Sánchez Robles acusa al Gobierno de ocultar los trabajos realizados por las empresas de De Miguel
El que fuera director de Juventud del Gobierno vasco entre 2003 y 2009, Xabier Sánchez Robles (PNV), acusado de haber adjudicado 'a dedo' contratos a tres empresas vinculadas directa o indirectamente al ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ha indicado que tiene “indicios” de que el Ejecutivo, cuando estalló el 'caso De Miguel' y estaba en manos del PSE-EE, no envió al juez que investigaba el caso, Roberto Ramos, los documentos que acreditan que “todos” los encargos que recibieron Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga fueron efectivamente ejecutados. Es más, ha revelado que “un funcionario” que no ha querido identificar le procuró antes del juicio unas carátulas selladas de esos trabajos, ocho años después de iniciada la investigación. Sobre esas pruebas, que dejarían en nada la acusación en esta derivada del caso, pesan sospechas de falsificación y ninguno de los otros acusados de esta rama, como Iñaki San Juan, ha recurrido a ellas para buscar su absolución.
Según la Fiscalía y el Gobierno, que salvo matices no ha modificado su criterio, la mayoría de las contrataciones se pagaron pero no consta que se realizaran los trabajos encargados, por lo que Sánchez Robles se expone a 18 años de prisión. El aludido, en cambio, ha puesto “la mano en el fuego” en al menos media docena de ocasiones. “Pongo la mano en el fuego por que todas las adjudicaciones se han realizado de manera correcta, cumpliendo la legalidad. Han pasado todos los controles. Insisto, pongo la mano en el fuego tanto por los [contratos] que están en esta causa como por los que no están”, ha solemnizado quien ahora trabaja como funcionario de Juventud en la Diputación de Bizkaia.
“Me voy a hechos objetivos. Hay indicios de que la información no se ha enviado completa, no sé si de manera intencionada o por descuido. Sólo se ha buscado en Juventud habiendo un archivo en Cultura. El Gobierno no ha enviado toda la documentación”, ha incidido Sánchez Robles a preguntas del fiscal Josu Izaguirre. En la misma línea, su abogado Javier Beramendi, ha indicado como ejemplo que “siete años después” de la primera solicitud de Ramos se enviaron a la Audiencia Provincial de Álava expedientes con más información que los primeros que llegaron al juzgado.
El exdirector de Juventud ha sido el segundo de la docena de imputados que han declarado hasta ahora en el juicio del 'caso De Miguel' que ha accedido a responder a las preguntas de la acusación. Sigue en este sentido a su superior, el exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, quien estampó su firma en las autorizaciones a Juventud para la contratación de Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. El presidente del tribunal, Jaime Tapia, incidió en los riesgos de la estrategia más extendida de los acusados, la de limitarse a escenificar una versión de los hechos a preguntas de su defensa.
Se da la circunstancia de que la única parte a la que se ha negado a responder Sánchez Robles ha sido a la representación del Gobierno vasco. Durante sus intervenciones en varias sesiones del juicio, el letrado del Ejecutivo, que depende directamente de un consejero del PNV, Josu Erkoreka, ha sido muy crítico con las contrataciones de Juventud en aquellos años. El acusado no ha negado que ha sido una decisión “personal” deliberada.
En el largo interrogatorio a Sánchez Robles, que se ha prolongado hasta bien entrada la noche de este miércoles y que ha impedido iniciar el bloque de Zambrana, ha salido a colación que, como adelantó este periódico, el abogado del acusado aportó en los trámites previos al juicio una serie de documentación que dejaría en nada en la acusación. Concretamente, se presentaron las carátulas de los contratos supuestamente inexistentes con sellos del Gobierno vasco. Sin embargo, en un informe del Ejecutivo no consta la entrada de esos documentos -sí de las facturas asociadas-, ninguno de los sellos presenta el habitual número de registro, en algunos hay diferencias tipográficas con tampones de esos mismos días certificados como reales y, además, hay uno en concreto del día 29 de febrero de 2007, un día que no existió por no ser año bisiesto.
Beramendi ha salido al paso de estas acusaciones mostrando un documento enviado por el Gobierno al juzgado sobre los expedientes a Errexal -sellado y firmado en todas sus hojas- en el que baila en una de ellas la fecha. Lo ha atribuido a “errores”. También ha hecho constar que hay memorias de trabajos realizados en los que “no hay ningún sello”.
