Miñano suspende el contrato con la empresa Stoa después de que se haya probado que pagó comisiones a la trama de De Miguel
El consejo de administración del parque tecnológico de Miñano -una sociedad pública de capital mayoritariamente autonómico- ha comunicado este jueves que ha procedido a declarar la “nulidad” del contrato que desde finales de 2008 mantenía con la empresa Stoa, cuyo titular es uno de los condenados en el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi, Sergio Fernández Oleaga. La reciente sentencia de este caso dejó constancia de que se trató de una adjudicación irregular al estar teledirigida a esta mercantil y, además, dio por probado que la trama que encabezada el ex 'número dos' del PNV de Álava Alfredo de Miguel recaudó una comisión, en este caso de unos 3.500 euros, por las 'gestiones'. Fernández Oleaga consideraba que quien todos conocían como Txitxo era su “padrino”.
En un breve comunicado, Miñano indica que “suspende la eficacia” del contrato con Stoa “conocida la sentencia”, ya que “se declaran probados hechos” que, a la luz de la normativa interna, “constituyen un supuesto de nulidad del contrato por ilicitud de la causa, por oponerse a la Ley, puesto que se suscribió el contrato actuando en concierto y con una finalidad ilícita”. La sentencia de la Audiencia Provincial de Álava sobre el 'caso De Miguel' no es firme y, de hecho, será recurrida ante el Tribunal Supremo por los condenados. Sin embargo, Miñano estima que “de confirmarse la sentencia en los términos de la primera instancia no resultará necesaria la adopción de nuevos acuerdos”.
El origen del 'caso De Miguel' estuvo precisamente en Miñano. Cuando se inició la ampliación del parque tecnológico los entonces gestores Julián Sánchez Alegría -presidente- y Alfonso Arriola -gerente- contrataron 'a dedo' a la empresa Urbanorma Consulting para la compraventa de las parcelas anexas. Lo hicieron -según constata la sentencia- siguiendo las directrices de De Miguel, quien había pactado con el constructor Jon Iñaki Echaburu una comisión por esta adjudicación. De hecho, Urbanorma Consulting se creó 'ad hoc' para ello. Cuando la constructora de Echaburu quebró, su socia y la encargada del trabajo diario en Miñano decidió hacerse cargo de la mercantil y descubrió la letra pequeña. De Miguel le exigía una comisión de 100.000 euros. Ella, Ainhoa Alberdi, denunció los hechos y De Miguel, Echaburu, Arriola y Sánchez Alegría han resultado condenados por ello.
La segunda fase de la ampliación fue adjudicada a Stoa en un polémico concurso en el que la cifra de la oferta de la empresa (343.000 euros) no coincidía con el desglose de los trabajos presupuestados (499.000). Ello debió haber motivado la adjudicación a otra compañía que participó en el concurso, pero no fue así. Stoa -que habitualmente recibía encargos del entorno de De Miguel- firmó el contrato y pasó por caja. La comisión se disfrazó con una factura falsa emitida por la sociedad Eskalmelo, controlada por De Miguel a través de un testaferro. Fernández Oleaga ha sido condenado a un año y seis meses de prisión.
Este contrato -el ahora declarado nulo- fue reactivado en pleno 2018, mientras se celebraba el juicio del 'caso De Miguel'. Un imputado por corrupción había retomado las gestiones para ampliar Miñano merced a una adjudicación entonces bajo sospecha. Partidos de la oposición afearon al PNV estos hechos. En paralelo, se llegó a decir que el asunto no estaba dentro de la investigación o que había sido una contratación legal. Ahora en cambio se ha optado por la “nulidad”. Este periódico se ha puesto en contacto con Fernández Oleaga que ha declinado hacer ningún tipo de comentario sobre la decisión. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha añadido que si se detecta algún otro contrato con empresas de la trama sería revisado.
