El empresario y abogado barcelonés Nicolás Guerrero Gilabert ha llegado a la lluviosa Vitoria en una berlina alemana de lujo conducida por su chófer. Con 352 millones de euros obtenidos en una rentable operación, la inversión de 500.000 euros perdida en el fallido 'pelotazo' urbanístico de Zambrana, al sur de Álava, no ha sido económicamente un problema. Pero la “traición” de sus antiguos amigos Francesc Fernández Joval y Plàcid Casas en la filial que se creó para gestionar esa operación, Riera Urbanizer, ha sido suficiente para que en los últimos años no haya parado de denunciar el “saqueo” que los dueños de la socia principales de esa mercantil, Construcciones Riera, causaron al resto de inversores del proyecto impulsado políticamente por el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, que cobró alrededor de 200.000 euros en presuntas comisiones ilegales.

En una larga comparecencia en la sesión de la tarde de este miércoles del juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi, Guerrero ha elevado el tono contra Fernández Joval y Casas y contra el proyecto en general, cuyo valor se estimaba en 65 millones de euros. “Hay una serie de engaños sucesivos. A las personas que habíamos depositado la confianza [en Construcciones Riera] nos han robado. Nos han robado directamente [...]. Cuando tuvimos conocimiento de esta investigación [en marzo de 2010 fue detenido De Miguel] tuvimos la conciencia de que este proyecto estaba manchado, estaba sucio”, ha sentenciado.

La recalificación de 120 hectáreas en la pequeña localidad alavesa de Zambrana (que ni tiene ese tamaño) se gestó en 2004. Desde el inició, el entonces 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, participó en él hasta el punto de situar como intermediario para captar inversores a su amigo Iosu Arruti, titular de la asesoría urbanística Sidepur. Tras un primer intento fallido con el empresario navarro-aragonés Martín Balda Goñi -que pactó un abono de 278.000 euros a Arruti en dos cheques que aparecieron en el Ayuntamiento-, Sidepur firmó un acuerdo con Construcciones Riera con unos honorarios por la intermediación de 3 millones de euros.

Investigación “detectivesca”

Los dirigentes del PNV alavés Koldo Ochandiano y Aitor Tellería participaron en la creación de la filial alavesa de Construcciones Riera, Riera Urbanizer. Los dos son socios, junto a De Miguel, de la mercantil Kataia Consulting, que ingresó de los catalanes 130.000 euros a las 24 horas de firmarse el acuerdo Arruti-Riera. Luego llegarían otros pagos a las mercantiles del entorno de Txitxo, como todos conocían a De Miguel. Fernández Joval y Casas, titulares de Riera, buscaron socios capitalistas para Riera Urbanizer, que controlaban con un 32%. Es en ese momento cuando aparece en escena Guerrero por la “confianza” que le inspiraban los empresarios catalanes.

Koldo OchandianoKataia Consultingotros pagos a las mercantiles del entorno de Txitxo

Pero Construcciones Riera entró en quiebra en 2008 y el resto de socios tomaron el control de la filial de Zambrana. Primero como administrador mancomunado y luego en solitario, Guerrero asumió la gestión económica del proyecto e inició un “trabajo detectivesco” para “investigar” la situación real de la mercantil. “Nos costó bastante”, ha repetido sobre este análisis, en el que ha asegurado que no colaboraron para nada ni Fernández Joval ni Casas.

Su primera sorpresa fue comprobar que el proyecto iba más lento de lo esperado. Según Guerrero, los inversores creían que estaban compradas las parcelas rústicas de Zambrana donde iba a instalarse el terreno y además a un precio muy bajo, 4 euros por metro cuadrado. “Luego resultó que ni siquiera habíamos comprado, que eran opciones de compra”, ha indicado. El precio pactado eran más de 13 euros pero al caer en desgracia el plan por su inviabilidad y por el estallido del 'caso De Miguel' no se efectuó la enajenación y Riera Urbanizer perdió lo abonado como opción de compra, millones de euros.

“Había cosas que no cuadraban”

Pero no era lo único que habían “ocultado” los anteriores gestores de Riera. “Se habían pagado cosas que no debían [...] Nosotros cuando nos encontramos el caos vemos unas salidas de dinero. Había cosas que no cuadraban. Preguntamos a todo bicho viviente que pasaba por allí [...] y vimos que se habían pagado cosas que no se han hecho”, ha recalcado Guerrero, muy contundente en sus términos.

Las facturas aparentemente falsas tuvieron tres beneficiarios, ha explicado uno de los testigos más importantes de la Fiscalía en esta rama del 'caso De Miguel', la que más importancia económica tiene en todo el macroproceso. Uno de ellos era Sidepur, la empresa de Arruti. De los 3 millones pactados se llevó alrededor de un tercio -como remarcan las defensas para negar que haya fraude- pero, en todo caso, por nada real, según ha repetido Guerrero. De la empresa de Arruti ha dicho que no tenía “ni medios ni personal” para la intermediación urbanística en Zambrana. “No hacía nada. Eso es lo sospechoso del contrato”, ha indicado. La investigación ha probado que parte de ese dinero acababa luego en las mercantiles vinculadas a De Miguel.

