Otros dos acusados cierran acuerdos con la Fiscalía y cercan a De Miguel, Ochandiano y Tellería

El juicio del 'caso De Miguel' que se inició en enero en la Audiencia Provincial de Álava, el mayor de corrupción en Euskadi, va a dar un vuelco a partir de este lunes. La Fiscalía y los abogados defensores de dos personas acusadas con una participación muy significativa y simbólica en la causa han alcanzado este viernes un preacuerdo por el cual la petición de penas para ellas se verá sustancialmente rebajada a cambio de un reconocimiento de determinados hechos y otras condiciones en la línea de colaboración con la Justicia. Este movimiento de última hora en la compleja partida de ajedrez en que se ha convertido el juicio desde el regreso de las vacaciones de verano se suma a los acuerdos con otro grupo de imputados relacionados con la recalificación urbanística de Zambrana y pondrá contra las cuerdas a los tres exdirigentes del PNV alavés acusados de cobrar comisiones ilegales, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería.

El acuerdo, confirmado por varias fuentes judiciales a este periódico, tendrá que ser ratificado en las próximas 48 horas por los propios acusados tras haber cristalizado este mismo viernes las conversaciones entre sus representantes legales y los del ministerio fiscal, Josu Izaguirre y Manuel Pedreira. Antes de la reanudación del juicio el lunes a las 9.30 horas, la Fiscalía conocerá la decisión definitiva.

En principio, no habrá comunicación pública alguna ni de los detalles del pacto ni tan siquiera de su propia existencia. En palabras de esta semana de Izaguirre se trata de “pactos de caballeros”, aunque en algunos casos la participación de algunas mujeres ha sido también muy destacada. El presidente del tribunal, Jaime Tapia, también dejó claro que para la sala el juicio continúa con normalidad, como si estas conversaciones no existieran.

Sin embargo, será muy sencillo detectar quién ha pactado una vez se inicie la sesión del lunes -esta semana próxima también habrá juicio martes y miércoles-. Todo saldrá a la luz cuando las personas afectadas, a diferencia de De Miguel, Ochandiano y Tellería, accedan a contestar a las preguntas de los fiscales Izaguirre y Pedreira en los términos acordados. Si los interrogatorios dan cumplimiento a ese “pacto de caballeros”, la Fiscalía modificará al final del juicio, en la fase de conclusiones, su acusación contra estas personas para plantear una rebaja sustancial de sus pretensiones iniciales por haber colaborado , aunque sus abogados también tendrán que renunciar a cualesquiera cuestiones jurídicas formales hubiesen planteado en los últimos meses.

Siguiendo el orden establecido, las próximas personas en declarar en el juicio serán las esposas de Tellería y Ochandiano, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia. Ellas, salvo sorpresa mayúscula y como ya hiciera la pareja de De Miguel, Ainhoa Bilbao, se aferrarán a la estrategia de que no conocían el funcionamiento de Kataia Consulting, una sociedad mercantil a nombre de las tres y que, según la Fiscalía, sus tres maridos utilizaban como pantalla para recaudar las comisiones. Se prevén interrogatorios breves y exclusivamente con preguntas de su propio letrado, sin posibilidad de que el ministerio fiscal y las otras partes participen. El de Bilbao no pasó de 30 minutos y la acusada, que se expone a una petición de unos 30 años de prisión, imitó la estrategia de defensa de la infanta Cristina en el 'caso Urdangarín' y aseguró que su marido era el que gestionaba la economía familiar mientras ella se encargaba de los “temas domésticos”.

Completado el trámite de las esposas, se abrirá una nueva fase del juicio. La séptima en comparecer será Aintzane de Miguel, hermana del político y contable de Kataia Consulting y otras sociedades que dirigía el político. Después le sigue el constructor Jon Iñaki Echaburu y, por un cambio de agenda, el también empresario Prudencio Hierro. Ambos están acusados de haber abonado comisiones a cambio de adjudicaciones, extremo que han negado hasta el momento.

Tras ellos será el turno de los gestores del parque tecnológico de Miñano, con cuyo contrato de ampliación se originó el caso fruto de la denuncia de la responsable de la empresa adjudicataria, Ainhoa Alberdi, que señala a De Miguel por haberla presionado para que pagase una coima de 100.000 euros. Alfonso Arriola, Julián Sánchez Alegría y Miren Lourdes Bilbao no han negociado con la Fiscalía en ningún momento y aspiran a probar su inocencia en el juicio.

En este laberinto, la posición de De Miguel, Tellería, Ochandiano y sus esposas es crítica. Sus letrados negociaron también (y de manera intensa) un posible acuerdo pero el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, comunicó a última hora a la Fiscalía la negativa de su cliente a reconocer los hechos a cambio de evitar una dura condena. Quien todos conocen como Txitxo iba a reconocer, entre otras cuestiones, que la denuncia de Alberdi era cierta y que Hierro corrió a cargo de la reforma de la casa familiar de Gorliz (Bizkaia) a cambio de un contrato. El escollo se hallaba en un asunto de mucha menor envergadura, pero fue insalvable. Rota esta negociación, sus socios en Kataia Consulting también se levantaron de la mesa.

Así las cosas, los tres han escenificado esta semana en la Audiencia Provincial de Álava un alegato muy contundente para remarcar su inocencia. Se han negado a colaborar con la Fiscalía y, a pesar de negar que haya pruebas de la existencia de una trama de comisiones, han intentado por enésima vez anular evidencias clave del sumario del 'caso De Miguel' como las grabaciones aportadas por Alberdi (se oye a Echaburu decir que las mordidas son algo “dentro de lo normal”) o un cuaderno de Ochandiano con referencias a porcentajes, cuantías concretas y dinero negro. 

Para muchos abogados de otros acusados -son un total de 26- este viraje tras las negociaciones ha sido un error táctico mayúsculo porque era público y notorio que estaban dispuestos a reconocer los hechos y porque conocen a la perfección que otros sí han accedido a colaborar. “Una vez abres una compuerta es muy difícil volver a meter el agua dentro”, reflexiona uno de ellos.

El propio fiscal Izaguirre explicó a los medios de comunicación que hay una parte significativa de ellos en disposición de pactar y que todo ello permitirá probar la existencia de una “trama organizada de cobro de comisiones ilícitas”. Desde entonces hasta ahora, además, ha continuado con las conversaciones para ampliar esos pactos.

El abogado de De Miguel, Susaeta, conocedor de esta realidad, planteó a última hora, antes de que declarara su patrocinado, que fueran identificados los imputados que habían llegado a un acuerdo con el ministerio público y que éstos declarasen en primer término. La sala desestimó esta petición al recordar que el orden, salvo excepciones por motivos de salud como en el caso de Hierro, está prefijado desde enero. La posición no sólo es comprometida para los tres exdirigentes del PNV, sino también para sus esposas. Una confesión de De Miguel, Ochandiano y Tellería habría tenido como consecuencia generosidad para ellas. Ahora, en cambio, si otros acusados aseguran que pagaban comisiones a través de Kataia Consulting, que estaba a su nombre y de la que recibían una nómina, podrían resultar condenadas.

“Señor De Miguel, si alguien declarara contra usted, ¿cómo lo interpretaría?”, le preguntó el martes el juez Tapia. “Intentaré justificar que no tiene razón”, respondió de manera escueta Txitxo.