública dirigida por otro cargo peneuvista, Alfonso Arriola, exdirectivo del Deportivo Alavés. Echaburu se encargaba de las relaciones públicas y Alberdi del trabajo de campo. Pero el constructor se vio sumido en una gran crisis y su socia le compró el 100% de las acciones. Ahí es cuando descubrió –según ha explicado– que el contrato de Miñano incluía el pago de una mordida al conseguidor, a un De Miguel que aparentemente no tenía cargo alguno en el parque tecnológico pero a quien Arriola –según ha admitido– le pidió nombres antes de la adjudicación.
“No se trataba de una loca”, explicó Izaguirre sobre su primera impresión de Alberdi durante el juicio de este caso, que nunca ha tenido más nombre que el código alfanumérico de los sucesivos expedientes judiciales pero que ha sido bautizado como 'caso De Miguel' por el apellido de su principal protagonista. Al fiscal le produjo “gran vértigo” el asunto que tenía entre manos, pero inició una investigación secreta aquel diciembre de 2009. En algunos momentos Izaguirre ha hablado de “prácticas propias de Sicilia” al describir acciones como los encuentros de Tellería y De Miguel con el padre de la empresaria para recordarle que su hija tenía una “deuda”. “Mi denuncia no gustó a nadie. Existen venganzas desde el principio hasta casi el día de hoy”, ha llegado a decir la denunciante, que lo hizo por “convencimiento de justicia” pero que cree que “quizás debería haber reflexionado más las consecuencias”.
“Vamos a pagar una comisión”
En marzo de 2010, Izaguirre puso el asunto en manos de un juez de instrucción, Roberto Ramos, quien ordenó las primeras ocho detenciones y gestionó la macroinvestigación hasta su final en 2015. El trabajo de Ramos, que nunca tuvo refuerzo y que ha sido atacado por tierra, mar y aire por las defensas de los políticos y empresarios imputados, mostró que detrás de Txitxo y de Kataia Consulting había una trama mucho mayor. Apareció, por ejemplo, una recalificación de 65 millones de euros en la minúscula localidad alavesa de Zambrana. Tanto los promotores catalanes como un socio de De Miguel, el también 'jeltzale' Josu Arruti, han confesado que en aquella operación se le pagaron comisiones a Txitxo y que podían haber sido muchas más si el proyecto hubiese cristalizado. El político se implicó para ello desde su cargo en la Diputación.
“Resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá… El primer día te esperan para lo que quieren cobrar. Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia. Me dijo: 'Para la fluidez en las relaciones con la Administración sería conveniente tener alguien que ya conozco y tiene influencia'. Al final vas esperando a que se delate. 'Más o menos unos 160.000 euros para mí y 160.000 para otro señor'. Yo aún no sabía el nombre. Lo supe después. Lo pensé… Al final, cuando haces una inversión de tanto dinero... 160.000 es mucho dinero pero quizás es poco si te puede estropear todo. ¿Me la juego o no me la juego? Es una mancha en mi vida que yo haya pagado una comisión. Esto es muy grave, el estar sentado aquí hay que superarlo mentalmente. En fin, lo pensamos y dijimos '¡nos tiramos a la piscina!' Vamos a pagar comisión y pagamos comisión”, detalló el que fuera gerente de Construcciones Riera, Francesc Fernández Joval.
En la misma época, otro constructor, Prudencio Hierro, se hizo cargo de la factura de la reforma de una vivienda de la esposa del político en Gorliz, en la costa vizcaína. Igualmente, hay constancia de otros pagos de Echaburu a la red de empresas controlada por De Miguel. Porque Txitxo, en efecto, gestionaba un puñado de mercantiles con movimientos cruzados y a veces opacos. Negocios reales algunos y extrañísimos otros, como una promoción de viviendas en la Costa del Sol o la importación de miel y vino de Argentina. Otro de los acusados, Sergio Fernández Oleaga, lo llamaba “padrino”. La mujer de Ochandiano, Iratxe Gaztelu-Urrutia, le entregó 30.000 euros en billetes de 500 en plena calle.
Algunas de esas sociedades, como Errexal y Ortzi Muga, además de la propia Kataia Consulting, recibieron contratos 'a dedo' del entonces director de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, y no consta que en la mayoría de los casos los trabajos encomendados se realizaran. Sánchez Robles, que se enfrenta también a una importante pena de prisión, presentó en el juicio los documentos sellados que acreditarían la falsedad de esas acusaciones, pero lo que se sospecha es que en verdad lo falso sean esas supuestas pruebas de descargo.