El fiscal ha preguntado abiertamente al acusado de dónde ha sacado los documentos sellados, más teniendo en cuenta que cuando declaró en la fase de investigación en 2012 aportó esos documentos sin las marcas de registro. También ha recordado que los informáticos del Gobierno (Ejie) certificaron que no existía la copia de seguridad del disco duro local de su equipo que Sánchez Robles aseguraba que existía en los servidores de la Administración.
“Estos documentos… [Antes del juicio] Hay que proponer los testigos y me dirijo a algunos funcionarios del Gobierno. Concretamente uno de esos funcionarios... No lo voy a revelar porque la petición es no venir a declarar, pero sí me facilitó esta información”, ha indicado Sánchez Robles. El fiscal Izaguirre y el presidente del tribunal han coincidido en que esa explicación “parece extraña” y le han pedido más aclaraciones. “El funcionario me traslada que tanto familiarmente como personalmente no quiere venir pero que me facilita una información de utilidad. Yo me dirijo donde mis abogados y les digo que me han facilitado esta información. Yo la aporto, la traigo y ustedes valorarán la validez que pueda tener”, ha querido zanjar el acusado.
Responsabilidad de Larrañaga y de los funcionarios
El exdirector de Juventud ha sido preguntado también por cómo se decidía a qué empresas elegir para realizar las contrataciones menores o directas, las que no requieren concurso público. Sánchez Robles ha negado tener relación de amistad con De Miguel o con el administrador de Errexal y Ortzi Muga, Iñaki San Juan, y ha atribuido a una mera “coincidencia” en un vuelo que él y su esposa y De Miguel y la suya viajaran juntos a Argentina o que ellos y otras personas fueran invitados para un viaje colectivo a la Toscana. Sólo ha concedido que Kataia Consulting, formalmente creada para auditorías energéticas y que luego derivó en asesoría contable, quizás no tenía la capacidad para realizar las contrataciones que recibió.
Exactamente, ha indicado que sería “absurdo” que una contratista tuviera que subcontratar un servicio, como ha alegado sobre dos de sus tres contratos la empresa controlada por De Miguel y por otros dos exdirigentes del PNV, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, aunque estaba a nombre de sus esposas. De haber tenido constancia, ha declarado, “esta empresa no hubiese vuelto a trabajar con la Administración”. Varias horas y varios recesos después, a preguntas del letrado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, ha matizado después que hasta 2011 no había prohibición expresa de subcontrataciones.
El viceconsejero Larrañaga, en su declaración, remarcó que su papel se limitaba a “autorizar” los gastos, para lo que sólo recibía una “simple hoja”, y que la labor de control de la ejecución de los trabajos era competencia directa de Sánchez Robles, extremo en el que han coincidido también otros testigos que han ido pasando por el juicio. En su declaración, el que fuera director ha querido matizarlo: todas las contrataciones incluían una “memoria” justificativa, aunque ha asegurado más adelante desconocer qué documentación recibía en última instancia su superior. Asimismo, ha indicado que Larrañaga nunca se “desentendía” de los proyectos de Juventud, dando a entender que tenía un papel más activo.
Por otro lado, ha querido puntualizar que la competencia de verificación y seguimiento de las contrataciones era de la “Dirección” y no sólo del “director”. “Es responsabilidad de la Dirección, de los equipos de funcionarios. He avalado, avalo y avalaré todas las actuaciones de un gran equipo que me traslada que se han realizado los trabajos de manera satisfactoria”, ha manifestado.
Singularmente, ha querido destacar que la funcionaria-jefe de Juventud hasta 2007, cuando se produjeron los primeros contratos, tuvo responsabilidad directa en la propuesta y selección de las empresas. Se da la circunstancia de que Oro Ochoa de Eribe, que declaró en el juicio, negó este extremo y sugirió que los contratos siempre recaían en “los mismos”: “No aceptaba propuestas técnicas mías y sé de otras personas que me lo han certificado antes de que viniera”. Manifestó también que la “primera y única vez” que Sánchez Robles le pidió que ayudar a una empresa a darse de alta como contratista de la Administración fue para Errexal. La funcionaria aseguró, asimismo, haber recibido presiones de su antiguo jefe político desde que se inició la investigación.