Precisamente Guerrero, cuando se hizo cargo de Riera Urbanizer, viajó a Vitoria a reunirse con el político, que desde 2007 era máximo responsable de Urbanismo en la Diputación de Álava. De la cita, ha dicho, salió con “cosas positivas” y con la sensación de que las instituciones veían “bueno, viable y deseable” el proyecto. Lo que desconocía era el interés económico propio del político en la trama y que, en realidad, los informes técnicos y medioambientales no eran para nada favorables al plan, que en efecto luego quedó en nada.

Información en el ordenador de De Miguel

En el juicio, el funcionario-jefe de Urbanismo de la Diputación -exmilitante nacionalista, por cierto- ya declaró que De Miguel defendió el proyecto “hasta el final” a pesar de los dictámenes críticos. La Fiscalía ha mostrado en el juicio que De Miguel guardaba en su ordenador de la Diputación los “datos fiscales” de Riera Urbanizer -una información que no es pública- y también tenía elaborado una especie de informe de situación sobre el proyecto no desde el punto de vista de su posición institucional, sino más bien como parte interesada.

Los segundos beneficiarios de los pagos aparentemente irregulares de Riera Urbanizer fueron los propios Fernández Joval y Casas a través de dos sociedades de gestión de Riera, Riera Management y Riera Gestiò. En total, emitieron dos facturas por un valor de 1,5 millones por unos trabajos que en realidad realizó la entidad financiera colaboradora del proyecto, Ipar Kutxa, como han explicado sus responsables en el juicio. “Situación tenebrosa es una expresión suave”, ha ironizado el compareciente, que se dice ahora menos “picado” con sus exsocios que hace unos años, cuando compareció en la investigación y ofreció esta misma versión.

El tercer punto negro es un contrato con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya (IAAC), dirigido por el arquitecto Vicente Guallart. Cobraron 400.000 euros por unos informes que Guerrero ha definido como “cuatro páginas con dibujitos”. Encargó una tasación que los tasó en 1.500 euros. “Cuando yo pago 300.000 a arquitectos le aseguro que me traen cajas de papeles”, ha enfatizado. Su “fenomenal sorpresa” fue cuando descubrió que el presidente del patronato del IAAC era Fernández Joval. “Resulta que veo las conexiones y entiendo porque éstos habían cobrado un trabajo sin hacer ese trabajo”, ha manifestado.

Fue la primera ocasión en que Guerrero llevó a los tribunales a sus exsocios, en este caso por la vía civil. “Lamentablemente perdimos”, ha explicado para añadir que la jueza interpretó que si Riera Urbanizer había dado por buenos los honorarios aquello no se podía revocar. La defensa de la pareja de acusados catalanes, asimismo, ha destacado que el “prestigio” de Guallart pudo justificar igualmente un precio más elevado.

800.000 euros para cerrar el litigio

El segundo pleito fue una querella criminal contra Fernández Joval y Casas por los tres pagos, el de Sidepur, el de las sociedades de gestión de Riera y el del IAAC. El letrado Ferran Marsol, que asiste a ambos acusados, ha esgrimido como elemento nuclear de su defensa que ese antecedente sustanciado en los juzgados de Barcelona quedó en sentencia absolutoria. Así es, pero el fiscal, Josu Izaguirre, ha criticado que “las medias verdades son peor que las mentiras”. El caso se cerró, ha indicado, porque hubo un acuerdo económico previo. Guerrero ha explicado que dos horas antes del juicio, celebrado poco antes del arranque del 'caso De Miguel' y con la presión de que pudiera fijar un precedente negativo, la pareja de exgestores de Riera se comprometieron en una notaría a renunciar al 32% de la filial alavesa -por el precio simbólico de 1 euro- y a compensar a los socios con 800.000 euros más. El testigo ha añadido que Casa pagó pero que Fernández Joval aún no la ha hecho.

Para Izaguirre, ese acuerdo es una “asunción de responsabilidades” de las irregularidades en Zambrana. Para Marsol, en cambio, la absolución y el pleito anterior ganado por el IAAC es una constatación de que no hay nada irregular. El letrado, del bufete de Cristóbal Martell (casos Gürtel, Pujol, ITV, Mercurio, Messi, Neymar, etc.), ha planteado un duro combate dialéctico con Guerrero, al que le ha recordado que como socio de Riera Urbanizer aprobó durante dos años las cuentas presentadas por los administradores a los que ahora critica.

Hábilmente, Marsol ha cerrado el interrogatorio preguntando al testigo si tiene constancia de que esas facturas aparentemente falsas acabaran destinadas a “torcer” la voluntad de algún funcionario público:

Nicolás Guerrero: No

Ferran Marsol: ¿Puede decirlo más alto para que se grabe?

N.G.: ¡No!