Txitxo, a punto de declararse culpable
Si la investigación se completó en 2015 después de años de trabajo intenso por parte del juez Ramos –no hubo un solo mes sin diligencias en cinco años salvo el parón final para redactar el auto de cierre de la instrucción–, hasta enero de 2018 no se inició el macrojuicio. En el banquillo se sentaron 26 imputados. Salvo excepciones, la estrategia de defensa pasó, simultáneamente, por negar cualquier credibilidad a las acusaciones de corrupción y por asegurar que las pruebas o estaban ilícitamente aprehendidas o directamente manipuladas. Singularmente ha dado mucho que hablar un cuaderno manuscrito hallado en el camarote de la vivienda de Ochandiano en el que hay alusiones directas a porcentajes, facturas y dinero negro que coinciden con movimientos reales.
El juicio se alargó todo el año. Y en verano pudo dar un giro de 180 grados ya que De Miguel, Tellería, Ochandiano, Echaburu y otros acusados estuvieron a punto de declararse culpables a cambio de una rebaja en las elevadas peticiones de penas de la Fiscalía. Txitxo incluso tenía decidido admitir que la denuncia de Alberdi, a la que tanto se ha denostado, era cierta. Pero se negó en el último momento. Sin embargo, no todos le siguieron esta vez. La unidad se rompió y otros acusados interpretaron que una vez abierta esa puerta era imposible cerrarla. Arruti y los empresarios catalanes sí pactaron con el Ministerio Fiscal y admitieron los hechos y la existencia de comisiones ilegales. Arruti y sus familiares incluso devolvieron 130.000 euros como asunción de responsabilidades antes de que terminara el proceso. Hierro también admitió que pagó la reforma de la vivienda de Gorliz, aunque se quedó en que para ahorrarle un pico de IVA.
Todo ello puso a De Miguel contra las cuerdas. Primero atacó a los que habían colaborado con la Fiscalía por ver “sospechosas” sus confesiones –no hicieron nada distinto a lo que él exploró– y luego tomó la palabra el último día del juicio para realizar una extraña alocución final: “Ha habido cosas que he hecho mal y me arrepiento, pero no me he enriquecido”.
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Tras meses de deliberaciones por parte del tribunal de la Audiencia Provincial de Álava compuesto por Jaime Tapia (presidente), Elena Cabero (ponente) y Raúl Aztiria (que ya ha abandonado este puesto), el fallo del 'caso De Miguel' se conocerá el 17 de diciembre. Será en una vista pública a la que los acusados podrán asistir o no. La fecha se ha ido retrasando y se conoció de manera definitiva al día siguiente de las elecciones generales de noviembre. Del contenido nada se sabe. El hermetismo es absoluto. Sí que es notorio que el fallo será extenso y detallado, de más de 1.000 páginas, y que se entregará en memorias USB y no en papel.
Políticamente, el PNV defiende que, como partido, nada tiene que ver con el caso. La última vez este noviembre en La Sexta, cuando Aitor Esteban terció para dejarlo claro. Insiste en que está demostrado que no hubo financiación ilegal, aunque el juez Ramos nunca lo investigara en esos términos. Sostiene que los acusados fueron apartados de sus cargos institucionales y orgánicos nada más conocerse su implicación y, de hecho, De Miguel dimitió a las horas de ser detenido. La Ejecutiva actual del PNV alavés poco o nada tiene que ver con el anterior equipo de Gerenabarrena y Txitxo. Pero no es menos cierto que los acusados han seguido teniendo apoyos internos importantes, sobre todo el del portavoz parlamentario y presidente de Gipuzkoa, Joseba Egibar, que llegó a abrazar públicamente a De Miguel o a sentenciar, hace solo un año y en el Parlamento, que Txitxo nunca se había lucrado.
Y todo a pesar de que constan extracciones de dinero de Kataia Consulting tras el ingreso de los pagos por Zambrana para la adquisición de un Saab, para comprar joyas o para viajes a Benidorm o Extremadura. En los audios de Alberdi hay una frase del constructor Echaburu que deja sin respuesta cuando ella le pregunta por el destino final de la comisión: “¿Es para el partido o así?”. “Pues no lo sé, ellos lo van a establecer”.
